El Municipio insistirá en administrar el edificio decomisado de Villegas 516

En el marco de las distintas gestiones implementadas para combatir la trata de personas con fines sexuales y laborales, una de las integrantes del Comité Interdisciplinario y Multisectorial, edil Mariela Williams, se refirió al pedido realizado por la administración municipal para la administración del inmueble ubicado en Villegas al 500, decomisado por la Justicia Federal tras numerosos allanamientos y luego de que su propietario, residente de la ciudad del Golfo, fuera condenado a nueve años de prisión por el delito de trata.
En este sentido, Williams opinó que no se visibiliza, actualmente, que el Gobierno Provincial, al cual fue adjudicado el edificio, vaya a incursionar en la ejecución de programas de abordaje y preventivos respecto de dicho flagelo.

Continuarán los planteos

Hace algunas semanas y tras la insistencia de los ediles, el Concejo Deliberante de Puerto Madryn recibió la notificación del Tribunal Oral Federal (TOF) de Comodoro Rivadavia, el cual había condenado al propietario del inmueble, en la que se daba cuenta de que el edificio había sido adjudicado desde el mes de marzo, un mes después de la sentencia, a la administración Provincial.
La decisión generó confusión en el ámbito municipal, ya que, con la creación del Comité integrado por distintas instituciones, poderes y actores, se preveía la utilización de dicho espacio para canalizar las distintas alternativas, propuestas y programas tendientes a combatir la problemática de la trata.
“Madryn, creo que es la única ciudad que cuenta con un Comité de Trata”, planteó Williams, a la vez que anticipó que “vamos a seguir insistiendo” con que el inmueble pase a la órbita del Municipio.

Una historia de sometimiento

Tras ser allanado por primera vez en 2013, el edificio de Villegas 516, en cuyas inmediaciones funcionan varios establecimientos educativos, había sido clausurado por la Justicia, luego de que la Policía constatara que allí, el propietario, de apellido Aborsky, tenía retenidas a cuatro mujeres de nacionalidad paraguaya, obligándolas a ejercer la prostitución y en condiciones infrahumanas de hacinamiento, higiene y falta de alimento.
Las víctimas habían sido trasladadas desde Paraguay, a través de un contacto que allí tenía el acusado, con la promesa de que se desempeñarían como empleadas domésticas en Buenos Aires; sin embargo, el destino final fue la ciudad del Golfo, donde fueron sometidas hasta que lograron escapar y denunciar lo ocurrido a un efectivo policial, puntapié inicial de los procedimientos que tendrían lugar después.

Varias veces clausurado

Tiempo más tarde, el propietario fue sometido a juicio y condenado a la pena de nueve años de prisión, sentencia firmada por el Tribunal Oral Federal de la ciudad petrolera, integrado por Pedro José de Diego, Nora Cabrera de Monella y Enrique Jorge Guanziroli.
Sobre el inmueble en cuestión no había ninguna medida cautelar y, pese al contexto que rodeaba su funcionamiento, el mismo continuó siendo utilizado de manera clandestina como VIP; en un principio había sido regenteado por una mujer cercana al condenado, que desde entonces se encuentra prófuga de la Justicia; en el último allanamiento, previamente a que fuera clausurado de forma definitiva tras la intervención de la Justicia de Puerto Madryn, otra mujer que administraba el “bar ilegal” quiso agredir al personal policial con un arma blanca durante la intervención; desde aquél momento, el edificio fue clausurado, aparentemente de manera definitiva, y trasladado a la órbita provincial, situación que generó el debate por la operatividad del domicilio.