Ya hay fecha para la indagatoria a Cristóbal López y De Sousa

Mientras crece el escándalo de los cuadernos de Oscar Centeno y el pago de coimas del “club de la obra pública” para quedarse con millonarias obras durante el gobierno kirchnerista, otra causa vinculada a supuestos ilícitos cometidos en la misma época vuelve a ganar protagonismo.
Se trata de los casos en los que se investigan las maniobras llevadas a cabo por Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa a través de Indalo para desviar fondos públicos a la compra de activos que finalmente le dieron forma al grupo empresario estrechamente vinculado a Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
En una de esas causas, el juez Javier Cosentino, a cargo de la investigación sobre la quiebra de la empresa petrolera del grupo, acaba de ponerle fecha a la indagatoria a la que deberán comparecer ambos empresarios.
Será el próximo 17 de septiembre, cuando los creadores del Grupo Indalo tendrán que trasladarse hasta el despacho del magistrado.
Ninguno de los dos empresarios figura entre los nombrados en los cuadernos escritos por el ex chofer de Roberto Baratta entre el 2008 y el 2015 y que detallan la ruta de las coimas supuestamente cobradas por el ex mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal para favorecer a un grupo de empresarios en millonarias obras licitadas por el Estado nacional.
Con este escenario de fondo, tanto López como De Sousa se están preparando para declarar ante el juez Cosentino sobre las acusaciones en contra de ambos por el supuesto desvío de $8.000 millones que la petrolera Oil Combustibles debía girar a la AFIP por el cobro del impuesto a la transferencia a los combustibles (ITC), pero que en cambio se usaron para financiar la adquisición de compañías de varios sectores.
Según consta en un oficio enviado por los síndicos de la petrolera al juez Cosentino, tanto López como De Sousa deberían ser trasladados por el Servicio Penitenciario Federal al despacho del magistrado para ser indagados. Esto se debe a que en la actualidad, los dos se encuentran detenidos, López en el penal de Ezeiza, y De Sousa en Marcos Paz.
Si bien pueden invocar el derecho a no declarar en su propia contra, los funcionarios a cargo de la sindicatura que controla las actividades de Oil le piden a Cosentino que esa posibilidad “tenga lugar en el acto de la audiencia”. Es decir, que se les impida optar por no concurrir aún cuando después se niegen declarar bajo el amparo del artículo 18 de la Constitución Nacional por el cual nadie está obligado a declarar en su contra.
De hecho también hacen referencia a que ya deben enfrentar otra causa que fue elevada a juicio oral y público y que se encuentra en la actualidad en la etapa de recolección de pruebas.
Sus detenciones ocurrieron a fines de abril por orden de los jueces Gustavo Hornos y Eduardo Riggi, de la sala I de la Cámara de Casación, tras un pedido del fiscal Raúl Pleé y de la AFIP para que ambos regresaran a la cárcel y se califcara el delito como administración fraudulenta agravada, y no como una evasión fiscal.
El juez Julián Ercolini, a cargo de la causa penal, los había procesado por fraude a fines de 2017 y los encarceló en el marco de una causa en la cual también procesó a Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP durante el gobierno kirchnerista.
Durante ese período, López y De Sousa perdieron el control de Indalo que pasó a manos de un fondo inversor creado por los empresarios Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre que prometieron capitalizar Indalo y Oil Combustibles, le cambiaron el nombre al holding por el de Ceibo pero que luego de seis meses debieron dar un paso al costado por las presiones judiciales y de la AFIP.