El juez federal Julián Ercolini ordenó la detención de Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa, al tiempo que procesó sin prisión preventiva al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray.
Las medidas del magistrado se derivan de la investigación por la supuesta evasión de aproximadamente 8 mil millones de pesos, por el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC), que le retenían por el expendio de combustibles.
Vale mencionar que hace pocas semanas, la Cámara Federal de Casación Penal determinó que la causa que lleva adelante del juez Ercolini es competencia de la Justicia Federal. El magistrado había considerado que debía intervenir el fuero en lo penal económico y, en función de ello, dictó los procesamientos por el delito de «administración fraudulenta» por haberse cometido en perjuicio de una administración pública.
Por su parte, Echegaray fue procesado como «autor» del hecho, en tanto que a los empresarios los consideró partícipes necesarios y le trabó un embargo a cada uno de ellos de más de 17 mil millones de pesos.

Inhibición general de bienes

Desde hace meses pesaba sobre López y De Sousa una inhibición general de bienes, confirmada por el juez, quien ahora fundó la prisión preventiva en que los empresarios intentaron violar esas medidas cautelares con el movimiento de las empresas.
«A partir de estos parámetros cabe tener en cuenta que en estas actuaciones existe un serio peligro de obstrucción de la investigación, a través del comportamiento hostil de los imputados frente a las medidas de carácter patrimonial ordenadas», señaló el juez en su fallo.
En ese sentido, aseguró que «se ha engañado sostenidamente» al Juzgado, a la Fiscalía actuante, a la AFIP en su doble condición de parte querellante y actora civil y a los veedores designados en este proceso, «ante la posible realización de actos fraudulentos deliberados orientados a la inducción a errores procesales para perjudicar a terceros; teniendo en cuenta también que los imputados, con la posible participación de otras personas, hubieran vendido como libres bienes cuya disposición habría sido inhibida por acto judicial».

Obreros en alerta

Mientras la justicia busca a Cristóbal López, obreros de la construcción reclaman el pago de quincenas adeudadas por parte de la empresa CPC, integrante del grupo Indalo. Las obras en manos de CPC son 4 e involucran alrededor 350 trabajadores, según precisó Raúl Silva, secretario general de la UOCRA, se trata de la repotenciación del acueducto, con 120 operarios; el primer tramo de la autovía Rada Tilly-Caleta Olivia, con 130; el aterrazamiento del Chenque, con 50 y el muro costero del hospital Alvear, con 22 operarios, mientras que se suman fluctuaciones de otras tareas eventuales.
“Nosotros no sabemos nada de las detenciones, lo único que nos dijeron es que habían llevado preso a Fabián De Sousa, pero para nosotros no hay ninguna solución”, planteó el dirigente gremial, al indicar que la alternativa que se había planteado a través de la Secretaría de Trabajo, para derivar los pagos desde organismos nacionales directamente al ámbito laboral, no fue autorizado, “hay un juez que rechazó esa posibilidad de pago directo desde Nación a los trabajadores y quedó todo en la nada”, dijo en referencia al proceso judicial que involucra al ex grupo Indalo.

Piden concursar al grupo de medios

El ex Grupo Indalo solicitó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial el Concurso de acreedores de su unidad de medios para “ayudar a garantizar la continuidad de las empresas” y “construir un nuevo modelo de negocios que permita afrontar con éxito un futuro desafiante”.
Los medios involucrados son Telepiu (C5N), Ideas del Sur, Votionis (Radio 10 y Mega), Imagen Radial (Radio One), Dh Com (Radio Pop), Radio Productora 2000 (Radio Vale), Pensado para Televisión (PPT), Editorial Amfin (Ambito Financiero), Nefir (Ambito.com), Real Time Solutions (Diarioregistrado.com), IGD (Diario El Patagónico).
El holding justificó la decisión a la necesidad de “preservar el valor patrimonial, los puestos de trabajo y hacer frente a las cuantiosas deudas acumuladas en el pasado, principalmente impositivas”.
A través de un comunicado, indicó que “las empresas están pasando por una difícil situación económico-financiera que les imposibilita hacer frente a sus deudas”.
“Las sociedades apelan a este procedimiento judicial con el objeto de mantener las empresas en marcha y reestructurar sus deudas con los acreedores, privilegiando las fuentes de trabajo y asegurando así la continuidad del negocio”, precisaron.