Un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino recomendó medidas complementarias para lograr una eficiente aplicación del Consenso Fiscal firmado entre la Nación y las provincias. El pacto celebrado entre la Nación y las provincias, requiere ratificación de los parlamentos locales. En Chubut, el acuerdo sería sometido a votación en la sesión extraordinaria que se convocará para el 9 de enero.
El estudio reveló que entre 1980 y 2006 el gasto público total osciló en alrededor del 31% del PBI, mientras que entre 2007 y 2011 se elevó a 38% y entre 2012 y 2015 dio otro salto hasta alcanzar la exponencial cifra del 45% del PBI. IDESA cuestionó «al hiper-crecimiento en las erogaciones del sector público se le agregó la hiper- centralización en el nivel nacional».

Distribución descentralizada

Según la entidad, el pacto suscripto por Mauricio Macri y 23 gobernadores posee un «rol estratégico» como herramienta para ordenar al Estado, en momentos en que la administración pública nacional pasó de administrar un tercio del PBI en 1980 a manejar casi la mitad del total de los ingresos generados por el país. «Una distribución más descentralizada de la recaudación nacional es necesaria, pero no suficiente», alertó IDESA.
En ese contexto, la institución planteó que «hay que evitar las intervenciones del Estado nacional sobre funciones provinciales y municipales, ya que son una de las principales fuentes de derroche de recursos públicos y discrecionalidad política» y propuso dos medidas concretas.

Se queda corto

«El Consenso se queda corto en el ordenamiento de las funciones que ejerce cada nivel de gobierno. Por ejemplo, es muy pertinente la cláusula que establece la eliminación de los subsidios a las tarifas públicas del área metropolitana, pero no explicita que para ello es fundamental la transferencia de las empresas y entes reguladores de servicios públicos a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires», propuso.
Asimismo, IDESA recordó que «queda pendiente eliminar los más de 100 programas nacionales de educación, salud, desarrollo social, vivienda y urbanismo y medio ambiente que se solapan con funciones provinciales y municipales y, por ello, son fuentes de derroches, ineficiencias y discrecionalidad política».

Bajar la presión fiscal

Con el acuerdo fiscal -sostiene el informe- subyace «la vocación de iniciar un proceso de reconstrucción institucional de la relación de la Nación con las provincias; la meta es tender gradualmente a una presión tributaria más tolerable y a una distribución de recursos entre jurisdicciones más coherente con la organización federal».
Al repasar la evolución que tuvo el gasto público total (Nación, provincias y municipios) en las últimas décadas, reveló que entre 1980 y 2006 el gasto público total osciló en alrededor del 31% del PBI, mientras que entre 2007 y 2011 se elevó a 38% y entre 2012 y 2015 dio otro salto hasta alcanzar al 45% del PBI.
«Estos datos muestran la intensidad exponencial del crecimiento de las erogaciones del sector público. El Estado pasó de administrar poco menos de un tercio del PBI a manejar casi la mitad del total de los ingresos generados por el país», remarcó, y acentuó que «al hiper-crecimiento en las erogaciones del sector público se le agregó la hiper- centralización en el nivel nacional».

Cajas no transferidas

Por este motivo, en IDESA expresaron que el objetivo del Consenso Fiscal debe ser «acortar la brecha entre el esfuerzo que hacen los ciudadanos para financiar al Estado pagando los impuestos y lo que el Estado les devuelve en cantidad y calidad de servicios».
«Innovar en la organización y estilos de gestión del sector público en los tres niveles de gobierno es la principal tarea pendiente. Por el volumen de recursos involucrados, abordar con seriedad el tema previsional es el desafío más importante que tienen por delante el gobierno nacional y las provincias que no transfirieron sus sistemas a la ANSES», destacaron.

Objetivos de largo plazo

La Cámara de Diputados convirtió en ley el pasado viernes el Consenso Fiscal, firmado por 23 de los 24 gobernadores el pasado 16 de noviembre, y el proyecto de Responsabilidad Fiscal, por el cual los mandatarios provinciales se comprometieron a mantener su gasto constante en términos reales durante los próximos años.
El Consenso Fiscal obtuvo 145 votos a favor, 53 en contra y 20 abstenciones, mientras que la ley de Responsabilidad Fiscal consiguió 159 adhesiones, 55 rechazos y 3 abstenciones.
La prórroga del impuesto al cheque fue aprobada por 211 votos a favor, 6 en contra y una abstención.
“Es un acuerdo en el que todos ceden un poco”, sintetizó el miembro informante del oficialismo, Luciano Laspina. Al defender el valor de estas leyes, estimó que “este es un acuerdo ciertamente histórico, que nos permite ponernos en una senda mucho más sustentable”.

¿Atraerá inversiones?

El acuerdo abre “muchísimas oportunidades de inversión y empleo en las provincias”, dijo, remarcando que “acá hay un juego de suma positiva, que nos va a permitir seguir por el camino de crecimiento para reducir la pobreza, que es el principal objetivo que nos hemos planteado”.
Laspina sostuvo que “estamos en presencia de un acuerdo histórico, que muestra una enorme madurez, que fue hecho en el marco del entendimiento de la necesidad de dirimir los conflictos en la Corte Suprema”. Y agregó que “lo que se logró creo que es realmente un acuerdo sin precedentes, que nos permite seguir en la mejora de la solvencia fiscal, del control del gasto público”.

Provincias renuncian a juicios

El misionero Luis Pastori destacó que el Pacto Fiscal “elimina la litigiosidad provincias-Nación”, y que a través del mismo 59 juicios de las provincias se retiran.
Desde la oposición, Axel Kicillof (FpV-PJ) consideró la firma del Pacto Fiscal como una atribución de las provincias, por lo que no quería opinar sobre la conveniencia o no de cada una de las provincias de firmar el mismo. No obstante ello, adelantó su voto negativo, porque consideró que “la ley de reforma previsional, de saqueo a los jubilados, no respeta el acuerdo firmado por los gobernadores. Se trató de hacer cómplices a los gobernadores del ajuste de los jubilados”.

El peligro de que fracase

El diputado Marco Lavagna aclaró que el problema con los pactos fiscales es que “no se terminan cumpliendo”. “Muchas veces las buenas intenciones que se tienen con estos acuerdos, terminan fracasando”, observó. Estimó que “este acuerdo que se ha firmado es un acuerdo posible”, pero sugirió “seguirlo de cerca”.
“Tengamos cuidado con estos pactos, de no hacer que las provincias aparezcan como los grandes culpables de los desequilibrios”, dijo, advirtiendo que hoy “es la Nación la que tiene un gran déficit fiscal”.
En cuanto a la prórroga de impuestos, señaló que “vivimos permanentemente creando impuestos de emergencia, que una vez que se enquistan en el sistema tributario, no los sacamos más”. Aclaró que acompañarían esa prórroga, porque no hacerlo sería desfinanciar al Estado. Y en cuanto a la ratificación del pacto fiscal con las provincias, concedió a las provincias la potestad para firmar ese pacto, aunque aclaró que “no podemos acompañar la parte que significa el recorte a los jubilados. Debió buscarse otra fuente de financiamiento alternativo”. Por ello anticipó la abstención de su sector.

Fuente: Idesa, Cronista, otros