Los presidentes y la Cámara que los parió

El sector empresarial de la construcción todavía está acusando el golpe que significaron los allanamientos y la investigación en danza por la causa que investiga presuntos retornos que habrían sido repartidos entre funcionarios del Gobierno. Los fiscales creen que algunas de las constructoras aportaban a la “caja negra de la política” y están profundizando en las conexiones y las salidas y entrada de dinero, como así también en el rol central que le habría cabido a la Cámara de la Construcción regional en este entramado delictivo. Los procedimientos se consumaron la semana pasada en Trelew, Rawson, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Esquel, luego de que el juez Sergio Piñeda librara una orden de allanamientos a las 22 empresas más importantes en relación a los niveles de contratación con la obra pública.
De inmediato el Procurador General de la Provincia, Jorge Miquelarena; los fiscales Marcos Nápoli; Omar Rodríguez y Alex Williams, brindaron detalles del material secuestrado en conferencia de prensa. A partir de allí, todos los cañones del sector apuntaron indefectiblemente al rol que le ocupó a los presidentes de la Cámara de la Construcción que pivoteó históricamente el negocio, que seguramente tendrá bastante para decir. Durante largos 8 años la responsabilidad recayó en el ingeniero Fernando Palacios, presidente de la constructora Palco S.A. de Trelew (allanada) Desde 2015 con el nuevo gobierno dasnevista, tomó la posta Carlos Papaiani, en representación de la empresa Inverfin de Rawson (allanada). Finalmente desde el 1º de septiembre de 2016 el directivo de la firma Sudelco de Trelew (allanada) -y ex presidente de Vialidad Provincial- Patricio Musante, asumió el rol de conductor de las constructoras de Chubut. Todas ellas hoy investigadas por presunto enredo de coimas y sobreprecios con dineros públicos.

El presunto modus operandi

De acuerdo a lo que intuye la Justicia y los investigadores, el modo en que se malversaba dinero a través de la obra pública indicaría que la Provincia del Chubut enviaba a la Cámara de la Construcción delegación Regional –coordinado por su presidente- distintos listados de obras a realizarse. Ya el listado dentro de la Cámara, las mismas se repartían entre sus distintos miembros según sus capacidades de obra y especialidades. Asignadas las obras, se organizaba la licitación presuntamente acordando quienes serían las empresas que “acompañaban”, es decir, que también compraban el pliego y se presentaban a mayor precio para que pareciera una licitación real. Qué se sospecha que recibían los funcionarios políticos a cambio de esta connivencia: Entre el 3% y el 5% de cada certificado de obra pagado. Es decir, todos los meses las empresas constructoras certificaban avances de obra, y una vez percibido el mismo, devolvían/retornaban al Gobierno (algunos funcionarios) del 3% al 5% de cada certificado en carácter de `coima´. Se habla de “entre 8 y 13 millones de pesos mensuales”, según apreciación de uno de los fiscales que investiga.

Pegados con `la gotita´

Hace unos meses el delegado del Ministerio del Interior en Chubut, Ignacio Torres se encargó de vincular a parte de la “patria contratista” chubutense actualmente investigada con el gobierno nacional, en una gestión que ahora todo el PRO prefiere olvidar. Fue en un encuentro que se desarrolló sobre el 5 de enero pasado en Buenos Aires, y dejó plasmado en la foto incluso al secretario de Planificación Territorial de la Obra Pública Nacional. En esa oportunidad, “Nacho” Torres se apresuró a jugar de “anfitrión” y nexo de Chubut con Nación con jugadores que venían reportando en las ligas mayores de los sobreprecios y los plus para la caja negra política, tal como lo apuntaría ahora la Justicia. En la instantánea quedaron prendados el presidente de la Cámara de la Construcción, Patricio Musante y actual presidente de Sudelco actualmente allanada, junto a otros actores como el representante de la Unión Industrial, Celso Pontet; y al presidente del Parque Industrial de Trelew, Martín Castillo. Todos ellos fueron participados de los detalles de lo que venía con el nuevo esquema de participación público privada (PPP) que comenzaba a estar vigente en la provincia. Después de la intervención judicial, dicen que Nación estaría pidiendo explicaciones sobre si se trató de “impericia o connivencia” de Torres de vincularlos con un sector que cayó bajo la lupa grande.

Amigos son los amigos

Uno de los allanamientos que más ruido hizo en el marco de la redada a las constructoras fue la de las únicas dos empresas madrynenses caídas en desgracia, ambas propiedad de un mismo empresario dicen que fuertemente vinculado al ex ministro de Obras y Servicios Públicos y ex viceintendente de Puerto Madryn, ingeniero Alejandro Pagani.
El fiscal Daniel Báez fue preciso al proceder sobre algunos detalles sobre el allanamiento a la empresa INGAR, de Estivariz al 900. Explicó que requirieron documentación en el domicilio y se convocó a su titular, Javier Ban, aunque off de record sonó fuerte la vinculación de la firma con Pagani. Hubo numerosas transacciones entre el Ministerio que conducía Pagani y la empresa INGAR, por medio de contratación directa, como ocurrió con las obras en las Escuelas 789 y 528 de Madryn (Ver http://boletin.chubut.gov.ar/archivos/boletines/Octubre%2017,%202017.pdf ) que ahora estarían siendo finamente investigadas en relación a lo cobrado y a los avances de obra propiamente dicho.