Desde hace tiempo, el feminismo ha tomado un protagonismo impensado en la cultura del colectivo social. Tal es así que, debates como el de la despenalización de la Interrupción Legal del Embarazo, si bien no confluyeron en una Ley, dejaron sobre la mesa de discusión ese y otro sinnúmero de temáticas que, hasta entonces, no habían sido abordadas en su totalidad por la clase política. Por qué, al día de hoy, todavía resulta complicado que los reclamos de la sociedad sean canalizados en las instituciones públicas. Cuáles son los errores más comunes en los debates.

El feminismo ha tenido, en los últimos años, un doble efecto en las sociedades a nivel mundial. El primero, como fenómeno y, el segundo, como movimiento. En Argentina, con el debate sobre la despenalización del aborto en la mesa legislativa el año pasado, el empoderamiento de diversos sectores llevó a que surgieran nuevos protagonistas de una temática que atraviesa a todas las comunidades, y que tiene que ver con el respeto, la diversidad y la igualdad; todo ello, aplicado de manera equitativa a las distintas temáticas que hoy convocan a la sociedad argentina a debatir “de dónde viene” y “hacia donde quiere ir”.
La muerte de una beba a cuya madre, de 12 años y embarazada producto de una violación, le practicaron una cesárea, volvió a encender las alarmas de una discusión que, lejos de culminar, parecería sumar un nuevo capítulo este año, en la antesala del tratamiento que varios proyectos tendrán en el Congreso de la Nación, entre ellos, el de aborto no punible, que finalmente no obtuvo un acompañamiento por parte de la Cámara de Senadores el año anterior.

Una nueva “grieta”

La búsqueda de la igualdad de género transitó varios episodios disruptivos, no sólo en lo que refiere a la eliminación del “machismo” como eje transversal a las conductas sociales -tanto de hombres como de mujeres-, sino, incluso, en el propio lenguaje, que buscó ser modificado y promovido bajo la premisa de incluir a “todos por igual” y sin que se hiciera referencia a un género u otro.
Contrariamente a lo que la “ola verde” preveía hace algunos meses, y como suele ocurrir en Argentina, las posturas comenzaron a afianzarse cada vez con mayor ahínco, lo cual generó una nueva “grieta” reflejada en los “pañuelos verdes” y los “pañuelos celestes”, pero que en realidad es mucho más profunda y se remonta a los mandatos culturales de hace décadas.

La masificación del mensaje

En la provincia de Chubut, una resonante denuncia a través de las redes sociales por un caso de violación ocurrido presuntamente en 2012, volvió a encender las voces de los colectivos feministas, y de instituciones y entidades que bregan por un género pasible de igualdad y Justicia, entre otras cuestiones.
La masificación en el plano tecnológico también cobró una inusitada fuerza, no sólo con este tipo de denuncias, sino con todos los tópicos relativos al género y al feminismo en sí mismo, hoy cuestionado por adquirir, en algunas de sus estructuras, posturas radicalizadas e inflexibles, sin que se pueda dar lugar a una discusión constructiva. Lo mismo ocurre del otro lado, por parte de quienes han rechazado este tipo de movimientos, que no son nuevos, sino que han ido tomando fuerza a partir de hechos concretos; algunos de ellos históricos, como la Ley 13.010 que instituyó el voto femenino en 1947, y otros más lamentables, como los femicidios que casi a diario sacuden a distintas comunidades del país, y vuelven a dejar en evidencia que los protocolos y dispositivos de seguridad no funcionan como deberían.

Las políticas públicas, pendientes

Una de las mayores exigencias hacia la clase política por parte de los colectivos feministas no tiene que ver con el posicionamiento de sus representantes, sino con la representatividad emanada del electorado; ello se vio, en gran medida, durante el debate por la despenalización del aborto llevado a cabo en el Senado de la Nación, donde varios de los legisladores advirtieron que votarían por sus propias convicciones, mientras que otros incluso sometieron su voluntad a encuestas virtuales.
Hubo quienes, inclusive, reconocieron no haber leído el proyecto de Ley pero adelantaron que no acompañarían el mismo, por estar “en contra del aborto”, y hasta hubo un “acto fallido” en el que una legisladora consideró que un bebé con Síndrome de Down era un ser humano que padecía un enfermedad.
Debates y posturas para todos los gustos, sí hubo, pero lo que faltó fue, efectivamente, la escucha por parte de la clase política hacia la interminable cantidad de personas que apoyaban la iniciativa, que finalmente no prosperó.

Resolver las “injusticias de género”

En su documento de investigación titulado “Políticas públicas para la igualdad de género”, las autoras María Cristina Benavente y Alejandra Valdés, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se refieren al empoderamiento de la mujer basado en el propio empoderamiento de las instituciones, algo que hoy en Argentina y en la mayoría de las provincias que la integran, es una deuda pendiente.
“El empoderamiento como proceso y la autonomía de las mujeres como estado configuran así, en conjunto, una condición para la igualdad; ll logro de la igualdad, objetivo que constituye el horizonte planteado en cuanto ejercicio pleno de derechos, responsabilidades y oportunidades por parte de todas las personas, sean hombres o mujeres, es un compromiso que se ha ido reflejando en distinta medida en la gestión pública de los Estados y que respecto de la igualdad de género se manifiesta en la manera en que las políticas pueden resolver injusticias de género y garantizar la autonomía física, económica y política de las mujeres”, explicaron.

Dinámicas excluyentes

Otro tema al que hace referencia de manera incipiente el documento es que “las políticas públicas de género han avanzado a contracorriente de las políticas que en las dos últimas décadas han propiciado la reducción del papel del Estado y la desregulación de los mercados financieros y de trabajo, y en que se concibe a las políticas sociales como forma de compensación de las dinámicas excluyentes que resultan de la aplicación de ese paradigma”, lo cual significó que mientras se producía el reconocimiento de jure de los derechos de las mujeres, se debilitaba la institucionalidad del Estado y, a menudo, se subordinaban los objetivos de igualdad a los objetivos de crecimiento económico”.

La discusión pública

Lo que estaría faltando es, evidentemente, un trabajo aceitado entre las distintas instituciones gubernamentales, sociales y de la sociedad civil; en este contexto, las autoras plantearon que “las organizaciones de la sociedad civil y, en particular, las organizaciones de mujeres desempeñan un rol central, no solamente por señalar los nudos más importantes respecto de la igualdad de género sino también por su capacidad para abrir procesos y poner en la discusión pública las principales problemáticas relacionadas con la Justicia”.
Dicha “participación de las organizaciones sociales y de la sociedad civil es esencial a lo largo de todo el ciclo de la política y debe ser considerada así por los políticos y legisladores”.

Los mensajes “malditos”

Una variable no menor de la temática es la masificación de los mensajes y las denuncias a través de las redes sociales, algo que los “detractores” de los movimientos feministas han tomado como bandera para elevar la discusión; concretamente, un caso resonante ocurrió en Bariloche a fines del año pasado, donde un joven menor de edad que fue denunciado por haber cometido un presunto abuso hacia su ex, se quitó la vida luego de las repercusiones “virtuales” que tuvo el mensaje. Sin embargo, la joven que lo denunció reconoció, días después, de que dicha denuncia era falsa, algo que generó controversia respecto de cómo, muchas veces, trascienden relatos a través de las plataformas más utilizadas por la ciudadanía, sin que las mismas se encuentren fundamentadas en un marco legal, jurídico o con una denuncia concreta.

Una historia de desigualdades

No obstante, entender este tipo de metodología como una “estrategia” para que algunos movimientos feministas posicionen su agenda en el debate público, está lejos de la realidad, y respondería concretamente a la historia de la desigualdad de género en Argentina y en el resto del mundo, donde muchas veces, cierta clase de situaciones eran ocultadas, negadas e incluso cohibidas por un sistema que no permitía dar voz a reclamos concretos.
Con la “viralización” como uno de los canales de comunicación más frecuentes entre los jóvenes, en la era de las “fake news” o “noticias falsas”, muchos son los que cuestionan la legitimidad de lo vertido en las redes sociales por parte de los colectivos feministas y, más aún, por quienes de manera individual se animan a contar su historia, no sólo a modo catártico sino, también, para advertir al resto de sus pares sobre una mecánica patriarcal que continúa arraigada, incluso en pleno siglo XXI.

Un pilar sostenido desde afuera

Sumado a ello, lo que el debate por la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ILE) dejó, además de las posteriores discusiones que se remontan al día de hoy, es una clara evidencia de que muchos representantes políticos se encuentran lejos de la preparación técnica requerida para abordar temáticas que están en boca de la sociedad, y que las comunidades demandan para mejorar su calidad de vida.
Entre ellas, la igualdad de género es uno de los principales pilares que, poco a poco, parecería erigirse con mayor firmeza, por acción de las partes que lo rodean y sostienen, pero no así, por parte de las políticas e instituciones públicas.

Leyes a nivel provincial

La provincia de Chubut, desde hace algunos años, ha comenzado a materializar las respuestas a demandas de distintos colectivos; prueba de ello fue la adhesión, en el caso de Puerto Madryn a la Ley del Cupo Laboral Trans, que implica un determinado porcentaje, acaso mínimo, de vacantes en el Estado Provincial y estamentos locales, a ser cubiertas por integrantes del colectivo LGBTIQ.
Otra normativa latente, aunque intermitente, es la Ley de Paridad de Género, que establece la composición de partidos políticos a partir de la presencia escalonada de varones y mujeres, respetando la premisa del “50-50” para garantizar equidad entre las partes.
Sin embargo, aquellas son tan sólo variables institucionales que suman a un debate que parecería no estar terminado, en tanto la “grieta” que divide a los feministas de aquellos que dicen ser “ni lo uno ni lo otro”, es decir, “ni machistas, ni feministas”, buscan fundamentar su postura en hechos concretos y no en la discusión de fondo, que incluye a la sociedad en toda su composición, más allá de los géneros que la integren.

Diseñar políticas, pero evaluarlas

A todo ello se suma la falta de estadísticas concretas a nivel nacional, donde las cifras, por ejemplo, de femicidios, son relevadas por tantas instituciones, observatorios y entidades públicas, que llegar a concebir un indicador certero es casi imposible, generando una consecuencia directa en la elaboración de políticas públicas basadas en lo discursivo, pero que al momento de intentar actuar sobre una variable concreta, esta última está lejos de serlo.
“Cuando se habla de políticas justas para la igualdad de género, es importante comenzar a poner más énfasis en la fase de evaluación de las políticas. Más allá de sus objetivos, lo que debe predominar son sus resultados e, incluso más, sus efectos en la superación de la desigualdad que se buscaba enfrentar. Este punto es precisamente uno de los más débiles en el análisis de políticas, ya sea porque se trata de políticas recientes y las evaluaciones son incipientes, o porque los aspectos evaluados no necesariamente están formulados para dar cuenta del rol que cumple la política en la solución de ciertas situaciones de injusticia. En este sentido, es preciso enfatizar la relevancia de explicitar el objetivo de Justicia de la política en un horizonte de igualdad de género”, plantea el estudio de CEPAL.