Radicales hicieron “control de daños”

Luego de la polémica sesión del Concejo Deliberante, en la que se trató y finalmente se aprobó el cambio tarifario de Servicoop, referentes del radicalismo en Puerto Madryn participaron de una misiva en el Comité “Manuel del Villar”, donde “recibimos muchos reclamos, dudas e inquietudes”, según indicó la titular del partido a nivel local, Aidú Iriarte.
A su vez, contó que “nos pareció importante canalizar todo ello a través del partido y transmitírselo al concejal por Cambiemos, Claudio Tortoriello, quien por su función de edil de la ciudad, tendría la información pertinente y necesaria a los fines de poder emitir su voto; es así que lo invitamos al Comité el pasado lunes, a fin de que pudiera compartir con los correligionarios dicha información y los fundamentos que dieron lugar a su votación en favor de la tarifaria que finalmente se aprobó”.
En este contexto, “fueron numerosas las preguntas y planteos que se le hicieron; me parece positivo que haya aceptado la invitación y que haya asistido, sobre todo sabiendo el malestar que hay en los vecinos por este tema, lo cual se lo hicieron saber, siempre en un clima de respeto por supuesto”.
Además, reconoció que “no solo molestó el cambio tarifario, sino también que hayan sido los ediles indiferentes ante la violencia que se vivía fuera del recinto. Se propuso que dentro de la reforma que se pretende al reglamento interno del Concejo Deliberante, se evalúe la posibilidad de suspender las sesiones cuando se den este tipo de hechos o por lo menos interrumpirlas hasta tanto cesen los disturbios”.
Iriarte expresó que “entiendo que este es el ámbito que hay que propiciar, donde los afiliados puedan tener intercambios de ideas con sus representantes respecto de su actuación como tal, así que vamos a procurar darle continuidad en un ida y vuelta, que no quede solo en la crítica a lo ya actuado, sino que sea previo el intercambio dando así la posibilidad a la propuesta y sobre todo al consenso”.

“Amigos son los amigos”

En el marco de la normalización del Partido Justicialista en Chubut y la consecuente convocatoria de las 62 organizaciones peronistas, se llevó a cabo días atrás, un encuentro de militantes en la sede de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), encabezada en Puerto Madryn por el dirigente Patricio Rosales.
En consonancia con la tarea de Luis Barrionuevo, el gastronómico designado al frente del PJ por la jueza María Romilda Servini, Rosales, que es secretario general del gremio en la ciudad del Golfo, convocó a dirigentes y militantes en lo que es el principio de normalización de la CGT del Valle Inferior del Río Chubut, y el posterior ordenamiento de las 62 organizaciones que lo integran.
El encuentro, según trascendió, tuvo su eje en el consenso, de cara a trabajar por una unidad del peronismo en la provincia, dejando así “los personalismos y las mezquindades”, para construir un partido ganador de cara a las elecciones del 2019; ello, en el marco de un justicialismo golpeado por los resultados de las últimas elecciones, tanto en Puerto Madryn como así también en el resto de las localidades chubutanas, y ahora intervenido con el objeto de ser “reorganizado”.

La justicia quiere que presos ‘cómodos’

La jueza penal de Puerto Madryn, Patricia Reyes, consideró que el Gobierno Provincial dio respuesta a la falta de médicos, ambulancia y otras cuestiones que motivaron la presentación desde la Defensa Pública en el Instituto Penitenciario Provincial.
En su fallo reciente, explicó que “surge de todo las actuaciones reunidas a lo largo de la tramitación del presente Hábeas Corpus que las autoridades provinciales han realizado varias gestiones conducentes a dar respuesta a los requerimientos judiciales con el fin de arribar a la solución definitiva a la situación de atención médica en el Instituto Penitenciario. (…) pero, entendiendo que es necesario encontrar una solución conciliadora en el marco de mis facultades como jueza y en resguardo a la seguridad en general y los intereses de los detenidos y de la sociedad en su conjunto, ello sin descuidar las obligaciones que pesan sobre las autoridades del Poder Ejecutivo.”
La magistrada analizó los diferentes informes remitidos por la Subsecretaria de Seguridad de la Provincia en los que encontró que se daba respuesta a los puntos del reclamo en forma pormenorizada; entre ellos, la Atención Médica, Enfermería, presencia de médicos, disposición de una ambulancia y aparentes recortes presupuestarios.
En esta línea, Reyes consideró que las medidas adoptadas por el Estado Provincial resultaron suficientes y que cumplen con los requerimientos de los estándares para aquellas personas privadas de la libertad, regidas por la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, en un marco de razonabilidad entre las peticiones de las partes y las respuestas jurisdiccionales apegadas a la ley.