El presidente Alberto Fernández presentará este jueves, junto al ministro de Economía Martín Guzmán, una agresiva propuesta a los bonistas extranjeros bajo legislación internacional.
El Gobierno desea honrar la deuda contraída con los acreedores privados y descarta una estrategia de negociación vinculada a un eventual default, pero pretende que los bonistas extranjeros acepten las condiciones de una propuesta que va en línea con la actual situación económica de la Argentina y el futuro imperfecto del sistema financiero internacional que está bajo jaque permanente por la pandemia del coronavirus.
A menos que haya cambios de último momento, la oferta de la Argentina a los bonistas extranjeros tiene las siguientes condiciones:
1. Postergación del pago de intereses por cuatro años. Es decir, no se pagan cupones en 2020, 2021, 2022 y 2023.
2. A partir de 2024, se paga el interés del uno (1) por ciento, que sube por medio punto (0.50) al año, hasta llegar al interés máximo de la oferta que es cuatro con cincuenta (4.50). Entonces, el interés más alto de un cupón recién se percibirá en 2031.
3. No se paga la amortización del capital por cinco años (2025).
4. El título -desde la perspectiva negociadora del gobierno- se pagará entre 38 y 40 centavos de dólar.
Alberto Fernández y Guzmán aguardan una fuerte arremetida de los fondos de inversión que solo aceptarían un canje de bonos a un valor que no debería estar por debajo de los 55 centavos de dólar.
El Presidente y su ministro de Economía rechazarán esa propuesta de los acreedores privados y tienen preparadas sus próximas dos jugadas: no pagarán el vencimiento del cupón del bono Global que vence la semana próxima (22 de abril) y utilizarán el período de mora de 30 días para cerrar las negociaciones.
Cabe destacar que la Argentina solicitó a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) una autorización para emitir bonos en dicho país por un monto de hasta 50.500 millones de dólares, necesaria para realizar el canje de títulos viejos por los nuevos, para quienes acepten la propuesta de reestructuración de la deuda de la Argentina.
Se trata de un paso previo a la inminente presentación de la oferta de reestructuración de la deuda a los acreedores con deuda argentina emitida bajo legislación extranjera, que fue seleccionada por el Gobierno para la operación, que asciende a cerca de 68.800 millones de dólares.