Recientemente, el psicólogo forense y criminólogo de Chubut, Daniel Schulman, viajó a Barcelona, España, con el objetivo de sumar experiencias que ayudarán a atenuar la problemática de la violencia de género, a partir de la toma de contacto con un programa carcelario implementado en dicho país.
Se trata de uno de las problemáticas más profundas que enfrenta el país desde hace años, a la cual no se ha logrado “dar en la tecla” desde algunos de los aspectos de su abordaje, principalmente desde el institucional; si bien existen programas, como por ejemplo en Puerto Madryn, donde tanto la víctima como el agresor asisten a reuniones donde se analiza lo ocurrido en pos de concientizar y sensibilizar a ambos respecto de dicho flagelo, lo cierto es que muchas veces la participación es voluntaria y escasa.
A su vez, algunas decisiones judiciales han generado polémica en la propia comunidad chubutense respecto de la atención a los casos de violencia de género; por ejemplo, el cambio de carátula de “intento de femicidio” a “lesiones” del caso que tuvo como víctima a Érica Gallegos, quien fue apuñalada por Brian Petrillán y que, según planteó su defensor, como las lesiones fueron por debajo de la cintura no tuvo intención de matarla.
El hecho ocurrió en Puerto Madryn, una de las ciudades que históricamente ha tenido mayor cantidad de denuncias por casos de violencia de género frente a otras localidades.

“No es imposible aplicarla acá”

El especialista viajó junto a diez profesionales de otras provincias argentinas
“Fue una experiencia muy enriquecedora, y estoy seguro que podemos aplicarla acá. No es para nada imposible. Hay que sacar algunos prejuicios y fomentar la inversión”, sostuvo Schulman en referencia a su participación en el Programa de Capacitación de Tratamiento Diferencial para Agresores de Género realizado en Barcelona el pasado mes de noviembre. El criminólogo es integrante del Equipo Multidisciplinario de la Procuración General y, a partir de gestiones ante el Consejo de Procuradores y del área Política Criminal, se dio la oportunidad de participación en la actividad.
Del programa participaron también representantes de otras provincias argentinas como Córdoba, Mendoza, Río Negro y Santiago del Estero, entre otras. El programa fue llevado adelante por profesionales de esa ciudad de Cataluña y también integrantes de distintas ONG.

División según delitos y perfiles

Al respecto, el profesional reconoció que “uno se da cuenta que hay mucha inversión en ejecución penal, y eso da los mejores resultados; nosotros tuvimos la oportunidad de conocer una cárcel ubicada a 40 kilómetros de Barcelona donde están quienes cometen delitos de violencia de género” y precisó que “allí, uno se da cuenta de las diferencias en el tratamiento de esta problemática y ve los resultados; la baja del índice de la reincidencia que en definitiva es uno de los objetivos”.
En esta línea, sostuvo que “allí se dividen los pabellones por delitos y por personalidad de los condenados, en función de la reeducación que también es algo por lo que se trabaja con intensidad; se trabaja en espacios medio abiertos, con quienes tienen que cumplir una condena específica”.

Más civismo y respeto por las leyes

Por otro lado, Schulman puntualizó que “existe una formación teórica y otra práctica en cuanto a la violencia de género, y se hace hincapié no solo en el delito también en la problemática que puede causarlo como lo son, por ejemplo, la droga y el alcohol”.
Sobre este punto, el psicólogo mencionó que, en el marco de las experiencias vividas durante el programa desarrollado durante diez días en la ciudad condal hubo un cine-debate, donde se proyectó una película sobre violencia de género y luego se debatió entre los mismos presos: “Todas estas cuestiones que vimos hacen que el índice de reincidencia baje de manera importante. Uno ve más civilismo, más respeto por las leyes”, admitió.

Posibilidades de aplicación

A su vez, el especialista adelantó que “con todo el grupo que participó de esta experiencia se hará un documento o protocolo con parámetros comunes a para implementar todo lo que nos dejó el programa”; sumando a ello que “seguramente será general, pero después cada uno lo adaptará a las realidades de su provincia, y seguramente aquí en Chubut haremos una prueba piloto como primer paso y después llevaremos la experiencia a toda la provincia; trabajando con grupos sociales, entidades intermedias, ONG y las áreas de salud y educación. Solo se necesita de la decisión y obviamente también de inversiones”.

Aprendizaje del agresor y la víctima

Además, comentó que también se realizó un análisis en cuanto al cumplimiento de la prohibición de acercamiento a la víctima ante un hecho de violencia de género: “Eso se debe respetar sin que haya excusas. Y quienes lo tienen saben que si no lo hacen van a la cárcel. Puede ocurrir, y aquí vivimos algunos casos, que la víctima sea la que se acerque. Me llamó la atención un caso que ocurrió en Barcelona. La víctima mujer se acercó a quien la había golpeado y el victimario llamó a la Policía para avisar. Por eso hay un aprendizaje, tanto para los agresores como para las víctimas, clases teórico-prácticas”.

No mezclan a presos por distintos delitos

De acuerdo a la experiencia vivida, Schulman sacó algunas conclusiones relevantes. Por ejemplo, que nadie puede negarse a seguir un tratamiento y que quienes están presos no tienen momentos de ocio porque eso resulta peligroso.
Por eso, existen en la cárcel distintos talleres de trabajo como el de fabricación de autopartes, carpintería, costurería y hasta hay quienes hacen mantenimiento en el lugar.
Por otro lado, también hay módulos deportivos, y no mezclan a los presos de distintos delitos, así como “tampoco los juntan con quienes ya están a punto de egresar para evitar que se logre un contacto con el exterior”, expuso.
La cárcel que visitó tiene capacidad para unos 1.800 internos, y en ese momento había 1.500 entre los que se encontraban también extranjeros como marroquíes, bolivianos y un uruguayo, entre otras nacionalidades.

Reparación económica

El integrante del equipo interdisciplinario de la Procuración mencionó, además, que “muchos de los programas que se aplican tienen sus raíces en Canadá” y puso en relieve que “estas políticas se pueden aplicar aquí porque hay un excelente recurso humano, no es imposible hacerlo, sólo hay que invertir”, añadiendo que “la experiencia que nos dejó es que realmente se resocializa al sujeto que cometió un delito de violencia de género; se trata de detectarlo en la primera transgresión para comenzar a modificar su conducta antes que la problemática se agudice”.
Schulman arrojó un detalle importante: “Las sentencias condenatorias no son solamente penales. También son civiles. Es decir que el victimario tendrá que pagarle a la víctima de acuerdo al daño que le provocó. Hay una valoración económica según el trastorno provocado”.
En la misma línea, hizo hincapié en que “fue una experiencia muy enriquecedora, importante para agregar a todo el trabajo que se viene realizando desde la Procuración del Chubut, estoy convencido que todo esto se puede aplicar acá y que dará los resultados esperados”.

La composición de la “población agresiva”

Una de las profesionales que realizó un estudio más acabado sobre dicho programa es la doctora en leyes Bárbara Sordi Stock, criminóloga española que en el documento de análisis “Programas de rehabilitación para agresores en España: un elemento indispensable de las políticas del combate a la violencia de género” arrojó cifras y conclusiones valederas para varios países, teniendo en cuenta que la problemática puede variar estadísticamente a lo largo y ancho del mundo, pero que, en definitiva, responde a patrones sociales y culturales comunes.
Por ejemplo, la especialista explica que, en lo que refiere a las características sociodemográficas y psicopatológicas, a partir de una evaluación, se determinó que el mayor porcentaje de usuarios del programa “han sido divorciados/separados (40,5%), con graduación escolar (42,2%), con situación económica suficiente (52% tenía trabajo) y condenados por malos tratos ocasionales (71%)”.

Desempleo y abuso de sustancias

Además, “gran parte de los agresores presentaron creencias sexistas, se demostraron impulsivos, con bajo control de la ira y no reconocieron, minimizaron o delegaron (a la víctima, al consumo de drogas/alcohol y a los celos) la responsabilidad de los hechos. Los hombres, en su mayoría, no presentaban factores de riesgo asociados a la conducta violenta, como por ejemplo historial delictivo o problemas graves de adicción”.
En la misma línea, advirtió que llama la atención la existencia de un “grupo de riesgo”, compuesto “por una minoría de aquéllos que frecuentaron el programa” y donde “los riesgos fueron definidos por distintos factores, como por ejemplo el desempleo (37%), historial de violencia en la familia de origen (15,4%) y uso de alcohol/droga (el 24% de los usuarios han reconocido que el delito se produjo bajo los efectos del alcohol)”.

Conductas agresivas

En dicho pequeño grupo, “también se incluyó a aquellos que no eran violentos ocasionales, a pesar de participar de un programa en medio abierto. Un dato alarmante cuando se desvela que parte de los hombres (15%) reconoció haber actuado de forma agresiva con su pareja en más de 5 ocasiones, a pesar de que en muy pocos casos hubiesen sido condenados anteriormente por un delito contra esta misma víctima (6,5%). Los trámites de la separación/divorcio también aparecen como un momento de mayor incidencia del acto violento (31%)”, consignó.

La incidencia en el desarrollo académico

En el mismo estudio, Sordi Stock expuso que “los usuarios de los programas también tenían poca formación (el 38,6% tenían grado escolar), aunque con trabajo calificado (73%) y sin un perfil típico de carrera delincuencial”, agregando que “asimismo, se diagnosticó un grupo minoritario que indicó haber sido testigo de violencia familiar (18%), que cometió los actos de violencia durante la separación/ruptura de la pareja (15%) y que cuando consumaron la agresión estaban bajo los efectos de drogas (35%). Ya los datos de Valencia revelan, entre otras cuestiones, una precaria formación escolar de muchos penados (aproximadamente el 53% tenía estudios primarios o no tenía estudios)”.

Bombas de tiempo

La especialista también planteó que “el hecho de que muchos de los usuarios no presentan carrera delictiva consolidada no significa que no existan una serie de factores de riesgo asociados a la conducta violenta”, añadiendo que “entre ellos están la baja formación escolar, el desempleo, la violencia en la familia de origen, el uso de alcohol y drogas, creencias sexistas, dificultad de controlar la ira etc. Además, se ha constatado que la ruptura de la relación de pareja es, en innumerables casos, una circunstancia que desencadena la violencia, así como un porcentaje significativo de víctimas sigue manteniendo relación afectiva con el agresor tras su condena”.