Por Trivia Demir

La política en Chubut es inversamente proporcional: a medida que se ablanda la cuarentena, la emergencia sanitaria y se alivia la búsqueda del mango social, recrudece la emergencia económica provincial. De allí la urgencia de subsanar de dónde sacar dinero para enfrentar el tremendo déficit público que en el año escalará a más de 22 mil millones de pesos de acuerdo a los ya exiguos ingresos que había. Mucho de ello se irá desvelando la primera quincena de mayo, y parte del instrumento será abordado posiblemente este mismo martes en la Legislatura Provincial.
La fórmula ya la dio Nación: suspender el pago de las deuda externa y renegociar o reperfilar (como más les guste llamarlo), para buscar pagar en mejores condiciones de tiempo y planificación. El virus posibilita esa tregua, aunque tenga un costo seguramente importante a negociar, pero esa sería la consigna definitiva, y por eso, si bien hay preocupación en el gobierno provincial, no hay desesperación.
Los más críticos dicen que a Mariano Arcioni ´no se le despeina el jopo´, aunque la situación salarial sea agónica, pero quienes dialogan con fuentes de Palacio insisten que es porque ya habría un ´Plan B´ en marcha en línea con Nación, aunque no es para andar ventilándolo demasiado tampoco porque, como todo en política, la coyuntura es incierta, de hecho gran parte de los avances del propio Alberto Fernández están yendo a prueba y error.

El pedido de Guzmán a las provincias

La semana pasada Nación presentó formalmente la “Unidad de Restructuración de la Deuda Externa de las Provincias” en un encuentro virtual en el marco de la primera reunión de 2020 del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (CFRF). Pese a que para algunos ministros con las ansiedades propias de los vencimientos en puerta, ´dejó gusto a poco´, desde el poder central aseguran que la cosa está encaminada. En ese marco Guzmán anunció que quien iba a comandar esa Unidad temporaria será uno de los directores de la Comisión Nacional de Valores, Rafael Brigo. Luego hizo un cuidadoso repaso de la oferta de la deuda argentina que se presentó oficialmente, y acto seguido les pidió expresamente a las provincias que ´no se endeuden más en dólares, sino que lo hagan en pesos´, una insistencia que viene sosteniendo desde su asunción.
Ante esto, de parte de los gobernadores no tardó el expreso pedido de fondos, dadas las complicaciones para conseguir financiamiento en el mercado. Y allí fue la secretaria de Provincias, Silvina Batakis quien explicó cómo se van a repartir los $136.000 millones que dispuso la Nación para los distritos. De este fondo, ya se transfirieron a las gobernaciones $20.000 millones por coparticipación. Pero los ministros provinciales pidieron concretamente adelantar la segunda cuota de $ 20.000 millones que está prevista para el mes que viene. Esa es una posibilidad real que se está esperando antes que finalice abril, como para encarar parte del déficit de sueldos en Chubut, redireccionar a los Municipios (tal vez con un poco más de equidad que la vez anterior), e ir acomodando un poco el carro.

Hay que acomodar los papeles

Pero para todo esto se requiere tener hecho los ´deberes´, y contar con aval legislativo y normas en vigencia en territorio. De allí que antes que ´se caiga´ la Emergencia Sanitaria y para darle legalidad a los DNU que Chubut puso en vigencia o adhirió a nivel nacional, era urgente el inicio de sesiones.
En total está el tratamiento de una superproducción de Decretos de Necesidad y Urgencia que de no abordarse antes de fin de mes, se caerían automáticamente y deberían volver a elaborarse y elevarse. El primero es el 270, que adhiere a cuatro DNU firmados por el Presidente; el segundo es el 271, que enumera las medidas restrictivas de circulación a cargo del Ministro de Seguridad, Federico Massoni que se supone quedó sin efecto; el tercero es el 272, que habilita al Ministro de Salud para hacer las compras de insumos para atender la emergencia, con la creación de una Comisión Fiscalizadora; el cuarto es el 273, que declara la Emergencia Social y Alimentaria en todo Chubut, y faculta a la ministra de Familia a hacer ´compras directas´; y finalmente el quinto es el 274, que adhiere a la declaración de los servicios públicos como esenciales y dispone al Ente Regulador Provincial como autoridad de aplicación.
Así las cosas, la de mañana será una agitada segunda sesión ordinaria desde el primer encuentro que se produjo el 5 de marzo pasado, tres días después de que el gobernador Mariano Arcioni diera su discurso inaugural de sesiones ordinarias. Por supuesto con restricciones de personal y circulación, y un fuerte operativo sanitario en el ingreso al recinto, pero todo indica que los diputados se verán la cara nuevamente.

La carta más esperada

Pero de todo el reencuentro legislativo, donde no habrá tiempo para los lucimientos declamativos individuales en honor a la celeridad que exige el protocolo sanitario con excepciones al aislamiento social, se sintetizará en el tratamiento de “la herramienta” por excelencia que aliviaría el yugo financiero provincial. Se trata de un proyecto de Ley presentado por los diputados del PJ Blas Meza Evans y Gabriela Dufour que el jueves pasado lo entraron para tratamiento y que busca «paralizar de inmediato» el pago de la deuda en dólares contraída por Chubut que absorbe las regalías petroleras mensuales para cancelar millones de dólares en vencimientos de amortización e intereses. Los legisladores del Frente de Todos argumentaron que justifica la cesación de pagos «la profundización de la crisis actual es la pandemia por el virus COVID-19».
Los legisladores afirman que «Hoy Chubut no puede pagar nada» y sentenciaron que «Chubut no debe pagar nada».
Para romper el mecanismo que absorbe mensualmente buena parte de los ingresos por regalías para el pago de la deuda tomada en dólares, los diputados proponen una nueva ley que desarticule la fuga de las regalías y un default parcial hasta que se reúna la asamblea de accionistas con los que se deberían renegociar nuevos plazos y quitas sobre el capital y los intereses.

Coincidencia con Luque y Sastre

La postura adoptada por los diputados opositores empalma con la manifestada primeramente por el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, quien enfatizó que «Un Gobierno peronista pagaría primero a los empleados y después ve el resto»; para luego agregar que «no sé si Arcioni tiene o no la espalda para decidir no pagar la deuda, lo que sí sé es que no se puede pagar la deuda».
En esa misma línea se expresó en las últimas horas el vicegobernador Ricardo Sastre, quien enfatizó que «la provincia trae una deuda del 2015 en dólares que fueron destinados a distintas obras; la disparada del precio del dólar hizo que torne impagable»; y posteriormente sentenció que «si vamos a seguir padeciendo esta situación o vamos a aunar criterios, que es mi postura, para pagar sueldos a los trabajadores y dejar de lado aquellas deudas que tendrán que tener algún tipo de refinanciamiento, más aún por la situación que nos toca atravesar».

Unidos por el espanto

El lauro será -de aprobarse-, para el PJ Chubut y los diputados del Frente de Todos, pero el usufructo será en definitiva para la alianza gobernante. Ambas cosas seguramente tendrán un ´costo´ en términos políticos y prácticos, pero permitirá abrir un camino de reacomodamiento de Chubut. Como dicen en los fundamentos “Este proyecto no resuelve todos los problemas que tenemos. Pero lo que es seguro, es que sin paralizar los pagos de la deuda, como decisión inmediata, necesaria y primer paso, de un programa de reestructuración de nuestras finanzas públicas, no podremos encontrar una salida a la crisis provincial con y para todos los chubutenses”.
Según los diputados del FdT, los próximos vencimientos del presente ejercicio fiscal 2020 superan los 70 millones de dólares. “Para el BODIC2, el 21 de Junio por U$S 5.806.280.-, el 21 de Setiembre por U$S 5.806.280.- y el 21 de Diciembre por U$S 5.681.270”. Mientras que “por el BAPRO son el 19 de Mayo del 2020 por U$S 3.201200.-, el 19 de Agosto por U$S 3.147.260.- y el 19 de Noviembre por U$S 3.093.320”. A su vez los vencimientos del BOCADE son el 26 de Julio del 2020 por U$S 12.593.750.- y el 26 de octubre por U$S 39.677.080”, detalla el proyecto. Y “en todos los casos se trata de colocación de bonos o títulos garantizados con las regalías petroleras que le corresponden a la Provincia como dueña de sus recursos naturales”.
Estas retenciones que pasan por un fideicomiso que retiene los montos, “deben suspenderse en forma inmediata mediante el dictado de una Ley de la Legislatura”, insisten. Y para ello se remiten a las Cartas magnas Nacional y Provincial, que establece en su artículo 135 inciso 15, “la obligatoriedad que sea el Poder Legislativo el que autorice el endeudamiento”, por lo que apelan a que “también sea la Honorable Legislatura la que suspenda el pago y promueva que el Poder Ejecutivo instrumente los mecanismos administrativos y jurídicos para ejecutar esta orden e iniciar el proceso de renegociación (…)”.
“El proyecto no es sencillo, se necesita decisión política para llevarlo a cabo y se requiere capacidad técnica para cumplirlo y no van a faltar aquellos que sostengan que no se puede”, orejean los autores del proyecto, que quedan ´a disposición´ para ayudar, con seguramente ´la llave´ en mano que abrirá parte de su aplicación.
Para Arcioni si se infla este salvavidas, habrá tierra a la vista, lo demás no importa. Después de todo, su alianza con el Frente de Todos nacional está vigente y era cuestión de tiempo que se produjera con los referentes provinciales de la alianza gobernante nacional, más allá que el peronismo siga siendo un combo complejo de desgranar. Es posible así que el COVID-19 podría lograr lo que no pudo ni el General, lograr más sumatorias que restas y un buen tiempo de pacificación política, aunque sea a costa de desastre. Habrá que ver…

Fuentes: NA, Política Argentina, Ámbito Financiero, MEN, HLCH, propias