VA CULMINANDO UNA GESTIÓN NACIONAL DE ´MERCANTILIZACIÓN´ DE LA INFORMACIÓN, Y UNA PROVINCIAL DE PRECARIZACIÓN MEDIÁTICA, EMPRESARIA, LABORAL Y SILENCIAMIENTO SISTEMÁTICO DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO. LAS LUCES Y SOMBRAS DE UNA PROFESIÓN SIGNADA POR LA PUJA CON EL PODER POLÍTICO DE TURNO, QUE INSISTE CON LA IMPOSICIÓN DE UNA ´VERDAD OFICIAL´

Desde la trinchera periodística


El Diario | Opinion

Por Marisa Rauta*

Va culminando una gestión y cuatro años de gobiernos, y ello permite ir sacando algunas conclusiones desde cada sector productivo de la sociedad. Después de todo, para los que vivimos de nuestro trabajo y esfuerzo, cumpliendo un rol social en la dinámica nacional y provincial, la administración de lo público es un componente importante pero no definitivo, y en todo caso, siempre mensurable y mejorable a través de la reflexión periódica que es necesario compartir.
Afirman Pablo Secchi y Rosario Pavese en un trabajo sobre medios y libertad de expresión en la Argentina actual denominada “Tiempos turbulentos”, que uno de los desafíos de la democracia es limitar los impulsos y prácticas de quienes tienen el poder en su afán por mantenerlo o fortalecerlo a fuerza de comportamientos poco éticos”. Esto refiriéndose a los aportes oficiales en carácter de pauta que garantizan la difusión pública de los actos de gobierno y además las estructuras que democratizan y pluralizan la opinión pública por ley. Un sistema que de hecho van aumentando en volumen año tras año, pero también en discrecionalidad de reparto, en el marco de un proceso que se seguirá profundizando en sus vicios si no se regula su fin y utilización con mayor honestidad.

Un tema que ´tiene que ver con vos´

El tema no es menor ni excluyente, ya que la realidad mediática es, al fin y al cabo, la arena de lucha de poder social y político por excelencia. Y la distribución de pauta publicitaria impacta en diferentes espacios: los medios de comunicación que son beneficiados, discriminados, o ignorados económicamente; los gobiernos que distribuyen la pauta; los partidos políticos opositores víctimas de las desventajas; y los ciudadanos, receptores de los mensajes que pautan los gobiernos en los medios y contribuyentes impositivos de donde sale el dinero para la pauta. Muy pocos medios tienen margen para hacer un trabajo social y altruista si no puede garantizar su supervivencia. Sin embargo, la escasa legislación que regule la distribución de pauta publicitaria en nuestro país y ni hablar de nuestra provincia, genera un sinfín de sospechas en la forma en que los gobiernos se vinculan con los medios de comunicación. Organizaciones como Poder Ciudadano y la Asociación por los Derechos Civiles han puesto, desde hace más de una década, la lupa sobre la relación entre los poderes ejecutivos y los medios de comunicación a través de la pauta publicitaria. La ausencia de criterios objetivos para la distribución, y la falta de mediación con el poder pone de manifiesto una relación -para los más democráticos- económico-política “poco clara” entre los gobiernos y los medios. Para los menos democráticos, directamente resulta un vínculo de “premio y castigo” evidente. Y según la ideología dominante, como sucede con el liberalismo macrista, la distribución presupuestaria para difusión, hasta se justifica en un mero criterio mercantilista que prioriza “mercados”.

La lógica mercantilista nacional

Esta semana, el director de Gestión de Comunicación Pública nacional analizó la situación de las empresas periodísticas y el impacto de la crisis económica desde uno de los medios más beneficiados en los últimos cuatro años. Justificó en plena retirada del gobierno que «al no haber una ley que reglamente la pauta de la publicidad oficial, discrecional va a ser siempre». Con una lectura sesgada y renegando de la reflexión y la opinión, el funcionario, los medios deben difundir información de interés público al señalar que «la gente necesita saber cuándo pagar los impuestos, qué es lo que se hace con esa plata y cuál es el estado real y verdadero de la acción pública». Las declaraciones de Enriquez fueron en el marco del evento «Comunicación gubernamental, grieta y transición, los medios y el Estado» que organizó el diario BAE Negocios en el hotel Faena.
Allí, dijo que «los medios forman, informan y sensibilizan» a sus audiencias y enfatizó que «el paradigma de la comunicación está cambiando, ya sea por la tecnología que obliga a estar en constantes cambios que generan crisis, pero a su vez produce nuevas oportunidades, por lo que el papel del Estado sería “acompañar”.
Sin embargo, en la era Cambiemos fueron cientos los medios que cerraron sus puertas y miles los trabajadores que quedaron en la calle (Ver https://latinta.com.ar/2017/12/menos-dos-anos-se-multiplico-cierre-medios-los-periodistas-echados/), no solo por la discrecionalidad en el “acompañamiento”, sino y por sobre todo por el cierre de más de 20 mil empresas de diferentes sectores en los cuatro años de “mercantilización” de la economía bajo el gobierno de Mauricio Macri que impactó de lleno en la publicidad privada que permitía sostener la pluralidades de voces mediáticas en las diferentes regiones del país. Eso sí, el 88% del presupuesto de medios lo concentró en diez empresas afines que siguen constituyendo el ´monopolio de la verdad´ argentina. (Ver https://atentochubut.com/el-desfigurado-mercado-de-medios-en-la-era-macri/ )

¿Y por casa?

En Chubut el panorama es y ha sido parecido, aunque con la componente del déficit público que justificó al gobierno a sostener la ´emergencia económica´ y cercenar gran parte de los aportes publicitarios a los medios ´no amigos´ o que se negaron a pintar de rosa una realidad absolutamente oscura política, económica, y social. Entre los primeros dos años de padecimiento del exgobernador Mario Das Neves, donde el aparato gubernamental se sostenía en manos de un equipo transitorio con fuerte influencia familiar, hasta la continuidad de gestión de su vice, Mariano Arcioni, el vínculo con la mayoría de los medios de la provincia siempre fue absolutamente discrecional y basado en un ´toma y daca´ de ´favores´, (tal como interpreta el gobierno el vínculo con la prensa), sobre todo basado en la omisión, bien lejos de la naturaleza esencial de la prensa que es precisamente la emisión. Para el escribano comodorense aquellos periodistas profesionales o medios masivos que no aceptan este tipo de vínculo, donde la mayor parte de la ´realidad´ sucede entre bambalinas, en mesas chicas y a espalda de los gobernados, son directamente ´enemigos´ públicos. Así lo ha manifestado en reuniones privadas varias, hasta llegar a legitimar un plan político de ´limpieza´ de ´versioneros no simpatizantes´ a través de la pulida estrategia gestada por uno de sus ministros Coordinadores. A partir de esto y bajo argumento de la situación financiera provincial, Arcioni hizo borrón y cuenta nueva con los medios, pero eso sí, una vez garantizada su reelección, financiada en su mayoría desde la estructura oficial. Fue cuando después de las generales anticipadas de junio pasado, el Gobierno provincial envió una nota digital sin firma de ningún funcionario anunciando la baja de la pauta oficial a la totalidad de los medios de la provincia. Un destrato pocas veces visto para con la mayoría de las pymes chubutenses de este sector. A partir de allí, las negociaciones corrieron por andariveles ´no oficiales´ y de acuerdo al nuevo mapa de amigos del escribano. A los demás, el estado les mantuvo algún aviso esporádico como para evitar el reclamo judicial por discrecionalidad que se le podía venir. Mientras que el otro disciplinamiento fue el compromiso de pago de deudas acumuladas, la mayoría de las cuales fue comprometidas con un bono llamado Ticadep que resultó otra gran mentira y dilación en el tiempo con la que aún controla a los medios que necesitan cobrar esa deuda. Este escenario puso a la mayoría de los medios de la provincia en una situación agónica, que además se ven afectados por una provincia literalmente parada y con sus aparatos productivos (industria, comercio y servicios) absolutamente relentizados, con el consiguiente impacto en la publicidad privada y por ende en el congelamiento de salarios a los trabajadores. No en vano Chubut ha sido el ´botón de muestra´ del caos federal que podría reproducirse en las provincias, con impacto en los agentes del estado, endeudamiento público descontrolado, enriquecimiento ilícito de funcionarios y renegociación espuria de los recursos naturales, reflejado mayoritariamente por los medios nacionales, a sabiendas de los fuertísimos condicionamientos que los medios locales soportan. Y no sólo por las vías ´legales´ sino y además, por otras que han incluido el ataque sistemático a través de redes sociales a aquellos empresarios mediáticos que se han negado a doblegarse al poder de turno y han tenido condiciones para readaptar sus estructuras y resistir los embates.
“El Partido no deberá convertirse en el alguacil de la opinión pública, deberá dominarla. No será un sirviente de las masas, sino su amo”, decía el mayor ideólogo de la propaganda oficial, Adolf Hitler.
Como contrapartida al prácticamente ´plan de exterminación´ que se proyectó en Chubut sobre los medios tradicionales (periódicos, TV y radio), donde en el fondo hay una puja de poder con la historia que atesoran y desempolvan recurrentemente los líderes mediáticos pudiendo crear elocuentes comparativas del evidente deterioro de conducción provincial, el gobierno comenzó una paulatina sustitución de ´soportes´. Bajo la consigna de la utilidad de las redes sociales y la fuerte influencia digital, que no se puede negar, aunque si analizar, busca virar sus aportes a sitios mucho más despersonalizados e indocumentados que reproduzcan sin muchos miramientos el escaso relato oficial. Para esto incluso comenzó a circular un estudio de influencia de medios rentado que ayuda a convencer cuáles son los mejores medios para comunicar en territorio. Un trabajo para nada inocuo impulsado por una empresa comodorense nominada 3Comunicaciones, precisamente a la que pertenece la subsecretaria de Medios de Arcioni en carácter de ´directora´, la licenciada Vanesa Abril. (https://twitter.com/vanesabril?lang=es ) Que la subsecretaria de Medios diga que medios son los ´más adecuados´ al empresariado, y establezca el ranking mediático de Chubut a través de un servicio rentado con valores que no bajan de los $100 mil, es junto a otorgarse publicidad oficial autocontratándose por organismos públicos (autárquicos o no), a todas luces una gravísima falta a la libertad de expresión, con abuso de poder incluido, además de una falta grave a los deberes de funcionario público que como mínimo que merecería una investigación judicial. (Ver https://3ce.com.ar/tag/investigacion/ )
Por todo esto, y desde la misma trinchera es como entraremos al año 2020, nosotros haciendo periodismo y cumpliendo 22 años como medio escrito y empresa editorial con la rigurosidad profesional, la austeridad económica y la dignidad humana que nos enorgullece. Otros haciendo negocios.

*Editora responsable, directora periodística y socia-presidenta de El Diario de Madryn S.A.


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