Los diputados Jacqueline Caminoa y Eduardo Conde (UCR-Cambiemos), elevaron un proyecto legislativo para que el Ejecutivo Provincial incluya una partida presupuestaria en el Presupuesto 2020, para al menos iniciar un plan de pago de efectivo cumplimiento de la deuda histórica que mantiene con el Instituto de Seguridad Social y Seguros a fin de garantizar el saneamiento y la sustentabilidad del Sistema de Seguridad de la provincia.
Advierten que, según el trabajo realizado por el actuario doctor Mielinski, la deuda histórica que el Ejecutivo mantiene con el Instituto de Seguridad Social y Seguros en diciembre del 2012 ascendía a 3.083.585.063 de pesos en concepto de Deuda Previsional; y un total 445.000.000 de pesos en concepto de deuda para con la Obra Social Seros, haciendo un total de deuda de 3.527.585.063 de pesos.

Fundamentos

Los legisladores argumentan que, “conforme el reclamo efectuado por parte del Frente de Jubilados, Retirados y Pensionados de la Provincia del Chubut ante la Legislatura el 25 de julio del año 2016 (que tomara estado parlamentario en la Sesión Nº 19 del 26 de julio de 2016), se han realizado ya diversos reclamos al Poder Ejecutivo Provincial para que comience al menos a saldar dicha deuda histórica. En consecuencia, se envió copia a los Bloques y pase las Comisiones correspondientes, en línea con lo solicitado en defensa de las garantías establecidas en la Constitución Provincial y en la Ley XVIII Nº 32, que rige para el funcionamiento y administración del Instituto de Seguridad Social y Seguros.
El proyecto hace alusión al fallo judicial, que exhorta al Directorio del Instituto a cumplir con la Ley y, si es necesario, a iniciar una demanda al Ejecutivo con el fin de cobrar la deuda histórica millonaria que mantiene para con el Instituto.
En la iniciativa se fundamenta que el Poder Ejecutivo Provincial instó a los Municipios a regularizar la deuda que los mismos mantenían con el Instituto de Seguridad Social y Seguros y, en la mayoría de los casos, los Municipios han iniciado un plan de pago para regularizarla; por ende, resulta contraproducente que el Poder Ejecutivo no regularice su situación con la Institución.