La corte suprema de Brasil suspendió un indulto presidencial de Navidad que podría haber dejado en libertad a políticos y empresarios condenados por la megacausa de corrupción Lava Jato.
La decisión respondió a un pedido de la fiscal general, Raquel Dodge, quien solicitó dejar sin efecto ciertos beneficios de un decreto del presidente Michel Temer por considerarlo inconstitucional y violatorio de la separación de poderes.
«El indulto no es ni puede ser un instrumento de impunidad», escribió la presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, al conceder la medida cautelar.
El indulto había desatado una cascada de críticas y fue denunciado por funcionarios de la justicia como un «black friday» de los crímenes de cuello blanco.
Sin embargo, poco después de conocerse la medida, el ministro de Justicia, Torquato Jardim, dijo en una entrevista a Globo TV que Temer recomendó a su ministerio que estudie «otros criterios» para editar un nuevo decreto que ampare a los brasileños «excluidos» por la decisión del STF.
El principal cambio del decreto de Temer era eliminar la exclusión anterior a todos los presos que cumplen condenas de más de 12 años. Bajo esos nuevos lineamientos, la duración de la sentencia ya no importaba y un preso solo necesitaba haber cumplido un 20% de la pena para calificar, en lugar del 25% que establecían las reglas anteriores. En caso de ser reincidente, el reo debería haber cumplido un tercio de la pena y no la mitad como anteriormente.