El proyecto de autarquía del Poder Judicial presentado por el gobernador Mariano Arcioni en los últimos días generó un nuevo enfrentamiento entre los principales actores de la Justicia chubutense y los representantes del Poder Ejecutivo. Quien se refirió a esta situación ahora fue la titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut (AMFJCH), Carina Estefanía.
En primer lugar, se manifestó en consonancia con Alejandro Panizzi, ministro del Superior Tribunal de Justicia, enfatizando que “si se desfinancia al Poder Judicial se podría ameritar una intervención federal, pero nosotros al expedirnos en contra de la ley de autarquía tratamos de evitar llegar a una situación como esta”. Vale recordar que el integrante del máximo tribunal judicial provincial había realizado declaraciones similares días atrás.
Estefanía fue más allá y destacó que “es muy probable que tengamos que llegar a una salida institucional”, precisando que las mismas podrían consistir en un “juicio político, revocatoria de mandato o intervención federal”.
“No hay salidas constitucionales ordinarias. Debemos resolver en Chubut la política institucional, no la partidaria. Es absolutamente necesario que el Gobernador instale un proceso sensato de consenso. No se sale rompiendo las instituciones, sino fortaleciéndolas con consenso, con diálogo; no unilateralmente”, apuntó la titular de la AMFJCH.

Sin participación

Además, Estefanía hizo hincapié que el proyecto de autarquía del Poder Judicial se dio sin la participación de los principales actores de la Justicia, lo que “obviamente nos pone en alerta. Ahí se visualiza su poca intención de convocar al diálogo. Lo vimos y analizamos”.
Si bien se manifestó de acuerdo con la autarquía del Poder Judicial, esgrimió que un proyecto de estas características “debe reunir requisitos. En este contexto es imposible porque por empezar debería decir qué pasaría con la deuda actual. No es certero, sino un porcentaje. Es decir que luego de que el Poder Ejecutivo disponga de todos sus fondos, enviaría al Poder Judicial lo que le quede. Sería una incertidumbre total. No podríamos elaborar un presupuesto. El Poder Judicial no es generador de recursos. La tasa judicial hoy permite recaudar 10 millones y se necesitan 450 para funcionar”.