La Defensa Pública pide que un preso salga en libertad si la condena no fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia en menos de tres años. El pedido generó polémica porque abriría la puerta a que cerca de 200 convictos hagan el mismo planteo. Los fiscales se oponen.
Ocurrió en Puerto Madryn. El escrito lo presentó la defensora pública jefa, Gladys del Balzo el viernes último y generó polémica. Pide que un condenado cuya sentencia no ha sido confirmada por la Corte Suprema de Justicia de Nación antes de los tres años quede en libertad.
Del Balzo pidió el cese del encarcelamiento de Cristian Omar Marinao, condenado a seis años y ocho meses por robo con arma del kiosco Bogotá en 2017.
Marinao habría ingresado al local portando un arma calibre 22, poniéndola en la cabeza al kiosquero y pidiendo que le diera el dinero. “Si no me decís donde está la plata te meto un tiro”, lo habría amenazado. Según se supo, se habría llevado cigarrillos, dinero y el celular. El individuo, fue apresado a las pocas cuadras, con los elementos en su poder. Una clienta que estaba en el lugar y la víctima lo habrían reconocido.

La condena

El juicio fue en octubre de 2018. Marinao fue condenado, y la sentencia fue ratificada por la Cámara Penal en julio de 2019 y por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut en septiembre del mismo año. Pero, según la defensora jefa, la condena no está firme porque “el caso se encuentra a resolución de la Corte Suprema de Justicia, conforme al recurso de queja oportunamente interpuesto por la defensa”. Y pide que quede en libertad.
El planteo generó polémica. Los fiscales creen que puede abrir la puerta a numerosos pedidos de excarcelaciones. “Si se toma en cuenta el planteo de la defensa pública, alrededor de 200 personas condenadas por delitos graves como homicidios, abusos sexuales y robos agravados podrían salir en libertad”.
“Cuando una condena de primera instancia fue confirmada por la Cámara Penal, la persona ya pierde el estado de inocencia que llevaba hasta el juicio. Y debe empezar a cumplir la condena dictada”, explicó el fiscal jefe Daniel Báez.
En Chubut se llega al juicio oral en un plazo de dos años. “Pero es imposible que una sentencia pase por las distintas instancias de apelación, que son la Cámara Penal, Superior Tribunal de Justicia de Chubut y Corte Suprema de Nación en un año”, indicaron desde la Fiscalía.
Báez dio un ejemplo sobre las posibles repercusiones de aceptar dicha posición: “El 9 de junio se cumplen los tres años de la condena a 15 años dictada a Isaac Johnson e Iván Almonacid por el crimen del jubilado Eliberto Santos Ramos. El caso también ya fue confirmado por todas las instancias provinciales y se encuentra en la Corte Suprema de Justicia. Y con este planteo también deberían salir en libertad”. La Oficina Judicial deberá fijar este lunes la audiencia para resolver el planteo efectuado por la defensora.