El 7 de septiembre del 2018 se publicó en el Boletín Oficial la ley nº 620 mediante la cual se estableció el canon destinado al Fondo Ambiental Provincial, el cual debía ser abonado por los barcos pesqueros en función de cada cajón de langostino que desembarcaren en los puertos provinciales.
Este Fondo que permitía recaudar millones de pesos a la provincia y a los municipios costeros no ha sido puesto al cobro por el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, organismo establecido por la ley como agente recaudador, pero nunca se ocupó de hacer efectivo este importante recurso de recaudación que debe utilizarse para el cuidado del medio ambiente.
Un relevamiento realizado entre el mismo personal, que también debería recibir un adicional por su aplicación, permitió reconstruir las acciones que hicieron que la recaudación de tan importantes fondos para una problemática tan sensible como la cuestión ambiental y recursos directos para las alicaídas arcas municipales tan afectadas por el impacto negativo de residuos de la pesca no se cobrara.

Pérdidas millonarias

Se estima que al municipio de Rawson se le están adeudando en ese concepto una cifra que ronda los 200 millones de peso y unos 150 millones a Puerto Madryn y a la provincia seguramente una cifra superior a los 300 millones ya que se adeudan dos temporadas completas, (2018-2019).

No molestar

En los primeros días de la publicación de la ley el Ministerio de Medio Ambiente, responsable directo del cobro del impuesto comenzó a enviar las notificaciones de pago a los titulares de las embarcaciones alcanzadas por la norma. A los pocos días de iniciar estos pedidos las autoridades del ministerio recibieron la visita de un influyente asesor del entorno del Gobernador, de origen radical, de Comodoro Rivadavia y reputado operador oficial.
A través de su hombre de confianza, Juan Daniel Micheloud con quien tiene estrechos lazos desde Petrominera planteó a las máximas autoridades del organismo ambiental, la necesidad de no molestar a la gente de la pesca y no enviar más intimaciones.
Una vez ganadas las elecciones desde el gobierno se insinuó al sector comprometiéndose a que en la primera sesión de la nueva legislatura, en la que Arcioni contaba con mayoría parlamentaria, esta ley sería derogada.
A los empresarios se los libraba del pago del canon y a los funcionarios del ministerio los eximia de la evidente responsabilidad por incumplimiento y al operador porque esa tranquilidad implicaba “importante recaudación voluntaria” que seguiría fluyendo sin inconvenientes.

Intendentes reclaman los fondos

Cumpliendo con lo pactado el ejecutivo provincial en la primera sesión extraordinaria incluyó la derogación de la ley en cuestión. Aunque los legisladores no sólo cuestionaron la planteada derogación, sino que mandaron a comisión el proyecto.
Por otra parte, este intento produjo preocupación en los intendentes de municipios directos beneficiarios que defendieron la aplicación de la Ley y el cobro de tan necesario canon.

Nota a Austin

En el Ministerio de Medio Ambiente hay mucha preocupación porque son responsables directos de un perjuicio económico millonario a las arcas tanto provinciales como municipales y decidieron días pasados enviar nota al Secretario de Pesca, Adrián Awstin, para que informe al ministerio sobre montos de descargas de langostino para comenzar a reclamar los pagos establecidos por la ley del FAP.
El secretario de Pesca fue en queja directa al primer mandatario provincial contando el “atropello” del ministerio pidiendo información. El gobernador habría intimado al funcionario responsable de la misiva al Secretario de Pesca a que desista de insistir con ese cobro.
Al estar plenamente vigente la ley que creó ese canon, pero los organismos encargados de recaudar el fondo y distribuirlo a los municipios, obligaría a las comunas costeras a reclamar los recursos, primero por la vía administrativa, aunque también ya analizan ir por la vía judicial, lo que expondría a funcionarios respecto de sus responsabilidades por no dar cumplimiento a los términos de la ley de intimar y ejecutar el cobro del canon.