La PROCELAC investigará presunto lavado de dinero en Chubut

La investigación del juzgado federal de Comodoro Rivadavia sobre presuntas maniobras de lavado de activos con participación de empresarios y ex funcionarios tendrá un importante impulso para definir las responsabilidades en torno a los delitos que comenzaron a investigarse en el año 2014. La Procuración General de la Nación designó días atrás a dos fiscales coadyuvantes para terminar de resolver la investigación que lleva adelante la jueza Eva Parcio.
En cuanto a la causa abierta en el juzgado de esa ciudad, dos miembros de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) comenzaron a participar de la investigación que, en su momento, en enero del año 2015, motivó allanamientos a la Municipalidad y a empresas de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, pero que no tuvieron hasta aquí una definición concreta en cuanto a imputaciones ni citación a prestar declaración indagatoria a los presuntos implicados.
Se trata de los doctores María Laura Roteta y Gabriel Pérez Barberá, quienes actualmente se desempeñan como cotitulares de la PROCELAC, lo que fue interpretado en ámbitos judiciales como un fuerte impulso de la Procuración para dilucidar el alcance concreto de los hechos bajo investigación, que mantienen en estado de sospecha a ex funcionarios y empresarios de la ciudad.

La investigación

En mayo último, la jueza Parcio había anticipado que se hicieron “exhortos internacionales porque teníamos la evidencia de que habían cuentas en el exterior”, dijo a la prensa de Comodoro Rivadavia, recordando además que el lavado de activos admite diversas formas, que en este caso se conocieron por la compra venta de terrenos municipales, aunque no sería la única modalidad.
Según un dictamen de la Procuración General de la Nación, el expediente tiene como origen “la investigación por evasión de tributos y blanqueo de capitales” que lleva adelante “un grupo de personas que se dedicarían al cambio de cheques con descuento, actividad por la cual harían circular grandes cantidades de dinero por fuera del sistema bancario, sin respaldo contable y sin pagar los tributos correspondientes.
El dictamen refleja que “parte de ese dinero sería ‘blanqueado’ a través de la emisión de facturas y otros documentos comerciales que no reflejarían la realidad económica”.

La causa

Pese al tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación, 4 años atrás, hasta ahora no derivó en citación a declaración indagatoria de los presuntos involucrados, si bien hubo procedimientos varios.
“Estamos todavía en tiempos propios de la investigación, las prescripciones tendrán que ver en el momento de alguna imputación”, dijo Parcio en una entrevista a radio Del Mar, tiempo atrás, al afirmar que “son muchas personas y muchas empresas, no podemos avanzar en un tramo sin tener la visión global. No tengo ningún tipo de presiones, la causa avanza”.

Derivaciones

De la investigación judicial hubo un desprendimiento para ser investigado por la justicia provincial, a fin de determinar los presuntos hechos ilícitos que habrían originado el dinero cuyo lavado debe investigar la justicia federal.
La discusión sobre las competencias fue resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que derivó una parte de la investigación hacia los tribunales ordinarios, ya que “en el curso del proceso surgieron elementos que abonarían la sospecha de que los imputados -dice el dictamen que tuvo a su visa la Corte-, además de los delitos federales bajo investigación, también utilizaban las fluidas relaciones que mantenían con funcionarios del gobierno municipal de Comodoro Rivadavia, para gestionar trámites, permisos, habilitaciones, etcétera, por fuera de los cauces legales, y que tales actividades podrían constituir o ser parte del proceso ejecutivo de diversos delitos contra la administración pública local, ajenos a la competencia federal”.
Se trata de la causa que incluye escuchas telefónicas en la que participan empresarios y funcionarios en las que detallan pagos en negro y contrataciones con sobreprecios, en algunos casos entre personas actualmente imputadas en los expedientes abiertos a nivel provincial conocidos como “El Embrujo” y “Revelación”. (Fuente: ADNSur)