Cada vez parecería ser mayor la cifra de armas y municiones incautadas en el marco de distintos operativos policiales. Sin embargo, distintas asociaciones advierten que la realidad dista mucho de ser ideal, principalmente, porque más de la mitad de las 3 millones de armas que circulan en Argentina no están declaradas.

La cantidad de armas que se incauta anualmente parecería ser sideral. Tras el reciente “Operativo Palak”, personal de Gendarmería Nacional secuestró más de dos mil armas, 30 mil municiones y hasta un cañón, en lo que el Ministerio de Seguridad definió como la operación “más grande de la historia” en dicho ámbito.
Sin embargo, varias entidades, entre ellas la Red Argentina para el Desarme, salieron a cruzar los dichos de la ministro Patricia Bullrich, advirtiendo la “tardanza” del operativo ya que la banda desarticulada habría operado durante años en el país “sin que la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) pudiera detectarla”.
En la provincia de Chubut, los hechos delictivos menos complejos suelen implicar la utilización de armas de fuego, ya sea para amedrentar a las víctimas, o bien en el marco de hechos más graves, como enfrentamientos entre grupos antagónicos; si bien no existen cifras oficiales, los resultados de los operativos policiales dan cuenta de la presencia, mayormente, de armas de fuego y de fabricación casera, comúnmente conocidas como “tumberas”.
En la actualidad se estima que en Argentina hay más de un millón y medio de armas registradas, no obstante, para varias organizaciones, el número real es hasta 2,5 veces mayor, teniendo en cuenta que no todas las personas de la sociedad civil que poseen armas tramitaron su tenencia legítimamente.

Advierten “ineficacia estatal”

En este sentido, integrantes de la Red Argentina para el Desarme expresaron que, recientemente, “el Gobierno Nacional anunció con bombos y platillos una serie de allanamientos y detenciones presentada como el ‘decomiso de armas más grande de la historia, sin embargo, a medida que los hechos fueron saliendo a la luz quedó en evidencia que este secuestro distaba mucho de ser un éxito de la política criminal”.
Por el contrario, argumentaron, “parece tratarse de una nueva muestra de la ineficacia estatal y de la connivencia política con los grandes actores del mercado ilegal de armas”.

Mercado de armas y “descontrol”

Al mismo tiempo, explicaron que “según lo informado por fuentes oficiales, el arsenal secuestrado ascendía a más de 2.500 armas, que iban desde granadas hasta ametralladoras y minas anti-tanques, y 30 mil municiones; el operativo fue iniciado por las fuerzas de seguridad de Estados Unidos y continuó con una investigación por parte del Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad de Argentina, que permitieron identificar al resto de los implicados”.
Sin embargo, continuaron, “lejos de tratarse de un ‘éxito’ de las fuerzas locales, lo cierto es que el decomiso puso en evidencia el absoluto descontrol existente sobre el mercado de armas de fuego en Argentina”, agregando que “parte de este armamento se almacenaba en establecimientos que habían sido autorizados por la ANMAC o por el viejo RENAR, pero cuya habilitación estaba vencida”.

Camuflados como “coleccionistas”

En relación a esto último, recordaron que “ese es el caso de TALA, empresa que funcionaba en un predio perteneciente a las Fuerzas Armadas y ya tenía antecedentes del año 2004 por almacenar irregularmente bombas de 500 y 1.000 kilos, cohetes antiaéreos de 57 milímetros, detonadores y explosivos”, mientras que “el resto estaba en armerías y casas particulares; de hecho, 16 de 17 detenidos eran ‘legítimos usuarios’, varios de ellos, coleccionistas”.
Esto “significa que las personas implicadas son, en su mayoría, aficionados, coleccionistas y comerciantes de armas, es decir, sujetos de control por parte del Estado”, advirtieron.

Posible contrabando

Siguiendo la misma línea, desde la RAD plantearon que “el Estado podía haber conocido la existencia y la ubicación precisa del arsenal ilegal, pero durante todos estos años no hizo nada para fiscalizarlo y secuestrarlo”, añadiendo que “asimismo, las maniobras descriptas por las propias autoridades sugieren que había locales establecidos y autorizados por el Estado que tenían un doble funcionamiento, legal e ilegal, y que en esa ilegalidad abastecían a grupos criminales de nuestro país y de la región, por lo que podría tratarse de un caso de posible contrabando”.

Funcionario detenido

La gravedad del hecho “es aún mayor”, remarcaron, fundamentando que “ya que el Estado nacional fue responsable de la libre circulación de este arsenal ilegal no sólo por omisión, sino también por acción directa de sus funcionarios” y que, en tal sentido, “la banda no solamente operó en nuestro territorio durante años sin que el RENAR pudiera detectarla, sino que uno de los presuntos contrabandistas era funcionario del Ministerio de Defensa dirigido por Oscar Aguad”.
En dicho contexto, denunciaron que “el Estado es responsable de la desproporcionada circulación de armas de fuego en nuestro país y de las 8 muertes por día que las armas provocan”.

Pedido a los presidenciables

Por otra parte, la asociación recordó que “a cuatro años de su sanción, el gobierno aún no implementó la Ley de creación de la ANMAC, la agencia nacional de control de armas de fuego, que sigue sin los recursos presupuestarios que le permitan llevar adelante una política eficiente de control de armas y desarme” y admitieron que “no es casual que en nuestro país circulen más de 3 millones de armas de fuego, de las cuales sólo la mitad está registrada y sólo el 15 por ciento tiene la autorización vigente”.
Señalaron además que, habiendo transcurrido días atrás la Semana Nacional del Desarme, presentarán “un petitorio público, solicitando a todos los candidatos presidenciales el compromiso de implementar de manera urgente, las políticas necesarias para reducir y controlar el circulante de armas de fuego y prevenir la violencia armada en nuestro país”.

Operativos “antinarco” y armas

Uno de los informes más relevantes, elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, tiene que ver con la incautación de distintos bienes a partir de operativos antidrogas; si bien se trata de una porción de los elementos secuestrados ya que la estadística se encuentra ligada a un sólo tipo de procedimiento, el documento enumera “estupefacientes”, “vehículos”, “armas y municiones”, “bienes relacionados con la producción” (de estupefacientes), “tecnología” y “divisas”.
Del total expresado en pesos de los secuestros, que asciende a 23.385.311,702 pesos, las “armas y municiones” incautadas representan el 0,17 por ciento ($40.825.892), es decir, menos del uno por ciento.

Cuánto se incautó en 3 años

Entre los años 2016, 2017 y enero y julio de 2018, última fecha relevada, según el Ministerio de Seguridad nacional se incautó un total de 1.993 armas de fuego, nueve granadas y 46.402 municiones; ello, sin contabilizar las secuestradas en el “Operativo Palak” recientemente, que prácticamente duplicarían la cifra de los últimos tres años en un único procedimiento, que implicó más de 50 allanamientos realizados por la Gendarmería Nacional.

Armas en Chubut

Por otro lado, en lo que refiere a la provincia del Chubut, no existen estadísticas públicas respecto de la cantidad de armas incautadas, pero los distintos hechos policiales que ocurren con frecuencia, dan cuenta de que la utilización de revólveres y “tumberas” configura un escenario común dentro del mapa delictivo.
Usualmente, en la mayoría de los homicidios registrados año a año suele mediar el empleo de armas blancas y elementos punzo cortantes; llamativamente, a diferencia de otras provincias donde el “homicidio en ocasión de robo” suele implicar el uso de armas, en Chubut el mayor nivel de secuestro de estos elementos suelen ser los controles de tránsito (requisa vehicular mediante), los allanamientos producto de hechos delictivos, y las propias detenciones realizadas por la fuerza pública en el marco de delitos in situ.

Qué dicen las cifras reales

El Observatorio de Adolescentes y Jóvenes se hizo eco, tiempo atrás, de los dichos de la ministro Bullrich, quien había asegurado en declaraciones a la prensa que “el 99 por ciento de la gente que muere por un arma de fuego en Argentina, muere a manos de un delincuente”.
En este sentido, citaron las estadísticas de las causas de muerte, a partir de las defunciones registradas por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, y precisaron que “de las 2.583 personas muertas por armas de fuego en Argentina en el año 2016, el 2,3 por ciento fueron muertes por accidentes con armas de fuego (59 casos); 21 por ciento fueron muertes por lesiones autoinflingidas intencionalmente con armas de fuego, esto es, suicidios con armas de fuego (543 casos); 44,5 por ciento fueron muertes por agresiones con armas de fuego, esto es, homicidios dolosos con armas de fuego (1.150 casos); y 32,2 por ciento fueron muertes con armas de fuego de intención no determinada (831 casos).

Zonas “calientes”

Por otro lado, el Observatorio de Seguridad Ciudadana arroja datos aún más preocupantes: “el uso de armas de fuego como mecanismo del homicidio es significativamente más alto en América Latina (6 casos de cada 10) que en el resto del mundo (3 casos de cada 10)”.
En el plano internacional, de los seis países donde se produce la mitad de las muertes por arma de fuego, seis pertenecen a América Latina: Brasil, Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela y Guatemala, de acuerdo a un relevamiento realizado por BBC.
En el caso de Brasil, uno de los países vecinos de Argentina, el promedio supera las 43 mil víctimas anuales, un aumento sustancial en virtud de las 27.300 muertes registradas en 1990, hace ya tres décadas.

Cifras “oficiales” y “reales”

Otro escenario grave tiene que ver con que, actualmente, en Argentina las armas en manos de civiles literalmente duplican a las que se encuentran registradas.
Estas últimas ascienden hoy a poco más de 1.640.000, según la ANMAC, creada en 2015 para reemplazar al Registro Nacional de Armas (RENAR).
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), que forma parte del Consejo Consultivo de Anmac, sostiene que a los datos oficiales hay que duplicarlos, por lo que advierte que en realidad existen “entre 3 y 4 millones de armas” en el país; además, agrega que el número de las armas en la sociedad civil siempre fue mayor de lo que el Estado conoce como tal, ya que se debe contemplar que acceder a armas de fuego no necesariamente implica que la persona haya tramitado su tenencia legítima.

“Armas para el pueblo”

Además, a pesar de la gran cantidad de armas de fuego que circulan en las calles, solamente el 30 por ciento de los usuarios está registrado, según ANMAC; el organismo oficial detalla que hay 1.016.843 usuarios autorizados por el Estado en 2019, pero advierte que el 70 por ciento de los mismos presenta alguna irregularidad.
En la actualidad, unos 711 mil usuarios que tienen su credencial de portación de armas vencida en base a dicha cifra.
Por otro lado, en la información sobre solicitudes de portación de armas que la Anmac sube regularmente a la plataforma de acceso público, desde 2017 se realiza un promedio de 50 mil solicitudes nuevas por año.