Abrirían una nueva causa por corrupción durante la gestión anterior

En 2017 el Gobierno de Chubut adjudicó directamente a la empresa Conexia S.A. para que realce las labores de informatización de los sistemas de Salud, firma que significó una erogación por más de 111 millones de pesos. La novedad ahora pasa porque este accionar está siendo investigado por el jefe de la Unidad Especial Fiscal (UFE) de la Provincia, Omar Rodríguez, quien solicitó documentación al respecto y realizó algunas entrevistas para determinar si pide la apertura de una nueva causa contra ex funcionarios de la gestión Das Neves-Arcioni.
Esta nueva sospecha del representante del Ministerio Público Fiscal comenzó luego de una denuncia que fue radicada hace poco más de un año por el médico pediatra Fernando Urbano. La misma fue desarrollada ante la Oficina Anticorrupción y reveló su asombró por lo expedito que fue el trámite que culminó con la firma de un contrato celebrado en mayo de 2017 en Casa de Gobierno, con la presencia del propio Das Neves y de Ignacio Hernández, entonces ministro de Salud de Chubut.
Vale aclarar que la firma fue por cinco años, con un único proveedor sin concurso de precios y sin licitación, por una contratación directa de $ 111 millones (en esos momentos 7 millones de dólares).
Otro de los puntos importantes en esta situación es que actualmente el Poder Ejecutivo de la Provincia está destinando grandes sumas de dinero a este sistema de salud, que fue denominado como Gestión Integral de Salud (GiSalud), el cual tiene como objetivo “minimizar las desigualdades de salud y de los distintos tipos de coberturas médicas” a través de una página web para designar turnos.
El costo de este accionar fue pactado en unas 60 cuotas por casi 2,5 millones de pesos cada uno, de las cuales ya se cancelaron 27, pero todavía restan 33.
En la denuncia de Urbano analizada actualmente por Rodríguez, se afirma que “resulta sospechoso que el gobierno no haya solicitado la participación de otros oferentes para poder así comparar, tanto por razones técnicas, de calidad y/o económicas”. Urbano y su fundación FUSSO expresan que en aquel año, la contratación de Conexia S.A. “fue tan rápido que se olvidaron que había que cumplimentar las razones de conveniencia, y/o de urgencia, por la cual se había decidido el contrato en forma directa”.
Sostiene la denuncia que “no existió la Resolución del Ministerio de Salud, fijando los argumentos de tal decisión como lo exige el Decreto 777/06” y repasa que el 19 de mayo de 2017 “se inició el Expediente. 2434/2017-MS”, el mismo día “fue elevado al Secretario Privado del Gobernador, Gonzalo Carpintero Patterson y al Ministro de Coordinación de Gabinete, Alberto Gilardino” y el 22 de mayo “con ambas autorizaciones reingresó al Ministerio”. Luego el 24 de mayo el Asesor Legal del Ministerio de Salud, Sergio Vallejo, emitió el Dictamen 130/17 en el que autorizó la contratación en forma directa”, y según Urbano, “no hizo ninguna observación de las cláusulas leoninas que componían este contrato”.