Este miércoles, el presidente brasileño Jair Bolsonaro anunció medidas para combatir la deforestación de la Amazonia, en un intento por dar respuesta a las fuertes críticas que ha recibido. El líder ultraderechista brasileño utilizó su cuenta de Twitter para anunciar la creación de un “Consejo de la Amazonía” que tendrá la tarea de coordinar las políticas destinadas a proteger la mayor selva tropical del mundo.
Asimismo, anunció “la creación de una Fuerza Nacional Ambiental, semejante a la Fuerza Nacional de Seguridad Pública, dedicada a la protección del medioambiente de la Amazonía”.
El vicepresidente de Brasil, el general de la reserva del Ejército Hamilton Mourao, será el coordinador del nuevo Consejo, que utilizará la misma estructura de la vicepresidencia para sus funciones, explicó Bolsonaro sin dar más detalles.
El ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, calificó de “excelente” idea el anuncio presidencial, en un mensaje breve de Twitter.

Críticas

Bolsonaro ha sido blanco de críticas del activismo ecológico desde su llegada al poder, hace un año, dado que el ex militar no solo ha tenido una retórica antiambientalista sino que ha desmontado los organismos del país dedicados a la fiscalización de uno de los principales pulmones del mundo.
Según el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, un organismo estatal brasileño, la Amazonía brasileña perdió 9.165,6 kilómetros cuadrados de cobertura vegetal en 2019, un 85% más que el año anterior.
La propia deforestación fue señalada como una de las principales causas de los incendios forestales que destruyeron el año pasado gran parte de la selva tropical y causaron conmoción en el mundo entero.
Bolsonaro, por su parte, defendió la explotación de los recursos naturales y ha condenado el “ecologismo extremista” de las ONG argumentando que los habitantes de la Amazonia tienen derecho a buscar su sustento.
Según un informe publicado la semana pasada por Human Rights Watch (HRW), Brasilia dio “carta blanca” a las redes criminales que destrozan la Amazonía, una cuestión que consideran “no meramente ambiental”, sino también un problema “gravísimo de seguridad pública y justicia”.