Las motosierras avanzan veloces en el mayor bosque tropical del mundo, que desempeña un papel crucial para frenar el cambio climático. La Amazonia brasileña ha perdido 9.762 kilómetros cuadrados de vegetación –el equivalente a Chipre o Navarra– en un año. El dato, que es el peor en más de una década y supone un aumento del 30% respecto al año anterior, fue difundido este lunes por el organismo público brasileño que realiza las mediciones oficiales con satélites. La cifra confirma lo que las mediciones de alertas en tiempo real venían anticipando desde hace meses, que la deforestación se ha acelerado desde que gobierna el ultraderechista Jair Bolsonaro, un firme partidario de la explotación económica a casi cualquier precio de la Amazonia que desprecia el vital papel que juegan los indígenas en la preservación.
La deforestación en la Amazonia brasileña viene aumentando desde 2012 aunque a un ritmo menor. La superficie destruida ahora es como 1,3 millones de campos de fútbol e incrementará todavía más la presión sobre Bolsonaro y su Gabinete porque tanto su discurso como su política medioambiental causan una enorme alarma no solo a los indígenas, las ONG y los científicos, sino también a muchos Gobiernos extranjeros, con los europeos a la cabeza. Aunque el presidente criticó con dureza hace unos meses al Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), puso en duda sus mediciones y destituyó a su director, sus ministros de Medio Ambiente y de Ciencia han asistido a la presentación del balance de la deforestación que se mide cada 12 meses.

Números que alertan

Las cifras difundidas este lunes indican cuánto bosque fue destruido entre agosto de 2018 y julio pasado; es decir, que incluye siete meses del mandato de Bolsonaro. La expectativa ante la comparecencia en la sede del INPE en São Jose dos Campos era mucha porque la polémica mundial por los feroces incendios amazónicos de este verano sigue fresca y porque los sistemas de alerta en tiempo real –usados para movilizar inspectores, bomberos, etcétera– indicaban que la destrucción de bosque tropical se había disparado.
El ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, ha atribuido el enorme aumento a “la economía ilegal” en referencia a las actividades al margen de la ley de mineros, madereros y de invasores que se apropian ilegalmente de tierras. Salles ha recalcado que es necesario crear oportunidades económicas sostenibles en la región. Los ecologistas y parte de los empresarios agropecuarios brasileños sostienen que el desarrollo económico de la Amazonia no es incompatible con la preservación ambiental.
Los planes esbozados hasta ahora por Bolsonaro con ese fin incluyen abrir a la explotación comercial tierras indígenas que en este momento tienen una fuerte protección legal que impide que nadie las toque más allá del uso sostenible de los indígenas que las habitan desde hace milenios. Entre las medidas anunciadas por los ministros para luchar contra la deforestación está reforzar la fiscalización en la Amazonia además de llevar allí a algunos científicos y la sede de alguno de los organismos de investigación.

Responsabilidades

Para las ONG el principal culpable del tremendo aumento es el presidente. “El proyecto antiambiental de Bolsonaro ha eliminado la capacidad de combatir la deforestación, favorece a quienes practican delitos ambientales y alienta la violencia contra los pueblos (nativos) del bosque”, ha declarado Cristiane Mazzetti, de la campaña Amazonia de Greenpeace. World Wild Fund (WWF) ha recordado que nunca se habían puesto tan pocas multas ambientales como en los últimos meses.
Los efectos cada vez más visibles de la crisis climática han colocado la cuestión ambiental en el centro del debate político en Europa y buena parte del mundo, lo que ha supuesto una presión intensa con la que Bolsonaro no contaba y que le han convertido en el villano ambiental del planeta. En campaña, el antiguo militar proclamó su desdén por la preservación ambiental: “Si llego [a la presidencia] no habrá dinero para las ONG, esos inútiles van a tener que trabajar… Y no voy a demarcar un centímetro de reserva indígena”. En efecto, así ha sido. No ha extendido la protección legal a más territorio desde que se estrenó en el cargo, en enero. En cambio, sí tuvo que olvidar su promesa de seguir los pasos del Estados Unidos de Donald Trump para abandonar el Pacto de París. El enorme peso de las exportaciones a la UE y la presión política desde el extranjero le obligaron a anunciar que mantendría los compromisos suscritos.
Para Europa, la cuestión climática es también esencial en el proceso de ratificación del acuerdo comercial UE-Mercosur alcanzado el pasado verano tras años de arduas negociaciones y que todos los países de ambos bloques deben bendecir para que entre en vigor. Francia lidera los países que condicionan su apoyo al tratado a que Brasil respete el acuerdo mundial contra el cambio climático.
Los primeros en alzar la voz de alarma por la política ambiental de este Gobierno fueron los anteriores ministros de Medio Ambiente, que en mayo lo acusaron de estar desmantelando todo lo avanzado desde que la presión exterior por la destrucción de la Amazonia hizo que Brasil pusiera en marcha políticas para preservarla.
La deforestación alcanzó su máximo histórico en 1995 con la desaparición de 29.000 kilómetros de bosque (el triple que ahora) y su mínimo en 2012 con 4.500 kilómetros. Esa evolución positiva fue el resultado de una política sostenida que convirtió en intocables por ley decenas de reservas indígenas, decretó que en Amazonia solo se puede cultivar en el 20% de cada parcela y reforzó los sistemas de inspección y sanción para quienes cometen delitos ambientales.

¿Todo es culpa de Bolsonaro?

El ingeniero forestal Tasso Azevedo, coordinador del proyecto científico MapBiomas que mapea el uso del suelo en Brasil, en Altamira, en la Amazonia, culpa al discurso del presidente Bolsonaro y advierte de que los datos de las alertas de los meses más recientes, que no están incluidos en este balance pronostican que la deforestación seguirá incrementándose. “Solo los datos de las alertas de agosto, septiembre y octubre, el primer trimestre que contará para los datos anuales del año que viene, ya ha sido el doble del mismo período de 2018. Eso significa que ya no lograremos cumplir la meta de reducción que teníamos para 2020 [3.900 kilómetros cuadrados]”, ha explicado este lunes mientras participaba en el encuentro Amazonía Centro del Mundo, que reúne a líderes indígenas, científicos y activistas en el corazón del bosque tropical.
El experto explica que el aumento comenzó con los gobiernos del Partido de los Trabajadores, pero añade que el Plan de Prevención y Combate a la Deforestación (PPCD), creado en 2004 con el PT en el poder, fue un avance fundamental. “Sigue disponible en la página web del Ministerio del Medio Ambiente, pero no está siendo aplicado. Además, proyectos que dependían del Fondo Amazonía están bloqueados”, lamenta Azevedo, refiriéndose al congelamiento de donaciones por parte de Noruega y Alemania para el mecanismo que recompensa el descenso de las cifras de deforestación.
Sostiene este científico que “lo que el Gobierno debería hacer es implementar el PPCD y actuar sobre la ilegalidad [minería, extracción de madera e invasión de tierras indígenas y zonas de conservación], que es responsable por más del 90% de la deforestación amazónica. Esas son acciones absolutamente urgentes”.