En sus primeros días como presidente, Alberto Fernández impulsó iniciativas que beneficien a las clases más vulnerables, y en ese marco envió al Congreso el proyecto de emergencia económica, que se aprobó el viernes último bajo la denominación de Ley de Solidaridad Social. Ahora, el titular de la Casa Rosada buscará aprobar normativas para reactivar la producción de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), al tiempo que intentará fomentar medidas para la clase media.
En esta primera etapa de gestión, la actual administración nacional incluyó los lineamientos para renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el incremento impositivo a sectores como las automotrices y el campo, el congelamiento de tarifas, el nuevo esquema tributario para la compra en dólares y el controvertido régimen de aumentos jubilatorios por decreto, entre otras cosas.
En la Jefatura de Gabinete, a cargo de Santiago Cafiero, defendieron en las últimas horas ante empresarios y sindicalistas la ley de emergencia. “Las anteriores leyes de emergencia buscaban el achicamiento del Estado mientras que esta nueva ley se propone regularizar los organismos descentralizados, adecuarlos a las políticas públicas actuales y contar con las facultades necesarias para usar en emergencia el tiempo y los recursos a favor”, afirmó el jefe de ministros.
Esta “etapa fundacional” del Gobierno estuvo acompañada también por el lanzamiento del Consejo Nacional contra el Hambre, que lidera Victoria Tolosa Paz y que, con la ayuda del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, se dispone a entregar tarjetas alimentarias que llegarán a cuatro millones de personas en situación vulnerable.

40% de pobreza

“Un país con el 40% de pobreza necesita de una emergencia alimentaria urgente”, dijo Arroyo en su recorrida por la localidad de Concordia para repartir las primeras 7.000 tarjetas destinadas a familias pobres para la compra de alimentos. La decisión de empezar por Concordia para el reparto de esa ayuda no es casual: se trata de la ciudad con mayor nivel de pobreza del país (52,9%) y el lugar donde Néstor Kirchner comenzó sus primeros pasos en el Gobierno en 2003.
Con este plan alimentario que se pondrá en marcha a partir de ahora y con la ley de emergencia aprobada por el Congreso, el Presidente se apresta a encarar la segunda etapa de su gobierno, aún cuando no está definido el nuevo esquema organizativo del Gobierno y falta nombrar a la mayoría de secretarios y subsecretarios en todos los ministerios. Puntualmente, en los próximos meses Alberto Fernández espera poner en marcha una batería de medidas para las pymes y para la clase media que fue duramente castigada durante el macrismo.
En este sentido, se espera avanzar en medidas por sectores. Ya se convocó para esto a los empresarios de AEA y la UIA, a la CGT, las CTA y los movimientos sociales. Se anunció la decisión de emitir un decreto de aumento de una suma fija a todos los trabajadores privados a partir del 1° de enero. Fue el acuerdo que cerró el Gobierno con las tres centrales sindicales el jueves por la noche. Esto podrá ir acompañado por líneas de crédito más flexibles para las clases medias.

Precios Cuidados

Asimismo, Cafiero, Kulfas y Guzmán trabajan para que el 7 de enero se dé a conocer un nuevo programa de Precios Cuidados: lanzarán una herramienta mucho más amplia que le dará alivio a los sectores de capas medias a la hora de consumir alimentos.
Además de este gesto hacia la clase trabajadora se le sumarán proyectos para incentivar la producción de las pymes con moratorias impositivas, créditos para diferentes rubros de la economía y una reducción del IVA para algunos productos de insumo interno.
También habrá una señal inequívoca desde el Ministerio de Desarrollo Social a los movimientos sociales para las cooperativas de proyectos productivos de la denominada economía popular. Esta es una propuesta que plantea Arroyo para inyectar con fondos a las cooperativas y ofrecer sus productos en las góndolas destinadas a la canasta básica alimentaria.

Ley “urgente”

Al respecto, el senador chubutense Alfredo Luenzo, quien votó a favor de la normativa en cuestión el pasado viernes, afirmó que se trata de una ley “urgente” para la Argentina. Además, indicó que “estamos hablando de hermanos de nuestra sociedad que hoy no pueden comer, que no tienen ni siquiera cuestiones básicas y elementales que el Estado está obligado a garantizar, pero no lo está haciendo”.
El representante de la Provincia dentro del a Cámara Alta del Congreso de la Nación enfatizó también que “la redistribución de la riqueza es el eje central”. “El Congreso ha sancionado un conjunto de herramientas que tienen una visión integral sobre la situación de extrema fragilidad de la Argentina y que plantean un esquema político, económico y tributario basado en un concepto de solidaridad, equidad social para reducir la brecha entre los mayores ingresos y quienes menos tienen”, agregó.
El legislador nacional también sostuvo que con este tipo de medidas lo que se busca es “apelar a la solidaridad de algunos sectores que han recibido ganancias extraordinarias en estos cuatro años”. “Mientras tenemos gente con hambre, acá hubo bancos que ganaron 430 mil millones gracias a las Leliq y hemos visto una rentabilidad en el sector financiero con tasas del 81,3% “, lanzó.

“Reconocer la crisis”

Por su parte, Mario Pais, también senador por Chubut que votó a favor de la ley antes mencionada aseguró que “la emergencia es, en primer lugar, reconocer la crisis y adoptar las medidas conducentes para atravesarla y salir de ella, y en este camino el gobierno que encabeza Alberto Fernández no va a subordinar la política social, fiscal y presupuestaria a las necesidades de pago de la deuda externa, sino que buscará mecanismos que aseguren el crecimiento económico y el desarrollo social para mejorar los indicadores que posibiliten con sustentabilidad atender las obligaciones con los acreedores”.
Además, el legislador remarcó que “no deben confundirse los objetivos con los instrumentos, ya que estos últimos son los diferentes cuerpos que constituyen esta ley para otorgarle las herramientas necesarias al gobierno, que debe tomar decisiones estructurales y flexibles con el fin dejar atrás la actual situación del país”.
“La recuperación de los salarios de los sectores más vulnerables, y el fortalecimiento del carácter redistributivo y solidario de los haberes previsionales para mejorar el poder adquisitivo de aquellos que perciben los menores ingresos, son fundamentales para promover la reactivación no sólo productiva sino de nuestro mercado interno”, opinó Pais.