Por Trivia Demir

Con un post feriado movidísimo, Rawson revivirá como nunca su rol protagónico de epicentro sísmico de la política chubutense. Todas las miradas están puestas ahora en el Poder Legislativo, adonde fueron a parar varias pelotas de partidos que se están jugando todavía. A las 15 horas está convocada la maratónica sesión donde no queda espacio para más temas de peso en la agenda, pero también a las 15 comienzan a movilizarse los gremios para la Casa de las Leyes, efervescidos por el paquetazo de 28 puntos y algunas otras cosas que dispuso el Ejecutivo esta semana. Si ayer el ambiente en Buenos Aires en torno al Congreso y la reforma jubilatoria era tenso, nada indica que este capítulo doméstico de tratamiento legislativo de temas complejos, vaya a ser para nada distendido.

Sesión maratónica

En primer lugar deberá darse tratamiento al Presupuesto de Chubut para 2018 y con ello lo que formalmente se dice que se asignará a cada ministerio y organismo del Estado para ser proyectado a los sectores de la sociedad, con lo que quedará en evidencia las prioridades políticas para lo que resta de este mandato. De hecho un proyecto muy poco difundido y desgranado públicamente hasta la fecha, por lo que será necesario explicarle en algún momento a la vecindad con qué criterio se elaboró, además de dar detalles del mismo. Algo se supone que se podrá conocer al momento del debate y la consiguiente defensa del mismo. Los otros temas más que complicados para levantar las manos legislativas, son la nueva Emergencia Económica que ingresó el equipo del Gobernador Mariano Arcioni y que se suma al “Acuerdo Ciudadano” o paquete de reducción de empleados y congelamiento de pagos y salarios, posiblemente el más antipático de los proyectos que habrán tenido que abordar los diputados en lo que va de sus funciones. Quedaría sin tratamiento tal como vienen los ánimos, `el veto del veto´ al famoso proyecto ingresado y rechazado por el oficialismo y que permitiría a los intendentes hacer uso de parte del dinero que se les destinó del bono para obras y que deberán devolver, utilizarlo para gastos corrientes y poder garantizar sueldos y aguinaldos de diciembre. El oficialismo está imposibilitado y la oposición no estaría dispuesta a cargar con el costo político. De todos modos hasta la noche puede surgir algún margen de racionalidad legislativa, esperan los alcaldes.
Por último y donde todo indica que arderá Troya, se tratará también el famoso Consenso Fiscal que Arcioni firmó con la Nación, y de cuyo reafirme dependerán los giros inmediatos comprometidos por el gabinete de Macri.

Frigerio hizo punta

Sobre este particular tema que de algun modo cuestionan en varios territorios que avasallaría el federalismo, el ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, defendió ayer en la Cámara baja el Pacto Fiscal firmado entre el Gobierno nacional, 22 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con especial entusiasmo.
El funcionario expuso ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, en el marco del debate de este acuerdo y la Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno; ambos temas con media sanción del Senado. El temario de la reunión también incluía el Presupuesto 2018 y la prórroga del impuesto al Cheque.
El funcionario consideró al pacto como “un antes y un después en el tema de la litigiosidad” entre Nación y las provincias. Tras las críticas de la oposición, afirmó que “no hubo imposiciones” para la firma del documento y que “las provincias consideran que aquí no pierden recursos”.
En cuanto a la ley de Responsabilidad Fiscal, destacó que surgió de “un amplio consenso” y que apunta a “la convergencia del equilibrio presupuestario, la limitación del gasto corriente y la disminución de la presión tributaria”.

La guita de las provincias y los divorcios presuntos

En lo concerniente al Presupuesto 2018, Frigerio resaltó el incremento para las partidas destinadas a las provincias. Detalló que en 2016 las transferencias a las jurisdicciones fueron de “75 mil millones de pesos”, mientras que en 2017 “pasaron a casi 110 mil millones de pesos” y el año próximo alcanzarán los “133 mil millones de pesos”.
En relación al acuerdo con los gobernadores y sus implicancias en el Presupuesto para el año próximo, el kirchnerista Axel Kicillof consideró que el plan de gastos y recursos “no sirve para nada” porque fue diseñado antes del envío de las leyes de reforma tributaria y previsional. “El presupuesto está divorciado de la realidad que ustedes mismos crean”, dijo y completó que la fórmula de movilidad jubilatoria modificada en el Senado “viola” lo arreglado en el Pacto Fiscal.
En el mismo sentido, el justicialista Diego Bossio consideró que “este es un presupuesto dibujado” y pidió realizarle modificaciones para “instrumentar dentro del presupuesto aspectos del Pacto Fiscal”. También recordó que “los acuerdos no son nuevos en la Argentina”.
Por su parte, el massista Marco Lavagna advirtió que la compensación de recursos que se le dará a la provincia de Buenos Aires por retirar el reclamo del Fondo del Conurbano, se hará “a costa del cambio de la fórmula de movilidad”.
Desde el oficialismo, el radical Luis Borsani aseguró que el Presupuesto 2018 “es realista” y “se ajusta a las previsiones que se vienen tomando por parte del Poder Ejecutivo y el Gobierno nacional, en relación al gasto y la previsión de los recursos”. Negó que haya perdido actualidad y sostuvo que el Pacto Fiscal y la reforma tributaria “vienen a dar solvencia para cumplirlo”.

El escenario fiscal en el Presupuesto 2018

Así las cosas, todos los puntos a tratar antes que se vaya el año, tienen que ver con el escenario provincial futuro, todo un dilema que no es exclusivo de Chubut. Luego de que la Corte Suprema declarara inconstitucional descontar 15 puntos de coparticipación para financiar a la ANSeS, el Gobierno se comprometió el año pasado a devolverlos a las provincias de forma progresiva y escalonada en cinco años. Por eso, dicen que en 2018 las provincias comenzarán a percibir tres puntos más del FGS en la masa coparticipable, lo cual mejorará sus recursos automáticos. Pero, como no será un año electoral es probable que algunas transferencias de tipo discrecional (por ejemplo, las destinadas a la ejecución de obra pública) se vean reducidas, explican desde CIPPEC.
Por estos tres puntos de precoparticipación a las provincias, la Nación perderá ingresos por el equivalente a medio punto del PBI. «En un contexto en el que la meta es una reducción del déficit nacional de un punto del PBI, este acuerdo de precoparticipación ya se lleva la mitad de ese objetivo, es decir, le exige a la Nación un esfuerzo extra equivalente a la mitad de su meta en términos de reducción de gasto», describe Ariel Barraud, aunque advierte, que puede provenir de un menor envío de fondos discrecionales a las propias provincias. «Seguramente puede haber una compensación a través de menores envíos no automáticos, pero es imposible que se neutralice totalmente», considera.
«Con una economía en crecimiento este año y muy posiblemente también el año entrante, deberían mejorar las finanzas provinciales y nacionales. Aunque el acceso al endeudamiento podría derivar en que las provincias mejoren sus resultados corrientes y empeoren sus resultados primarios o financieros», considera Marcelo Capello.
Según Jorge Colina, la situación fiscal de las provincias es manejable. La intención es que en el escenario para 2018 el gasto público provincial crezca al ritmo de la inflación, y la dotación de empleados públicos al ritmo de la población, con lo cual no habría enormes necesidades extras de más recursos para las provincias. Con esto y el ajuste que Nación exigiría a cada provincia como requisito para repautar liquidez, se supone que los caballos deberían ubicarse adelante del carro. Esa es la teoría, habrá que ver la práctica…