GUZMÁN PRESENTÓ LA LEY DE EMERGENCIA. LA OPOSICIÓN ANTICIPA QUE NO DARÁ QUÓRUM. LA COMPRA DE DÓLARES PARA ATESORAR PAGARÁ 30% DE IMPUESTO Y SEGUIRÁ VIGENTE EL CEPO. LA NORMA BUSCA BRINDARLE FACULTADES EXTRAORDINARIAS AL EJECUTIVO. JUNTOS POR EL CAMBIO RECHAZA LOS “SUPERPODERES”

El mega paquete


Gran expectativa despertó este martes la conferencia de prensa del ministro de Economía, Martín Guzmán donde brindó detalles del paquete de medidas oficiales, anticipando el envío al Congreso del proyecto de ley y de Solidaridad y Reactivación Productiva, que pretende ser la herramienta para “resolver la crisis económica y social” que padece la Argentina. El funcionario explicó que “el conjunto de medidas busca mantener el equilibrio” y que la intención es “que la economía deje de caer”.
El proyecto propone congelar por hasta 180 días las tarifas de los servicios públicos para redefinir otro esquema tarifario (no se refirió si se incluye las tarifas de combustibles), suspenden la fórmula de ajuste de haberes previsionales y planes sociales por 180 días para redefinir un nuevo esquema de ajuste, propone elevar las retenciones a la soja de 30% a 33% y trigo y maíz de 12% al 15%, premian los depósitos en pesos y se castigan los que se efectúen en divisas extranjeras, establecen una moratoria impositiva para las pymes y entidades sin fines de lucro, modificarán la reforma tributaria vigente, se establece la devolución directa del IVA a los sectores más vulnerables; se congela la reducción de aportes patronales; establecen un aumento sobre los bienes personales 0,5% a 1.5% y quienes tienen activos en el extranjero pagara un impuesto especial.
A través de esas medidas, el Ministro sostiene que se buscará “restaurar la consistencia macroeconómica, estas medidas al cuidar la situación fiscal, en un contexto en el cual ya no hay más financiamiento, necesitamos tener muy equilibrada la cuestión que si aumenta el gasto tiene que mantenerse la consistencia fiscal”.

Más presión fiscal sin recorte del gasto

Respecto a los impuestos, Guzmán ratificó lo que ya se conocía en el sentido de aumentos de las retenciones elevándose del 30 al 33% para el caso de la soja y sus derivados y del 12 al 15% para trigo y maíz. Estos puntos adicionales son los que se elevaron en el proyecto de Ley para la aprobación parlamentaria.
También se modifica la Reforma Tributaria ya que “fue concebida para una economía que iba a crecer y no fue así. Tenemos que cambiarla porque si no los problemas fiscales se van a agravar”, dijo Guzmán. Insistió en que “no podemos permitir que el déficit crezca y si usamos la emisión sería desestabilizante”.
Al respecto anunció que se vuelven a las alícuotas en el caso del Impuestos a los Bienes Personales vigentes en el 2015 que iba de 0,5% a 1,5% y se faculta al gobierno a incrementar la alícuota hasta un 100%.
Se elimina también el impuesto cedular para el ahorro en moneda nacional aunque seguirá vigente para las ganancias de capital originadas en la compre venta de inmuebles y de activos financieros.
El titular de la cartera de Hacienda explicó que continua vigente la restricción de comprar solo 200 dólares por mes y aclaro que “también estará sujetos a tributar un 30% de recargo”.
El funcionario aclaró que los ingresos por estos tributos se destinarán un 70% para el sistema previsional y un 30% para obras públicas.

Dólar y mercado

El Gobierno impondrá un impuesto de 30% a la compra de divisas extranjeras para atesoramiento, para el que continuará vigente el límite de u$s200 vigente por el cepo cambiario.
El impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) establece “con carácter de emergencia” y por el término de cinco años, la compra de billetes y divisas en moneda extranjera -incluidos cheques de viajero- para atesoramiento; cambio de divisas destinadas al pago de compra de bienes o prestaciones y locaciones de servicios efectuadas en el exterior, que se cancelen mediante la utilización de tarjetas de crédito, de compra y débito y cualquier otro medio de pago (como Netflix, Spotify o Airbnb); extracciones o adelantos en efectivo efectuadas en el exterior; compras efectuadas a través de portales o sitios virtuales en moneda extranjera; cambio de divisas para pago de servicios prestados por sujetos no residentes en el país; adquisición de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y turismo; adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática, de pasajeros con destino fuera del país.
Tras los anuncios de Guzmán, volaron hasta 13,5% los bonos y el riesgo país perforó los 2.000 puntos. Los títulos en dólares treparon hasta 8,5%, mientras que los bonos en pesos saltaron hasta 13,5%, ya que los inversores valoraron las intenciones del Gobierno de llevar adelante la renegociación de la deuda, honrando sus obligaciones de corto plazo. Además, el mercado cree que las medidas económicas en pos de incrementar los ingresos fiscales mejoran la capacidad de pago de Argentina. Habrá que ver si el Gobierno logra el equilibrio y mantiene la confianza.

Debate legislativo

El Ministro explicó que el proyecto de Ley que se remitió al Parlamento faculta al Poder Ejecutivo “llevar adelante gestiones necesarias para recuperar sostenibilidad de la deuda. Hubo un brutal aumento de la deuda en la Argentina. Cuando esa deuda no se usa para invertir en producción pasa lo que pasa hoy: descalabro social”.
Este miércoles en Diputados, se reúnen las comisiones que buscarán dictaminar el proyecto de emergencia del Gobierno. La reunión plenaria de las Comisiones de Presupuesto y Legislación General será a partir de las 9 en el Anexo de la Cámara de Diputados. Buscan que el proyecto llegue al recinto el jueves.
Desde Juntos por el Cambio plantearon su rechazo a la extensión de los “superpoderes” y tras una reunión de interbloque anunciaron que no darán quórum en la sesión prevista para este jueves en la Cámara de Diputados.

«Desguace del Congreso»

El presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, fustigó el proyecto ómnibus de emergencia, al sostener que busca «desguazar al Congreso» dado que conlleva una muy grande «delegación de facultades» al Poder Ejecutivo.
Según el diputado radical, dicha cesión de facultades «supera ampliamente a la que se dispuso en la ley de Emergencia de 2002» bajo el Gobierno de Eduardo Duhalde, y tampoco se justifica ya que a su criterio el país «no está atravesando una crisis como la que se inició en 2001».
«Observamos, con preocupación, que quieren llevarse facultades hasta prácticamente desguazar al Congreso. Además, advertimos que, en muchos casos, las pretendidas cesiones de algunas facultades establecidas en el proyecto de ley son rayanas con la inconstitucionalidad», denunció.
En esta línea, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quienes una de las figuras centrales de la UCR, afirmó que Juntos por el Cambio «no votará superpoderes», pero admitió que «facilitará las herramientas» y «acompañará los aspectos positivos» del texto oficial. Según trascendió, la UCR tenía pensado facilitar la aprobación en general del megaproyecto, pero podría abrirse una dura discusión en cuestiones puntuales.

Un estado todopoderoso

El último artículo del megaproyecto que el Gobierno envió al Congreso causó especial alerta en la oposición, por las atribuciones institucionales que le daría a la Casa Rosada, más allá de las medidas de coyuntura económica. «Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a efectuar el rediseño organizacional de la administración pública nacional descentralizada mediante la modificación, creación, fusión y supresión total o parcial de organismos descentralizados, así como modificación de sus autoridades superiores, objetivos, funciones, atributos y competencias», señala el artículo 85º del título XII de la iniciativa de emergencia económica que Alberto Fernández remitió al Congreso.
Fuentes del Gobierno aseguraron que se trata únicamente de una cláusula por el «reordenamiento general» que implicaría la aplicación las nuevas medidas económicas. «Como la ley plantea una estructuración general, pueden quedar algunas áreas desalineadas. El concepto es sólo para optimizar el funcionamiento, no es para realizar cambios fuera del control público», justificaron desde la Casa Rosada

(Fuentes: Ámbito, Télam)


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