Una de las condiciones que están imponiendo ciertos políticos y especialistas, para salir de las medidas de aislamiento social, como se está viendo, por ejemplo, en Tierra del Fuego, es el uso de aplicaciones consistentes en identificar personas posiblemente contagiadas e indagar sobre sus contactos, pero son muchas las voces que se elevan exigiendo que éstas deben ser proporcionales a los fines que se persiguen, temporales y ser respetuosas con los derechos de los ciudadanos.
Al tiempo que se reclama que deben estar fundamentadas en la evidencia científica y no en propuestas tecnológicas proclives a mercados de datos personales, con el pretexto de la Covid-19. Exigiendo además un debate sobre la función del Estado, las tecnológicas y cómo proteger la intimidad ante sistemas digitales basados en la correlación de datos personales para hacer predicciones y mejorar la toma de decisiones.

Big data

Los datos de salud, genética, biométría y características sociodemográficas, entre otros, son datos personales especialmente protegidos porque podrían ser utilizados con fines no deseados y dar lugar a discriminaciones. La posesión de conjuntos de datos personales por terceros, sea la iniciativa pública y/o privada, afecta a nuestros derechos en función de los usos, confiriéndoles extraordinario poder sobre nosotros. Es poco acertado copiar sistemas implantados en contextos que nada tienen que ver con el nuestro, ni cultural, ni social ni políticamente.
Estas medidas digitales se deben enmarcar en el ámbito de la salud pública. No son una apuesta digital liberadora del virus, capaz de devolvernos la libertad. Conviene centrar la atención en el factor humano, porque la relación médico-paciente y ciudadano-sistema sociosanitario es crucial. Fortalecer la atención primaria y hacer pruebas es más adecuado y menos invasivo que activar el GPS o el bluetooth de nuestros dispositivos digitales voluntaria u obligatoriamente.
Actuar en favor del interés colectivo y por razones de salud pública no puede anular derechos y condicionar nuestra libertad. El pasaporte serológico —sin evidencia científica y rechazado por la OMS—, es la opción más invasiva y la primera a descartar. Nuestra vida en sociedad no puede depender de etiquetas Covid-19.
Debido al desarrollo de la tecnología y a la ingente cantidad de información almacenada en bases de datos es prácticamente imposible mantener el anonimato. Se deben priorizar aquellas propuestas que aseguren que no es posible identificar a las personas. La salida del confinamiento no puede suponer la institucionalización del poder de las grandes tecnológicas. Tampoco puede implicar un control absoluto del Estado sobre nuestro comportamiento. Hay que asumir que el riesgo cero no existe y que las propuestas locales serán inútiles.
Las decisiones que se tomen ahora marcarán los proyectos vitales de personas y colectivos y determinarán qué tipo de sociedad construimos a propósito del virus SARS-CoV-2. Pensemos entonces qué lugar ocupa la tecnología en la relación humano-Covid-19 y si nuestra libertad tiene suficiente espacio como para que nos salgan las cuentas, y lo podamos explicar a las generaciones futuras sin bajar la cabeza.