Desde que Alberto Fernández asumió la presidencia a principios de esta semana, desde su equipo económico ya han adelantado algunos bosquejos de cómo trabajarán en dicha área durante los próximos cuatro años, o por lo menos cuáles son los objetivos a alcanzar en el futuro inmediato. No obstante, en este contexto, se conoció ayer un informe de la Oficina de presupuesto del Congreso (OPC), en el cual se conocieron incumplimientos por partes de algunas provincias en el Pacto Fiscal.
Este documento indicó que si bien “se observa en general un elevado grado de cumplimiento de los compromisos” asumidos por los distritos de nuestro país en materia de bajas de Ingresos Brutos en el Pacto Fiscal, sellado por casi todos los gobernadores y el entonces presidente Mauricio Macri en noviembre de 2017. Asimismo, en el caso de las alícuotas máximas del tributo, por actividad, “el cumplimiento es heterogéneo entre las distintas jurisdicciones”.

Metas negociadas

Vale aclarar también que el análisis desarrollado sobre los 22 distritos que adhirieron (están excluidos San Luis y La Pampa) trasciende en un contexto caracterizado por el creciente reclamo de muchos mandatarios provinciales para congelar el diagrama de rebajas de alícuotas de ese tributo acordado en este consenso. Una meta que, aseguran ahora desde los Ejecutivos regionales, quedó desvirtuada a partir del duro retroceso sufrido por los ingresos locales por impacto de la crisis financiera y económica nacional.
Según la OPC, en materia de Ingresos Brutos “se observa un elevado grado de cumplimiento en lo relativo a la eliminación de tratamientos tributarios diferenciales a partir de la ubicación geográfica, y en la exención de las operaciones de exportación”. En cambio, ese cumplimiento se vuelve “heterogéneo” en materia del respeto a las alícuotas máximas de Ingresos Brutos por actividad dispuestas en el Consenso Fiscal.

Chubut tampoco cumple

Clic para Ampliar

Bajo ese último ítem mencionado, el estudio detecta un incumplimiento “generalizado” en Chubut, Corrientes y Santa Cruz, gobernadas por Mariano Arcioni, el radical Gustavo Valdés y la peronista Alicia Kirchner, respectivamente.
A su turno, la reelecta mandataria santacruceña viene de dar señales claras respecto de su pretensión de abandonar ese pacto fiscal, cartas documento mediante sobre el final de la gestión de Macri, por la deuda previsional de cerca de 1.000 millones de pesos que Nación mantiene con el distrito.
En tanto, el relevamiento de la OPC muestra, en el otro extremo del ranking, que el cumplimiento de los topes máximos en Ingresos Brutos es total sólo en los casos de CABA (comandada por el reelecto Horacio Rodríguez Larreta), Buenos Aires (un legado para Axel Kicillof de parte de la ahora exmandataria María Eugenia Vidal, también de Juntos por el Cambio) y Santiago del Estero, de Gerardo Zamora (Frente Cívico).
En el medio hay un gris superpoblado: respetan “con excepciones” el tope máximo en las alícuotas de IIBB -afirman- Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán.

Cumplimiento en actividades primarias

En otro orden, el informe de la OPC, que consiste en una oficina técnica de análisis fiscal que brinda un soporte a los legisladores en temas que involucren recursos públicos y produce informes abiertos a la ciudadanía, resaltó también que “la mayoría de las provincias que adhirieron al Consenso Fiscal cumplieron con el compromiso de alícuotas máximas en las actividades primarias”. Y que “las excepciones (Chubut, Corrientes, San Juan y Santa Cruz) son provincias que muestran un incumplimiento generalizado del compromiso, que no se acota sólo a las actividades primarias, salvo en el caso de San Juan”.
En paralelo, el estudio también detalló, entre otros ejes, que “en tres de las actividades se observa una elevada tasa de incumplimiento de las alícuotas máximas”. En primer lugar marcha “Comercio y Reparaciones”, rubro en el que en 13 provincias la alícuota excede el tope del 5% (aunque, en la mayoría de los casos, por actividades puntuales, sobre todo en la venta de vehículos automotores”. Y en el caso de Hoteles y Restaurantes, varias provincias tienen la alícuota por arriba del tope, en casi todos los casos en el rubro “hoteles alojamiento por hora”.
Por último, la OPC remarcó, en materia metodológica, que “no se ha definido ningún criterio oficial como parte del Consenso para determinar si una provincia cumple o no con los compromisos”. Por eso adoptaron una clasificación propia: “cumple” si todas las actividades tienen una alícuota máxima por debajo del tope establecido en el Consenso Fiscal, “cumple con excepciones” si en no más de cuatro actividades ese tope está excedido, e “incumple” si eso ocurre en cinco o más actividades.

Recaudación chubutense

En este contexto, resulta importante también recordar que los ingresos de Chubut, compuestos por la Coparticipación Federal y los generados por las regalías hidrocarburíferas, tuvieron un aumento promedio del 57%, posicionándose por encima de los niveles inflacionarios interanuales, que rondaron el 55%.
Asimismo, ni si quiera esta fuerte variación hizo que se pueda culminar con el pago escalonado de los haberes para los trabajadores de la Administración Pública, ni tampoco cumplir, en su totalidad, con los incrementos salariales acordados en las últimas negociaciones paritarias.
Si se comparan el flujo de fondos de coparticipación y regalías en los primeros nueve meses del año, a Chubut ingresaron 11.000 millones de pesos más que el año pasado. Ese incremento se tradujo en un promedio mensual que implicó cerca de 1.000 millones de pesos mensuales extra.
Más allá de estos importantes crecimientos de la recaudación provincial, Chubut sigue endeudándose en pesos para pagar salarios y no logra salir de la crisis económica y financiera que domina la realidad provincial desde mediados del año pasado.

Gobernadores apuran pedido a Alberto F. para suspender el Pacto Fiscal

En medio del reclamo de gobernadores para que el flamante Gobierno suspenda de manera «temporaria» el Pacto Fiscal -fue firmado durante la administración macrista y obliga a las provincias a una baja gradual de Ingresos Brutos, Sellos y otros impuestos-, en la noche de este jueves el Poder Ejecutivo convocó al Congreso a sesiones extraordinarias hasta fin de año.
Aunque del temario de la convocatoria no surge que entre las iniciativas que enviará el Poder Ejecutivo figure dejar en stand by el Pacto Fiscal, en el oficialismo explicaron que el temario en realidad es lo suficientemente genérico como para que se puedan tratar diferentes proyectos.
El mes pasado, los ministros de economía provinciales ya habían tenido una reunión para tratar el tema que forma parte de los pedidos de los mandatarios hacia el presidente Alberto Fernández.
Desde el Frente de Todos señalaron que la suspensión “por un año” del Pacto Fiscal forma parte de la agenda del espacio. “La idea es que los gobernadores puedan congelar la baja gradual de los impuestos que les complica en la recaudación pero que tampoco los puedan subir”, aseguró una fuente parlamentaria.
La expectativa es que la iniciativa forme parte de las modificaciones impositivas que se prevé podrían integrar el paquete de leyes que enviará el Gobierno en extraordinarias. En su punto 1, el decreto detalla que se enviará un «proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Económica».
Las leyes de emergencias económica, sanitaria y social estarían abarcadas ahí. En el oficialismo sostienen que por ese punto 1 también podría colarse la suspensión del Pacto Fiscal.
Desde las provincias reconocen que el tema los preocupa y que la suspensión del Pacto Fiscal “es una alternativa”, pero que no tuvieron definiciones por parte del Ejecutivo.