LA DISCRIMINACIÓN HACIA LOS INDIVIDUOS QUE ESTUVIERON PRIVADOS DE SU LIBERTAD IMPOSIBILITA LA REINSERCIÓN SOCIAL

Cómo repercuten los estigmas hacia las personas que estuvieron en prisión


El Diario | Regionales

Según el ordenamiento jurídico de nuestro país, las penas privativas de la libertad tienen como finalidad que las personas que cometan delitos puedan reinsertarse socialmente luego de cumplir sus respectivas penas. No obstante, este ideal previsto en las leyes vigentes parece estar muy lejos de la realidad.
Una vez que un individuo cumple su pena e intenta volver a formar parte de la comunidad se encuentra con distintas trabas e inconvenientes, lo que hace prácticamente imposible que la persona pueda resocializarse. Uno de los principales flagelos que tiene la sociedad argentina es la discriminación hacia la gente que cuenta con antecedentes de estas características, a quienes se les dificulta considerablemente conseguir empleo y poder desarrollar su vida de manera regular.
Otro obstáculo que deben sortear las personas privadas de su libertad es el “tratamiento” obtenido en los centros de detención correspondientes. En este contexto, Chubut es uno de los máximos exponentes de la situación crítica que atraviesan casi todos los sistemas penitenciarios del país.
Las cárceles deben fomentar las formaciones educativas y laborales hacia los reclusos, algo que no se cumple en la totalidad de los casos. Además, en el distrito patagónico un gran porcentaje de presos están cumpliendo sus condenas o esperando a ser sentenciados en comisarías o centros de detención en los que no se deberían disponer a estas personas, ya que no cuentan con la infraestructura correspondiente.
Así, la estigmatización que reciben las personas que han pasado por un proceso privativo de su libertad, lo que provoca que no se pueda reinsertar socialmente, influye directamente en la reincidencia en la comisión de ilícitos.

Déficit ocupacional en Chubut

Al respecto, Luciana Capone, integrante de la Oficina de Asistencia a Personas Privadas de su Libertad (OAPPL) de Puerto Madryn, mantuvo una entrevista con El Diario sobre esta problemática. En primer lugar, la defensora pública remarcó que la labor realizada en dicho espacio se centra en “intentar, dentro de lo posible con los pocos elementos que tenemos, brindarles lo que dice la ley”. Al respecto, cabe aclarar que, como se mencionó anteriormente, la finalidad del ordenamiento jurídico respecto a las penas es la resocialización.
Sobre el déficit ocupacional que está atravesando Chubut hace largos meses en materia penitenciaria, Capone explicó que el cumplimiento de penas en comisarías y que haya más reclusos que cupos disponibles “es una particularidad de esta provincia. Ocurre en otras también, pero es una particularidad de esta provincia que el grueso de las personas que se encuentran condenadas no están alojadas en centros de detención, alcaidías o servicios penitenciarios, sino en comisarías”. “Esto acarrea un montón de consecuencias. Por un lado, las comisarías no están dispuestas para eso y ediliciamente no están preparadas, al igual que el personal, ya que están formados para la prevención”, agregó.

Imposibilidad de las comisarías

“Lo que marca la ley es que las personas que estén privadas de su libertad estén en servicios penitenciarios que brinden todo el sistema de reinserción que dice la ley, que es que tengan un programa de ‘tratamiento’ que está dividido en distintas áreas. Se tiene que cumplir con el área de salud, que incluye no solamente la salud física sino la salud psicológica; educación, que incluye primaria, secundaria y también terciaria; o capacitación en oficias; un área de asistencia social, que trate de ayudar en los lazos familiares; seguridad interna; y trabajo”, manifestó la representante de la OAPPL.
Asimismo, es imposible que todo esto pueda lograrse de manera óptima en las comisarías, por lo que en Puerto Madryn se comenzaron a generar lazos con instituciones exteriores. “Las personas que están presas en comisarías tienen acceso a la salud a través del médico policial que va nada más en las urgencias. Desde la Defensa Pública gestionamos turnos con el hospital público”, precisó.

Imposibilidad de acceder a formaciones

Al ser consultada sobre la imposibilidad de acceder a las formaciones educativas y laborales y la influencia que tiene esto en la reinserción social de los individuos que cumplen penas privativas de su libertad, Capone dijo: “Podemos dotar de un montón de herramientas a las personas cuando se encuentran en contexto de encierro, pero lo que no tenemos es un patronato que haga el lazo entre las personas privadas de su libertad y las instituciones privadas de afuera, a los efectos de que consiga trabajo”.
Además, en esta misma línea, la defensora pública ratificó que “cuesta encontrar empleadores que los tomen (a las personas que estuvieron presas). Tanto en salidas transitorias como quienes están en libertad condicional. Entonces, vuelven a la libertad con formaciones y dotados de herramientas, pero con un certificado de antecedentes encima y sin una posibilidad laboral”.

Estigmatización social

Al respecto, la integrante de la OAPPL explicó que esto último corresponde a una estigmatización social, lo cual repercute en la imposibilidad de que los individuos se reinserten socialmente. Además, esto genera que en muchos casos quienes no puedan “normalizar” su vida vuelvan a caer en las redes del sistema penal y convertirse en reincidentes.
Por último, Capone explicó que la relación que existe entre aquellas personas que no pueden resocializarse y la reincidencia es “directamente proporcional”. “Es una persona que choca contra la pared constantemente y está en una rueda de la que sabe que no va a salir. Es como estar atrapado entre la espada y la pared y no tiene la posibilidad de salir. Esto incide en los altos niveles de reincidencia”, concluyó


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