Ivanissevich confesó que pagó coimas al kirchnerismo

Alejandro Ivanissevich, de la empresa Emgasud, y Manuel Santos Uribelarrea de MSU aseguraron este lunes ante el juez federal Claudio Bonadio que ellos también hicieron pagos indebidos a funcionarios kirchneristas para financiar campañas electorales.
Ambos declararon que los aportes se los pidió Roberto Baratta, ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal y mano derecha del ex ministro Julio De Vido, detenido en esta causa, indicaron fuentes judiciales.
Según declaró Uribelarrea, en 2015 Baratta lo llamó para tener una reunión y en ella le pidió plata para financiar la campaña electoral ese ese año. Le reclamaron 100 mil dólares y él los pagó en tres cuotas, una antes de las primarias y las otras dos previas a las generales. Además, dijo haberse sentido «presionado» para realizar ese pago, algo de lo que también ratificó en su indagatoria el empresario Ivanissevich.
Ivanissevich, criado en Rawson y conocido localmente por haber construido el Gasoducto Patagónico en el primer mandato de Das Neves, fue durante muchos años el dueño de Emgasud, la empresa que construyó el gasoducto en Chubut, estuvo detrás del Proyecto Ingentis y luego se convirtió en Genneia cuando montó el Parque Eólico de Rawson.
Luego se desprendió de Genneia a manos del Banco Macro y actualmente está al frente de Fides Group, una compañía dedicada a las energías alternativas que es propietaria de 360 Energy, a cargo del parque Nonogasta, en La Rioja.
Ivanissevich, mendocino de nacimiento, pero criado en la capital de Chubut, se hizo conocido en el mundo de los negocios en la década del ‘90, primero como privatizador de la antigua Gas del Estado, luego como ejecutivo de la italiana Camuzzi y más tarde fundando Emgasud, una pequeña distribuidora de gas que comenzó en la Costa atlántica y terminó especializándose en la construcción de gasoductos.
Ivannisevich figura como parte del grupo de empresarios que pagaban las coimas que recaudó Baratta y que según la Justicia podrían superar -en total durante los diez años de investigación-, los 200 millones de dólares.
En su defensa, el empresario bregó por la misma estrategia que Calcaterra: señalar que fueron pagos bajo presión del anterior Gobierno, para las campañas políticas del 2013 y 2015 del Frente para la Victoria.