De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), hoy hay 437 procesos judiciales por conflictos con comunidades que son monitoreados por el Gobierno. Allí entran en juego los reclamos aborígenes sobre las tierras, los emprendimientos privados, los intereses provinciales y las tierras fiscales. Se estima que el número supera las mil causas, si se contemplan otros expedientes que llevan abogados particulares y ONG.
Hay, en tanto, unos 132 casos judiciales con sentencia firme de desalojo que aplican a 102 comunidades, y cuya ejecución está en suspenso por la ley 26.160. Sancionada en 2006, esa norma impidió los desalojos por cuatro años y dispuso la realización de un «relevamiento técnico» para censar a los grupos y evaluar la situación nominal de las tierras ocupadas. Como ese estudio no se terminó en tiempo y forma, la ley tuvo sucesivas prórrogas, la última en septiembre de este año, en plena efervescencia del conflicto mapuche por el caso Maldonado.

Sentencias de desalojo

De acuerdo con los datos del Ministerio de Justicia, la provincia con mayor cantidad de sentencias por desalojo es Salta, con 23 expedientes. Allí el asentamiento de las comunidades entra en conflicto con programas de desmonte y con fincas de privados. Sigue Santiago del Estero, con 21 causas, entre ellas, la iniciada por los dueños de la empresa de gaseosas Manaos. En las provincias del norte, Jujuy suma 21 expedientes por desalojo y Tucumán, otros 13.
En la Patagonia, escenario de la radicalización del conflicto mapuche, preocupan las comunidades que están en una situación endeble por sentencias de desalojo en suspenso. En Neuquén son 19 casos; en Chubut, nueve (incluida la causa del Grupo Benetton contra la comunidad en Resistencia en Cushamen), mientras que en Río Negro son siete sentencias. Mendoza, otra provincia con presencia mapuche, tiene 11 fallos sin ejecutar.

Relevamiento lento

De acuerdo a datos brindados por el INAI, el Estado tiene identificadas a 1596 comunidades en todo el país, un número que es dinámico. Unas 1417 están inscriptas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, donde obtienen personería jurídica.
No todas las comunidades están dispuestas a reconocer a la ley argentina. La comunidad Winkul Lafken Mapu que se instaló en Villa Mascardi (donde murió Rafael Nahuel durante un operativo del Grupo Albatros) no se había inscripto en los registros oficiales y fue denunciada por Parques Nacionales. «El INAI no tenía conocimiento de su existencia o conformación», señalaron fuentes oficiales.
Pasados once años, el relevamiento técnico dispuesto por la ley 26.160 está apenas a mitad de camino: fueron censadas 828 comunidades y faltan auditar otras 762. De acuerdo a datos del Ministerio de Justicia, 686 relevamientos fueron efectuados durante el kirchnerismo (entre 2006 y 2015) y 142 se realizaron con Cambiemos.
El relevamiento es apenas un primer paso: en el análisis de situación de cada grupo indígena participan cartógrafos, antropólogos y sociólogos para la elaboración de una carpeta técnica que luego contempla la situación nominal del territorio. La resolución de la INAI puede demorar años: hoy hay sólo 423 comunidades con procesos culminados, un 26% de los grupos identificados.
Las comunidades relevadas hoy reclaman más de 8 millones de hectáreas de territorio, lo que representa casi el 3% de la superficie total del país y un 25% de los 31 millones de hectáreas cultivadas que tiene la Argentina, de acuerdo a datos de la FAO. Actualmente, el nivel de extranjerización de la tierra a nivel nacional asciende a 5,57%.