HABRÍA SIDO PUBLICADA AYER EN EL BOLETÍN OFICIAL Y DESATÓ UNA TORMENTA DENTRO DEL GOBIERNO

Marcha atrás con la actualización del protocolo de aborto no punible


Por orden del presidente Mauricio Macri, se revocó la actualización del protocolo de aborto no punible que la Secretaría de Salud había publicado este miércoles en el Boletín Oficial, en medio de una polémica con Adolfo Rubinstein, a quien le pidieron la renuncia. Uno de los cambios más sustanciales era que la objeción de conciencia no podía impedir que un hospital o centro de salud realizara la interrupción del embarazo.
La decisión de Macri de dar marcha atrás abrió una grieta dentro de Juntos por el Cambio, ya que algunos dirigentes como Martín Lousteau criticaron la medida y otros, como Ernesto Sanz, defendieron a Rubinstein.
La actualización, basada en el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia, determina que hay formas médicas para que un cuerpo gestante pueda interrumpir un embarazo sin poner en riesgo su vida.
Por orden directa de Mauricio Macri, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, está redactando una resolución que anula el nuevo “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE)” y que se publicó este miércoles en el Boletín Oficial.
La actualización del protocolo le daba rango ministerial al ya existente y, según explicó el propio Alfredo Rubinstein, no dejaba lugar a interpretaciones sobre cómo debía actuarse. Uno de los cambios más sustanciales era que la objeción de conciencia no podía impedir que un hospital o centro de salud realizara la interrupción del embarazo.

Internas palaciegas

La orden recibida desde la Presidencia a la cartera que conduce Stanley es revocar la resolución de Salud por cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia. A su parecer, en la decisión hubo tres organismos con competencia en materia de niñez y adolescencia, mujer y discapacidad que no tuvieron intervención.
La Secretaría había publicado este miércoles la actualización del «Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo», el cual regía desde 2015, y que se lleva a cabo en los dos casos en que el aborto puede ser practicado de manera legal hasta el momento: cuando se solicite la práctica para evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada o cuando el embarazo sea producto de una violación.
Pero este jueves, a veinte días de que se Macri deje el poder, la ministra Stanley emitirá una resolución en el Boletín Oficial que revocará la actualización de ese protocolo, confirmaron fuentes de su cartera.
La publicación del nuevo protocolo había desatado críticas de miembros del oficialismo, como el senador Federico Pinedo, quien en Twitter sostuvo: «Me parece lamentable y claramente inconstitucional la resolución del secretario de Salud ampliando de manera irresponsable las causales de aborto no punible y limitando la objeción de conciencia médica».

Volvió la grieta

Y, apuntando contra Rubinstein, agregó: «No puede pasar por encima de un debate de seis meses del Congreso Nacional y legislar por sí mismo, contradiciendo normas de rango constitucional».
La senadora del radicalismo tucumano Silvia Elías de Pérez también cuestionó al secretario, en tanto que la diputada nacional electa por el PRO en la Ciudad Dina Rezinovsky pidió su renuncia.
«El secretario de salud Rubinstein resuelve ampliar el protocolo nacional para descartar niños y destruir mujeres. Se olvida que tras meses de debate el Congreso dio un rechazo total a la ley del aborto. Espero su renuncia y que se deje sin efecto esta resolución inconstitucional», señaló en su cuenta de Twitter.

Cambios

El texto de la controversia apuntaba a cambios específicos. Por ejemplo, establecía procedimientos a la hora de recibir a una mujer embarazada en el sistema de salud. La pregunta sobre si ese embarazo ameritaba alguna de las causales de interrupción legal debía estar presente en la primera entrevista médica, y para todas las mujeres: «¿Existe causal para ILE? (riesgo para la salud física-mental-social o para la vida o violación)». A partir de entonces, se le debía dar la orientación que correspondiera. Además, se establecía qué tipo de tratamiento se le debía dar a la embarazada según el grado de avance.
El protocolo contemplaba que los embarazos de menos de 12 semanas (en ocasiones hasta las 14) pudieran ser abortos medicamentosos y ambulatorios, con control médico. De allí en adelante se evaluaría el aborto con misoprostol hospitalario. Aunque allí se incrementaría la dosis, en gramos y en frecuencia. También se podría combinar con otros métodos de intervención médica. Según decía el protocolo, «el tratamiento con mifepristona combinado con misoprostol es el gold standard para la interrupción medicamentosa de un embarazo».
«El nuevo texto redacta mejor los derechos de la mujer que interrumpe el embarazo, los amplía con más evidencia o respaldo por parte de las leyes. Expresa con más ahínco la causal salud. Que no es que la mujer se está muriendo, sino que afecta al bien salud que es un bien biopsicosocial. Es muy importante. Cuanto más se escriba sobre estos puntos, más acceso van a tener las mujeres que interrumpen el embarazo», afirmaba sobre el nuevo protocolo el doctor Mario Sebastiani, miembro del comité de bioética del Hospital Italiano y autor del libro Aborto legal.

Números

Según los números que aportaba el documento, en la Argentina se realizan entre 370.000 y 522.000 interrupciones de embarazos por año. «Estas cifras son estimativas ya que, por tratarse de una práctica mayormente clandestina, no se dispone de datos precisos. La única información oficial disponible al respecto de los abortos que se realizan en la Argentina es el número de hospitalizaciones producidas en los establecimientos públicos por complicaciones relacionadas con abortos», decía.

¿A qué edad?

«Las personas adolescentes de entre 13 y 16 años pueden consentir en forma autónoma [la realización de la ILE], a menos que deba utilizarse para la práctica un procedimiento que implique un riesgo grave para la salud o la vida de la adolescente», se leía en el texto. Significaba que si el embarazo era de menos de 12 semanas y el tratamiento era ambulatorio, se podía hacer sin el consentimiento de los padres.
En los casos de menores de 13 años, el embarazo se consideraba producto de una violación.
El texto hablaba de los objetores de conciencia. «La objeción de conciencia no puede traducirse en un incumplimiento de los deberes de los profesionales prestadores de salud, ni dañar a terceros en su salud, su autonomía y su dignidad, ni restringir el acceso a prestaciones de salud contempladas en la legislación vigente. En caso de que un profesional de la salud desee ejercer su derecho a la objeción de conciencia, deberá notificar su voluntad previamente a las autoridades del establecimiento de salud en el que se desempeñe; es decir que solo podrá ejercerlo cuando se haya declarado y notificado previamente a las autoridades pertinentes», se indicaba en el texto.

Reducción de abortos legales en Chubut

En este contexto, vale recordar que en Chubut se ha notado un gran crecimiento en la cantidad de abortos realizados en todo el territorio provincial desde 2010 hasta la actualidad. No obstante, en 2018 hubo una reducción en comparación con 2017. Puntualmente, el año pasado se realizaron 716 interrupciones, mientras que en el período inmediatamente anterior se habían ejecutado 789.
En el detalle de los números a los que tuvo acceso El Diario, hay que aclarar que en el Área Programática Sur se realizaron 127 abortos; en el Área Programática de Esquel, 98; en el Área Programática Norte, 298; y en el Área Programática de Trelew, 193.
La gran diferencia del análisis de los datos en cuestión también pasa por los sitios donde se practicaron las interrupciones de los embarazos. Específicamente se diferenciaron dos espacios: los servicios de ginecología, por un lado, y los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) o centros rurales. Al respecto, cabe aclarar que en el segundo grupo hubo 100 abortos más que en el primero: 408 contra 308.


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