PROPUESTA DE UN PLAN ESPECIFICO DE ACTUACION PARA EL PODER JUDICIAL DE CHUBUT PARA ENFRENTAR LAS CONSECUENCIAS DE LA PARALIZACIÓN POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS ELABORADO POR LA ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES DE CHUBUT.

A más de un mes del inicio del Aislamiento Social Obligatorio debemos tener conciencia de la gravedad de la crisis que ha obligado a la paralización de la mayor parte de la actividad de nuestro país enfrentándonos a un desafío sin precedentes. En la última reunión de FAM quedó claro que la crisis no es solo sanitaria sino una crisis multinivel que se profundiza por una cuestión sanitaria. Si hoy se retirara al COVID19 de la ecuación, nuestro país seguiría teniendo una situación extremadamente acuciante en el plano económico y social.

En Chubut la magnitud del daño adquiere dimensiones impensadas, pues ya estaba en una profunda crisis antes de las medidas nacionales contra la pandemia. Durante este tiempo los miembros del Poder Judicial han continuado trabajando sin que ello hubiera trascendido masivamente a la opinión pública.

Es necesario advertir que hasta ahora la crisis afecta principalmente a trabajadores de la salud, seguridad, del transporte domiciliario de mercaderías y de supermercados, muchos de ellos mal pagados y precarizados. Mención especial merece el sector de la salud que expone su vida, en gran parte, por la falta de protección adecuada.

Ahora bien, en la segunda etapa de la crisis, cuando aparezcan las indeseadas consecuencias de la paralización económica, los esforzados van a ser, entre otros, quienes contribuyen con la Administración de Justicia. Todo esto exigirá un gran esfuerzo solidario que vamos a cumplir con la máxima disponibilidad.

Cabe considerar que desde hace más de dos años magistradas/os y funcionarias/os trabajamos en un marco continuo de medidas de fuerza dispuestas por el gremio contra el retraso salarial que alcanzó una mora de más de cincuenta días. Este retraso además de afectar la garantía constitucional de intangibilidad de nuestros haberes ha importado una disminución sustancial de nuestros sueldos, que son los únicos ingresos que tenemos por imposición legal en virtud de la prohibición de ejercer otra actividad económica a excepción de la docencia universitaria, particularidad que nos diferencia del resto de la Administración Pública.

Calificamos especialmente preocupante la situación de los fueros de familia, civil, comercial y laboral, sin descartar la sobrecarga en la jurisdicción penal por el aumento de la actividad delictiva, especialmente el incremento de hechos de violencia contra la mujer sumado a más de una decena de juicios por corrupción pendientes de realización. Como es sabido, todo conflicto que no pueda resolverse en otros espacios exigirá una solución jurisdiccional y es importante tener conciencia de los límites de nuestro sistema de justicia.

Deberemos consensuar con todos los operadores jurídicos medidas organizativas que podrán incluir propuestas de reformas legislativas circunscriptas a los problemas que se planteen al término de la crisis sanitaria y sin pretender que se adoptan reformas permanentes al margen del necesario debate. El plan no debe redundar en un demérito de la Justicia, por eso no se debe apuntar a la cantidad sino a la calidad de las respuestas. No puede ser que en razón de lo urgente se pierda contacto con la realidad y se limiten los derechos de los justiciables. También habrá que buscar un adecuado equilibrio entre agilidad procesal y la protección de los grupos más vulnerables fortaleciendo el beneficio de la justicia gratuita y propendiendo a la recuperación económica.

No se puede soslayar que el Poder Judicial puede llegar a inmovilizar riquezas, en ocasiones durante mucho tiempo. Sin dudas que la agilización procesal ayudará a la recuperación del sistema económico. Por ello consideramos que es la oportunidad para que se instaure el expediente digital que, además, incrementará el teletrabajo.

En esta nueva fase de la cuarentena que se aproxima, la magistratura pretende recuperar su plena jurisdicción con la asistencia y colaboración del funcionariado judicial. Para que el retorno de la actividad judicial no provoque un aumento incontrolado de contagios hemos elevado al Superior Tribunal de Justicia propuestas a considerar en el protocolo de prevención que garantice la máxima seguridad al personal judicial y al público en general. Cualquiera fuese la medida a adoptar deberá ser respetuosa con la conciliación personal y familiar y contemplar los problemas de salud, inclusive de quienes no adscriban grupos de riesgo. Para ello habrá que integrar los cargos vacantes y, de ser necesario, convocar al sector pasivo y a los refuerzos.

Esta es una oportunidad para que los poderes políticos y los operadores jurídicos en su conjunto, alcancen un Pacto de Estado para la mejora de la Justicia donde con generosidad y espíritu constitucional se realice un diagnóstico y se proporcionen las soluciones adecuadas. Queremos dejar en claro que la respuesta a la crisis debe respetar minuciosamente el funcionamiento y la recíproca honradez institucional entre poderes del Estado, que ha sido deteriorada con mensajes que no se condicen con la realidad de los hechos.

Por último, la independencia del Poder Judicial no debe quebrantarse en situaciones como ésta, donde es indispensable mantener el equilibrio de poderes previsto en la Constitución.