El gobernador Mariano Arcioni envió a la Legislatura para su tratamiento el Proyecto de Ley N° 150/17, que propicia la Declaración de Emergencia Económica, Financiera y Administrativa del sector público provincial, comprensible del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sus organismos centralizados y descentralizados, entes autárquicos y sociedades con participación estatal total o mayoritaria, con excepción del Banco del Chubut S. A.
“Tal como resulta público y notorio, desde antes del año 2015 a la fecha, la Provincia del Chubut se encuentra atravesando una difícil situación económica producto de una nota le disminución de los ingresos provinciales, sumado al desfavorable escenario económico evidenciando tanto en el ámbito nacional como internacional”, expone el mandatario e indica que “a fin de afrontar las circunstancias económicas y financieras producidas por esta grave situación de crisis, se prevén crear, por el término de 24 meses, las herramientas legales correspondientes que permitan a los distintos poderes del Estado la normalización en la gestión de las cuentas públicas”.

El gasto y déficit fiscal

“Como uno de los principales remedios eficaces para afrontar estos inconvenientes económico-financieros, se impone la necesidad de reducir el gasto y déficit fiscal, lo cual implicará una serie de revisiones y eficientes reasignaciones de todos los recursos estatales, siendo el espíritu de la presente norma lograr una maximización de los medios existentes y una reducción de aquellas cuestiones improductivas perjudiciales para el funcionamiento del Estado Provincial”, consigna.
“En tal sentido, la norma propuesta establece la suspensión de todos los pagos, ya sean aquellos comprensibles de subsidios, subvenciones, comisiones de servicio, horas extras, viáticos, pasajes y demás contraprestaciones por obligaciones contraídas por el Estado Provincial con anterioridad a la vigencia de la presente ley”, expone el mandatario.
Y expresa que “sólo aquellos supuestos específicamente contemplados por la norma se encontrarán dentro de las excepciones a dicha suspensión”, lo que incluye entre otros aspectos el pago de los haberes al personal del Estado Provincial; las prestaciones previsionales y de la obra social a cargo del Instituto de Seguridad Social y Seguros y las obligaciones provenientes del endeudamiento financiero, entre otras.
La política de reducción del gasto público estatal “contemplará todos los niveles del sector público provincial, buscando una readecuación y eficiente manejo en las erogaciones de los recursos estatales ante las imposibilidades de afrontar compromisos asumidos por la Administración Provincial”.

Emergencia de los Servicios Públicos

Se declara “en estado de emergencia la prestación de los servicios públicos”, y se faculta a Poder Ejecutivo “para disponer la rescisión de los contratos de locación y de concesión de servicios públicos que se encuentren en curso de ejecución, a cuyo efecto la emergencia será considerada causa de fuerza mayor”.

Otras facultades

Entre otros aspectos se suspenden compromisos judiciales que condenen al Estado Provincial al pago de sumas de dinero o al cumplimiento de obligaciones que se resuelvan en dar sumas de dinero.
Se establece que las facultades conferidas al Ejecutivo, serán debidamente controladas por el Poder Legislativo, especificando que “esta ley de emergencia prevé la puesta en marcha de numerosas prescripciones normativas otorgando facultades extraordinarias por un periodo de tiempo limitado, el cual se considera prima facie suficiente para poder llevar a cabo la totalidad de las acciones necesarias para sobrellevar la situación de hecho económico-financiera-administrativa imperante en nuestra Provincia”.