EL TOTAL DE VENCIMIENTOS PARA EL AÑO PRÓXIMO LLEGA A LOS CASI 14.000 MILLONES DE PESOS

Chubut deberá pagar deuda por más de $1.000 millones por mes en 2020


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Durante el pasado fin de semana se conoció el Presupuesto para 2020 elaborado por el Ministerio de Economía y Crédito Público de Chubut, donde además de un déficit superior a los 11.000 millones de pesos se prevén otros lineamientos para el año próximo.
En la división de las erogaciones previstas por la administración de Mariano Arcioni, el ítem más abarcativo es el que responde al pago de los salarios de los trabajadores de la Administración Pública, que supera los 6.000 millones de pesos por mes. El segundo punto es el de las transferencias hacia los municipios y otros organismos.
En tanto, la sorpresa aparece en el tercer puesto, ya que en este escalón no están las inversiones en infraestructura, salud o educación, como sucedió en años anteriores. Puntualmente, el tercer gasto más grande que tendrá Chubut para el año que viene es el pago de la deuda pública. A través del concepto “Servicios de deuda”, el Gobierno Provincial deberá afrontar la cancelación de 13.954 millones de pesos durante todo 2020, dejando un gasto mensual promedio superior a los 1.000 millones de pesos.
Así, aparece nuevamente la necesidad imperiosa de reperfilar o renegociar la deuda y sus respectivos vencimientos, con la finalidad de que Chubut pueda hacer frente a sus obligaciones sin tener que entrar en cesación de pago. Desde el Poder Ejecutivo, quienes están a cargo de estas negociaciones se manifestaron esperanzados en llegar a un acuerdo con aquellos tenedores de los bonos que se colocaron desde 2016, por un total de 700 millones de dólares.

Más fondos para deuda que para obras públicas

Como se mencionó anteriormente, el pago de vencimientos de deuda le demandará a Chubut unos 14.000 millones de pesos durante todo el año próximo. En tanto, estos montos podrían dispararse considerablemente, teniendo en cuenta que la deuda provincial está fuertemente atada a la cotización del dólar, que actualmente ronda los 63 pesos por unidad en el mercado oficial.
La Provincia tiene un pasivo cercano a los 125 millones de dólares, que hoy representan unos 8.000 millones de pesos, pero en caso de que la divisa estadounidense vuelva a dispararse sucederá lo mismo con el rojo público. En tanto, el resto de la deuda chubutense corresponde a bonos internos que se emitieron para pagar los salarios de la Administración Pública durante los últimos meses.
Teniendo en cuenta estos números, resulta que para obras públicas se destinará cerca de un cuarto en comparación a los fondos previstos para el pago de deuda. Según el Presupuesto 2020, elaborado por el Ministerio de Economía y Crédito Público, Chubut hará inversiones en obra pública por unos 3.500 millones de pesos.
Educación será otra de las áreas desfavorecidas en el reparto del dinero que dispondrá el Poder Ejecutivo durante el año próximo. Según las proyecciones oficiales, se destinarán unos 1.750 millones de pesos, aumentando un 20,5% respecto a lo asignado durante 2019. Si tenemos en cuenta la inflación la variación real será contundentemente negativa.

Deuda “impagable”

La situación de Chubut no es un caso aislado, sino que se da en un contexto desfavorable, teniendo en cuenta que a nivel nacional también urge la necesidad de refinanciar la deuda pública. En tiempo récord y a menos de dos semanas de asumido el nuevo gobierno de la Argentina, se acordó una mega ley que legisla la política económica en el corto y mediano plazo, con el horizonte del 2020, aún cuando todavía no hay Presupuesto para el próximo año. Éste se formulará si es que en el corto plazo se renegocian los vencimientos con los acreedores de la deuda pública, con la hipótesis de postergar vencimientos por lo menos en el 2020/21. El texto aprobado incluye orientaciones que tienen como trasfondo la negociación con los acreedores de la deuda pública, sea el Fondo Monetario Internacional (FMI) o los privados.
Al mismo tiempo se dispuso desde el Poder Ejecutivo central el canje de deuda con vencimientos en estos días, antes de fin del 2019, en pesos por 25.000 millones y por 9.000 millones de dólares. Son operaciones que se realizan en el mismo sentido del re-perfilamiento de la deuda impulsado por el anterior gobierno. En la medida de lo posible, se pretende diferir los pagos de manera negociada, sin necesidad de evidenciar la cesación de pagos, aun cuando la deuda no es sostenible, algo que sostiene reiteradamente el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Los recursos públicos no alcanzan para comprar divisas y cancelar la deuda al vencimiento. Así, no hay más remedio que renovar los vencimientos con nueva deuda, algo que se dificulta por el elevado costo argentino derivado del “riesgo país”. Por eso las señales relativas a una política económica para el 2020 orientada al logro del superávit fiscal suena muy bien para los acreedores externos, interesados en cobrar ahora o más adelante, lo que exige “sostenibilidad” de la deuda.

Mejorar las condiciones

Si el país ofrece una política económica de mejora de los ingresos fiscales y expectativas por baja del gasto, los “mercados” (especulativos) y por ende los tenedores de la deuda deducen que habrá condiciones objetivas para atender los pagos de la deuda, por lo que baja el “riesgo país” y suben bonos y acciones. Con superávit fiscal, el Estado puede comprar divisas para cancelar deuda, premisas para volver al mercado de crédito con tasas menos elevadas que las actuales.
Por su parte, los acreedores esperan expectantes ese escenario antes de demandar al país por compensaciones que involucren al patrimonio de los recursos naturales o bienes comunes, algo poco mentado, pero sobre lo que conviene tener presente. En épocas anteriores se aludió a la “capitalización” de la deuda, sustento de lo que luego fueron las privatizaciones del capital público en los noventa del siglo pasado.
El superávit fiscal proviene de disposiciones en la mega ley de reciente aprobación relativas al aumento de la recaudación vía retenciones a las exportaciones, aun cuando algunas bajen; por incremento de las alícuotas del impuesto sobre “bienes personales”, especialmente por capital invertido en el extranjero; o por imposición a las compras en el exterior, mal llamado dólar turista.
La mega ley incluye un supuesto relativo a la reducción del gasto previsional, trascendente en el conjunto de las erogaciones públicas.

Reformas con más fondos para las provincias

Las medidas fiscales adoptadas por el Gobierno nacional, sumada a la suspensión de la baja de impuestos prevista en el Pacto Fiscal, tendrán impacto positivo en las provincias, con un saldo favorable estimado en 0,8% del PIB (más de $245.000 millones) para 2020, según analizó un informe privado.
“El aumento de la alícuota de las retenciones (no coparticipable) afecta negativamente al consolidado de provincias por una menor recaudación del impuesto a las ganancias, que es coparticipable. Sin embargo, los fiscos provinciales se habrán de beneficiar por la suspensión de la rebaja de impuestos locales (Ingresos Brutos) y por la suspensión de la baja de alícuotas de Ganancias a sociedades, junto con la suba de alícuotas en Bienes Personales. La suma y resta de estas distintas variables arroja un resultado neto positivo a favor de las provincias estimado en 0,8% del PIB para 2020”, indica el trabajo del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea.
En términos generales, el estudio observa que la administración de Alberto Fernández tendrá desafíos similares a los que tuvo Néstor Kirchner en el periodo 2003 – 2007, con augurios de recuperación de la actividad económica. “Es probable que así ocurra, porque la economía ya cayó mucho y la administración anterior (Mauricio Macri) arregló o morigeró algunos de los desequilibrios de fondo”, señala el informe. También postula que con los cambios tributarios anunciados se puede estimar un aumento de la recaudación nacional bruta (es decir, antes de coparticipar a las provincias) de 1,6%.


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