El juez comercial de la ciudad de Buenos Aires Héctor Hugo Vitale consideró que la compañía del empresario kirchnerista actuó de manera fraudulenta. OIL Combustibles pidió el concurso de acreedores luego del comienzo de una investigación iniciada por la AFIP por apropiarse de 8 mil millones de pesos correspondientes al Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC).
Ante esto, el juez Vitale, en su fallo, consideró que pedir el concurso preventivo luego de que se le abriera esta causa fue «en fraude de la ley» y que, por lo tanto, «no es merecedora» de este beneficio.
El magistrado también aseguró: «Nótese que la repulsa del accionar procesal abusivo o, como en el caso, en fraude a la ley es una aplicación del principio de moralidad que en los ordenamientos adjetivos se traduce en deberes procesales con contenido ético como el que manda a actuar en el proceso con lealtad, probidad y buena fe, tópicos que como hasta aquí se analizó no han sido alcanzados».
Asimismo, otro de los argumentos esgrimidos por la Justicia asegura que «con posterioridad a la apertura concursal la deudora continuó llevando a cabo conductas rayanas con un proceder abusivo, y violatorias del principio de moralidad».
En la parte final de la sentencia, Vitale hizo referencia a la venta del Grupo Indalo, en la cual el juez Julián Ercolini mantuvo la inhibición de bienes, y, si bien aclaró que no es su intención «soslayar» esta situación, afirmó que «la eventual conducta que a futuro pudieran llevar a cabo los ‘nuevos’ integrantes del directorio no sanearían los extremos aquí apuntados».
Cristóbal López intentó levantar la inhibición porque, según argumentó, imposibilitaba líneas de crédito y ponía en peligro sus negocios.
El Grupo Indalo está constituido por más de 170 sociedades en las que trabajan 14 mil personas. Cristóbal López, procesado por lavado de dinero y asociación ilícita, había decidido desprenderse de sus empresas, pero la Justicia no lo avaló.