LOS ELEMENTOS ESENCIALES PARA VIVIR SUMAN ENTRE 45.000 Y 50.000 PESOS MENSUALES

El 70 por ciento de los estatales no llega a cubrir la canasta familiar


El Diario | Regionales

Las variables económicas de Argentina se mantienen desde hace largos meses en términos negativos, algo que también se traslada a las economías provinciales y regionales. Si bien el impacto de esta realidad tuvo distintos alcances dependiendo los diferentes sectores, uno de los más golpeados fueron los trabajadores de las administraciones públicas provinciales y municipales del país.
Puntualmente, los trabajadores públicos de Argentina cerrarán el 2019 con una pérdida de poder adquisitivo, promedio, de más de 30%, en comparación con los montos que se alcanzaban en diciembre de 2015, cuando Mauricio Macri asumió como presidente.
Según un informe elaborado por los Consejos Directivos Provinciales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), más del 70% de los trabajadores estatales de las provincias argentinas no llega a cubrir con sus ingresos el valor estimado de la canasta familiar, medida por los técnicos de la junta interna de ATE en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Salarios promedio

Si bien es cierto que cada provincia vive su propia realidad, en términos generales, la mayoría de los trabajadores de la Administración Pública en promedio tiene un salario de 26.000 pesos, mientras que la canasta familiar alcanza, también en promedio, a los 35,647 pesos en todo el país, tomando como referencia un grupo de dos adultos y dos niños menores.
Para llegar a la conclusión de que los haberes tuvieron una caída real del 30%, hay que analizar dos variables claves: por un lado, los aumentos salariales registrados en la mayoría de las provincias durante los últimos cuatro años; mientras que los índices inflacionarios fueron ampliamente superiores a dichos incrementos. Salvo contadas administraciones que para el 2018 y el 2019 decidieron adoptar la cláusula gatillo, la mayoría ató las subas salariales a aumentos fijados en paritarias, a veces complementado con el pago de bonificaciones, pero que aún así no alcanzaron a igualar la pérdida del poder adquisitivo.
El segundo elemento a tener en cuenta es que en salarios donde el consumo de alimentos se lleva la mayor parte, la caída es más alta porque la inflación de los insumos alimenticios ha sido seis o siete puntos más alta que la inflación general. Según los datos de la seccional de ATE dentro del INDEC, en tres de los cuatro años de gobierno de Macri hubo caída del salario, a excepción de 2017 cuando se registro alguna paridad.

Responsabilidad de las provincias

Aunque el Gobierno Nacional es el mayor responsable de la pérdida de poder adquisitivo, esta situación también puede serle atribuida, en una menor porción, a las administraciones provinciales.
En este sentido, vale aclarar que desde el fallo judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que obliga devolver el 15% de los fondos coparticipables, las provincias han aumentado sus recursos financieros, por lo que casi ningún distrito cuenta con déficit fiscal actualmente.
No obstante, esta mejoría económica no se ha trasladado a mejoras salariales, ni tampoco a una mejor distribución del ingreso a las comunas bajo sus jurisdicciones. Al respecto, según el informe elaborado por ATE, un ejemplo que ha sido recurrente de esto último “es que cuando los gobiernos provinciales han fijado un mínimo salarial para todo su territorio, han sabido equiparar los mínimos salariales correspondientes a los trabajadores que están a su cargo, pero no han hecho ningún aporte a las municipalidades”.

Situación de los empleados municipales

Mientras a nivel provincial los salarios promedios son de 26.000 pesos, en los municipios la realidad es aún más preocupante, ya que los haberes medios llegan a los 17.000 pesos mensuales, en caso de aquellos trabajadores que son de planta permanente. Este grupo de empleados, según ATE, no llegan a cubrir la canasta básica en el 90% de los casos.
En los municipios el problema se intensifica porque es salarial y también laboral. Los datos aportados por CDP´s indican que en promedio casi el 50% de los municipales son contratados.
“En este estado de precarización laboral la ATE ha contabilizado la existencia de hasta 17 modalidades distintas de contratación. En los municipios es común oír hablar de monotributo, becas, tutorías, planes de inclusión, o jornalizados, entre otras variables. En este grupo de trabajadores los salarios se comprimen en una franja que va de entre los 5.000 y 8.000 pesos. Y el problema es abismal: no sólo casi el 100% de total no alcanzan a cubrir el costo de la canasta básica, la inmensa mayoría de ellos perciban salarios por debajo de los 16.875 pesos, establecido por el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM)”, afirmó el documento en cuesitón.

Cláusulas gatillos y bonos

Asimismo, una política que empezó a implementarse en los últimos tiempos y que ayudó a recomponer la pérdida del salario la aplicación de la cláusula gatillo. Sin embargo esta política que podría haber atenuado la pérdida del ingreso sólo fue utilizada por un tercio del total de las jurisdicciones provinciales. El resto se movió dentro de lo que fue la fijación de pautas salariales, también clausulas de revisión (sin obligatoriedad), y en algunos casos acompañar la pauta con la entrega de algún bono.
Donde se aplicó la cláusula disminuyó la caída del salario, pero casi siempre fue aplicada para trabajadores de la Administración Pública provincial, por lo que significó una gran discriminación hacia el personal de municipios que no tuvo el acompañamiento de la misma política, salvo excepciones, ni como quedó dicho con anterioridad, el apoyo provincial con recursos financieros.

Realidad patagónica

La región patagónica muestra dos caras salariales sumamente diferentes. Por un lado, para Chubut y Santa Cruz los costos de la canasta básica son bastantes más altos: entre 45.000 y 50.000 pesos al mes, salarios al que casi el 70% de los estatales no llegan a alcanzar. Con salarios que se sitúan en 40.000 para trabajadores de la Administración Pública provincial, entre los municipales apenas promedian entre los 20.000 y los 25.000 pesos mensuales, que imposibilitan a casi la totalidad de ellos cubrir el costo de la canasta básica.
En tanto, en Río Negro y la Pampa, las provincias más norteñas de la región, hay un ingreso promedio en la Administración Pública provincial de 25.000 a 27.000 pesos y una precarización laboral en los estados municipales que alcanza a casi el 60% del personal. En Río Negro los municipales tienen un ingreso promedio de 16.000 mensuales. En La Pampa el estatuto de trabajo sostiene la adhesión de los municipios a las políticas salariales de la provincia, pero ATE denunció que casi el 80% de los trabajadores municipales quedan fuera de esta equiparación salarial porque los municipios no abonan estas diferencias salariales.


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