El presidente Alberto Fernández reunió este martes en Casa Rosada a todos los gobernadores para firmar un acuerdo que establece la suspensión del pacto fiscal, que obligaba a las provincias a eliminar y reducir impuestos. Las provincias que adhieran a la norma no tendrán que cumplir los compromisos adquiridos durante la gestión Macri. Además, dejan sin efecto por un año las demandas por coparticipación.
En dicha oportunidad se resolvió “suspender” provisoriamente la aplicación del Pacto Fiscal firmado en 2017 por el entonces mandatario Mauricio Macri con los titulares de los Poderes Ejecutivos de 19 distritos de nuestro país, que establecía la baja de impuestos “distorsivos”, como es el caso, según apuntan desde la Casa Rosada, de Ingresos Brutos.
El texto del acuerdo se firmó ayer en Capital Federal, y antes de la víspera fue analizado por los ministros económicos provinciales, quienes también se reunieron con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, en una charla donde se terminaron de definir los detalles del acuerdo.
De Pedro, quien ofició de anfitrión de la reunión de gobernadores en el Salón de los Escudos, instruyó a Silvina Batakis, la secretaria de Provincias, para que encauce ese encuentro. El punto del acuerdo que fue suscripto por todas las provincias, incluida la Ciudad de Buenos Aires y las provincias gobernadas por los radicales Gustavo Valdés (Corrientes), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gerardo Morales (Jujuy); contempla “suspender hasta el día 31 de diciembre de 2020” la vigencia de algunos puntos del Consenso 2017 y su modificatorio, firmado el año pasado.
Esto abarca a la rebaja de Ingresos Brutos, el Impuesto Inmobiliario y Sellos. También, quedará en “stand by” el compromiso de las provincias para derogar tributos que graven la transferencia de combustible, gas y energía eléctrica, entre otros. Entre los argumentos del acuerdo, el acuerdo explicó que se la decisión se debe a la “grave crisis económica que impacta especialmente en los estratos más bajos de la sociedad”.
“Ante una depresión de la economía nacional que ha provocado un aumento significativo de la vulnerabilidad económica y social de vastos sectores de la población, resulta imprescindible introducir modificaciones a los compromisos asumidos”, afirmó el documento.

Demandas al “freezer”

En el segundo punto, referido a los “procesos judiciales” abiertos a partir del reclamo de las provincias por coparticipación, se establece que la Nación y los distritos “acuerdan la suspensión, por el plazo de un año de las causas judiciales, cualquiera sea su radicación y estado de trámite”. “Dicho plazo -se agregó- será prorrogable sucesivamente por períodos de la misma extensión, mediante canje de notas que expresen la voluntad en tal sentido de las partes firmantes”.
En el Gobierno Nacional se mostraron confiados de poder resolver los conflictos a partir de una mesa de negociación. Así, el pacto prevé la conformación “a la mayor brevedad” de “una Comisión integrada por un representante de cada una de las partes, a fin de evaluar de manera integral las situaciones de orden jurídico y económico-financiero involucradas en los procesos».
En cuanto a la implementación, las partes acordaron que “dentro de los treinta días de la suscripción del presente, los poderes ejecutivos de las provincias firmantes, de la CABA y del Estado Nacional elevarán a sus poderes legislativos proyectos de ley para aprobar el presente acuerdo”.

Postura de Chubut

En este contexto, vale recordar que en el transcurso de esta semana, el ministro de Gobierno de Chubut, José María Grazzini, manifestó que “la convocatoria, es por el punto uno del Pacto Fiscal que se daría de baja, pero esto no repercutiría mucho en la economía de Chubut porque sabemos que nuestra provincia es la única que deja los ingresos brutos en mano de los municipios asique eso no tendrá repercusión en la economía de nuestra provincia”.
Un año después de la firma de este pacto, se hizo una enmienda (adenda) que modificaba y flexibilizada la política tributaria entre la Nación y las provincias. Otro punto que sería acordado es la suspensión de juicios que las provincias tienen con la Nación.

Incumplimientos de la Provincia

También resulta importante recordar que en el último informe de la Oficina de presupuesto del Congreso (OPC), en el cual se conocieron incumplimientos por partes de algunas provincias en el Pacto Fiscal, se remarcó que si bien “se observa en general un elevado grado de cumplimiento de los compromisos” asumidos por los distritos de nuestro país en materia de bajas de Ingresos Brutos en el Pacto Fiscal.
Según la OPC, en materia de Ingresos Brutos “se observa un elevado grado de cumplimiento en lo relativo a la eliminación de tratamientos tributarios diferenciales a partir de la ubicación geográfica, y en la exención de las operaciones de exportación”. En cambio, ese cumplimiento se vuelve “heterogéneo” en materia del respeto a las alícuotas máximas de Ingresos Brutos por actividad dispuestas en el Consenso Fiscal.
Bajo ese último ítem mencionado, el estudio detecta un incumplimiento “generalizado” en Chubut, Corrientes y Santa Cruz, gobernadas por Mariano Arcioni, el radical Gustavo Valdés y la peronista Alicia Kirchner, respectivamente.

Los reclamos que deberán esperar

El acuerdo que firmó este martes el Gobernador Mariano Arcioni y los mandatarios de las restantes provincias argentinas – con excepción de San Luis y La Pampa- con el presidente Alberto Fernández establece, entre otras cosas, la suspensión por un año de la ejecución de juicios que los Estados Provinciales llevan adelante contra la Nación. En este sentido, el funcionario de la Fiscalía de Estado, Javier Stampone, indicó que «tenemos en danza dos juicios que son por cuestiones de coparticipación federal, como el Fondo Federal Solidario -o fondo sojero-, y por el tema de IVA y Ganancias».
Mencionó que sobre el fondo sojero «ya hemos obtenido una audiencia de conciliación en la Corte Suprema en el mes de julio», y en cuanto al juicio por «la reducción de los impuestos (IVA y Ganancias) que implicó una pérdida de recursos financieros para las provincias, se encuentra con una medida cautelar en la Corte Suprema»
Stampone indicó que el monto que aproximadamente se reclama en cada uno de los juicios ronda los 900 millones de pesos, «depende del período que se devengue», por lo que Chubut resiste de reclamar 1.800 millones a la Nación.
«Son demandas que se encuentran en una etapa inicial», especificó, indicando que en el caso del «fondo sojero ni siquiera fue contestado el traslado de la demanda por parte del Estado Nacional por cuanto la Corte abrió una instancia de negociación y hubo suspensión de plazos de 90 días».