Afirman que la nueva ley de ART permitió reducir los juicios a la mitad

Empresarios alertan y hacen especial hincapié en las provincias que aún no han adherido a la Ley 27.348, más conocida como Ley ART, que establece una reforma del Régimen de Riesgos de Trabajo y busca disminuir la judicialización de los reclamos por enfermedades profesionales y accidentes, reducir el costo laboral y crear puestos de trabajo de calidad.
Desde la vigencia de la Ley ART se propició una importante reducción de la cantidad de juicios laborales notificados en el orden del 28 %, con picos significativos en provincias como Córdoba donde la caída fue del 51 %. Esta disminución de la litigiosidad laboral se debió, en gran parte, al papel que las comisiones médicas adquirieron tras la sanción esta ley, las cuales crecieron un 30 % en dos años. Allí se dispone que sean la instancia administrativa previa, obligatoria y excluyente ante la cual un trabajador accidentado debe acudir para obtener dictamen. Así lo advierte un informe elaborado recientemente por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Cerrado el primer semestre de 2018, las provincias que aún no habían adherido a esta importante ley son Santa Cruz, Chubut, Neuquén, La Pampa, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, Misiones, Santa Fe, San Luis, La Rioja, Salta y Tucumán.

Cuestión de perspectiva

Entre algunos casos destacados, resalta la demora de Santa Fe que detenta el 12 % de la judicialidad del sistema, siendo la provincia donde más juicios por accidentes laborales se inician y donde se fijan los mayores montos indemnizatorios que, según la SRT no terminan en manos de los trabajadores, sino de estudios jurídicos. Actualmente, en dicha provincia hay dos proyectos trabados en la Legislatura. Asimismo, otra provincia no adherida es Misiones la cual registró entre enero y noviembre de 2017 un total de 773 juicios laborales de empleados a las empresas. Esta cifra ubica a la provincia entre las 10 primeras en el ranking de demandas laborales.
Entendiendo que “esta es una herramienta clave para terminar con la industria del juicio y que las estadísticas donde ya se aplica la normativa dan cuenta de esto”, desde CAME alientan la adhesión de las provincias a esta ley “que busca salvaguardar la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas”, expresa un documento de la entidad empresaria.

Contexto PyME

Las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) en Chubut, han analizado la situación del sector respecto de la conflictividad y dimensión de los riesgos que asumen las empresas, y en ese contexto advirtieron, meses atrás, la necesidad de que la Provincia adhiera a la nueva ley de ART.
Tras la entrada en vigencia automática de la norma en la Ciudad de Buenos Aires se sumaron las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Río Negro, Entre Ríos, San Juan y Tierra del Fuego, a las que esta semana se agregaron luego oros distritos.

Comisiones médicas jurisdiccionales

Ahora son las responsables de determinar si se trata de una enfermedad laboral, cuál es el grado de discapacidad y la indemnización. Los médicos de las comisiones pertenecen a las ART. Ahora el trabajador debe asistir de manera obligatoria a estas comisiones, previo a iniciar un juicio, y tiene un plazo de 60 días para expedirse, que podrá prorrogarse.

Comisión médica Central

Si el trabajador no está conforme con la decisión de la comisión médica podrá apelar a la Comisión Médica Central. Una vez agotadas estas instancias, recién el trabajador podrá iniciar un juicio. Es decir, el Gobierno agregó dos instancias administrativas, extendiendo los plazos, hasta que se pueda recurrir a la justicia.

Autoseguro Público Provincial

La Ley crea el “Autoseguro Público Provincial” para que las provincias y sus municipios y la Ciudad de Buenos Aires puedan “autoasegurar los riesgos del trabajo, respecto de los respectivos regímenes de empleo público local, de acuerdo a lo que establezca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo”.

Respuesta más rápida

En el marco de la adhesión de las provincias a la ley de ART (Aseguradoras de Riesgos del Trabajo), desde la superintendencia de seguros de la Nación, afirmaron que la norma establece un sistema de comisiones médicas para dar una respuesta más rápida e integral a los trabajadores y eliminar la litigiosidad.
El objetivo es que el sistema resulte más eficiente, y según revelan los datos de los primeros seis meses de 2018, en las provincias donde rige la ley, los procedimientos no son tan largos como antes, y con respecto a los beneficios se destaca que cuando los trabajadores tengan algún siniestro obtendrán una respuesta rápida, mientras las compañías podrán enfocarse en la prevención de los siniestros.

Juicios previos a los cambios

Un estudio de la Unión de Aseguradoras del Riesgo del Trabajo sobre 250.000 juicios laborales correspondientes al 73,5% del total de las ART, ingresados previo a la vigencia de la nueva Ley 27.348, determinó una marcada diferencia entre lo dictaminado por las ART y por las Comisiones Médicas por aplicación del Baremo (Tabla de Incapacidades de la Ley) y lo dictaminado por la Justicia.
Semejante brecha se atribuye a: 1. Utilización de tablas diferentes o cita de varias tablas a la vez, sin especificar el criterio, ni el uso realizado de ellas; 2. El sistema de remuneración del perito, que cobra en función del resultado de juicio (a mayor porcentaje de incapacidad, mayor honorario); 3. Interpretación diferente del Baremo de Ley o de los porcentajes máximos que permite esa tabla de referencia. El documento dio cuenta de que en los casos sin incapacidad conforme al Baremo de Ley, los peritos judiciales dictaminan un 19% promedio.

La Rosada busca desactivar 380.000 juicios laborales

De la guerra de trincheras a la lucha de posiciones. Ese es la estrategia que aceleró el Gobierno luego del cambio de autoridades en la Corte, en su afán de alinear al Poder Judicial detrás de su objetivo de reducir la litigiosidad laboral. En lugar del enfrentamiento abierto que encabezó Elisa Carrió contra Ricardo Lorenzetti, ahora las autoridades avanzan en conversaciones con la gestión entrante que asumirá Carlos Rosenkrantz para neutralizar el impacto de una avalancha de casi 380.000 juicios pendientes que preocupan a las ART. El otro tema clave es reforzar la nueva Ley de Riesgos de Trabajo ante la resistencia de los jueces que la declaran inconstitucional y de algunas provincias que aún evitan reglamentarla.
Pese a que 14 provincias ya adhirieron a la normativa y se redujo el volumen de nuevos juicios desde su aprobación en febrero del 2017, el Gobierno reconoce que todavía hay una importante cantidad de casos sin resolver ya sea porque son previos a los últimos cambios o bien porque los trabajadores deciden finalmente apelar ante la Justicia tras su paso insatisfactorio por las comisiones médicas. En esos casos, cada perito -aseguran los funcionarios- utiliza un baremo o listado propio para definir el porcentaje de daño del siniestro o la enfermedad laboral, lo que a su vez incide en el monto dinerario del resarcimiento, y cuestionan que los honorarios de los especialistas estén atados al grado de incapacidad. La idea es que la Corte proponga “criterios unificados” a los fueros laborales nacional y provinciales.