De acuerdo a los datos relevados en Casa de Gobierno, los descuentos que se aplicarán en la próxima liquidación de haberes a trabajadores docentes, ascenderían a una suma aproximada a los 365 millones de pesos, luego de los últimos informes de las áreas de personal, que aseguran haber detectado que al menos 143 escuelas no enviaron los datos correctos respecto a la adhesión al paro durante el mes de septiembre.
Si bien desde la Mesa de Unidad Sindical se había anticipado la presentación de una medida cautelar ante el Superior Tribunal de Justicia para detener la carga de la liquidación de sueldos con descuentos, desde el Ejecutivo insistieron en que la decisión no tiene marcha atrás y que ya se está implementando.
En ese marco, fuentes de Coordinación de Gabinete deslizaron que, el último relevamiento arroja que unos 143 establecimientos escolares de todas las regionales enviaron planillas con datos incorrectos, al incluir para el pago a docentes que -según afirman en el gobierno-, no estuvieron trabajando.
Por esa razón, se detalló que se harán descuentos masivos de manera compulsiva, que llegarán casi a los 400 millones de pesos, y que en algunos casos, debido a que el depósito en algunas cajas de ahorro será de cero pesos, sostienen que esos trabajadores quedarán debiendo cuotas de créditos personales y de tarjetas de crédito del Banco del Chubut, según expresaron fuentes del Poder Ejecutivo.
De acuerdo al relevamiento del área de Personal, el total de la masa salarial docente es de aproximadamente 1300 millones de pesos, y según manifiestan desde el Gobierno, el primer informe elevado por los directores de las escuelas, sólo informaba respecto a descuentos a aplicar en el mes de septiembre -mes de alta adhesión al paro que superaba el 40 %- por unos 72 millones de pesos, algo considerado por el gobierno como una muestra de la falta de colaboración de los funcionarios de las escuelas y las supervisiones, y una falsificación de documentos públicos que no volcaron correctamente los datos de la realidad.
Por este motivo, desde el Ejecutivo insisten en que por una parte, se están preparando sumarios internos para sancionar a directores y supervisores por su accionar; y por otra parte, se anunció que se presentarán denuncias penales contra las responsables de haber presentado documentación con «falsedad ideológica». (Adnsur)