El pacto fiscal que Mauricio Macri firmó con 23 de los 24 gobernadores hace poco más de dos semanas empieza a cristalizar en las provincias, que están obligadas a ajustar para cumplir con lo acordado. Un poco a costa de necesidades que sufren las arcas provinciales a fin de año, otro por la incertidumbre que depara productivamente hablando el año venidero en muchos territorios.
Las recetas para recortar el gasto y compensar así la pérdida de ingresos por los cambios en la recaudación y el reparto de impuestos son varias y dependen de la estructura económica y la situación fiscal de cada distrito, pero hay una que predomina: la reducción de personal y el congelamiento de salarios estatales.

Un paso adelante

El primero en plasmar las reglas del recorte fue el salteño Juan Manuel Urtubey, ansioso por recuperar protagonismo entre sus pares después de la derrota en las elecciones legislativas. El congelamiento de los salarios y de la contratación de funcionarios públicos es el corazón del ajuste en Salta. En la provincia, el paquete de ajuste incluye un plan de retiros voluntarios y la promoción de la jubilación de empleados.
Hubo, sin embargo, provincias que iniciaron los recortes antes que Urtubey, e incluso antes de que se firmara el pacto fiscal. Es el caso de Mendoza, donde el radical Alfredo Cornejo redujo drásticamente la cantidad de ministerios pocos días después de asumir: de los 14 del gobierno del kirchnerista Francisco «Paco» Pérez pasó a 5. Además, desde diciembre de 2015 la planta de funcionarios se redujo en un 30%. Las principales bajas se dieron en los cargos políticos. Así, en el Ministerio de Seguridad se implementó el legajo digital y el ausentismo pasó de 33%, en 2015, a 4,2% este año.

Apurando el tranco

Otro que hizo los deberes fue el sanjuanino Sergio Uñac, uno de los peronistas que más se acercaron a Macri después de las elecciones de octubre. La provincia ya avanzó varios casilleros en la eliminación de Ingresos Brutos que, a partir del pacto fiscal, se reducirá a 1,5% del PBI en 2022. Están exentas la actividad agropecuaria y la industria, y el comercio tiene una alícuota general del 3%. La reforma, que ya tiene media sanción del Senado, prevé un máximo de 5 puntos en cinco años.
También en Entre Ríos se redujo la cantidad de ministerios. El peronista Gustavo Bordet eliminó dos de las siete carteras que heredó y también eliminó Ingresos Brutos para la industria.

Chubut aplica el gradualismo

Por nuestros pagos, la cosa no es para nada sencilla. Con un mes en el poder, el gobernador Mariano Arcioni recién está haciendo las visitas de rigor a algunas ciudades de la provincia en carácter de mandamás. Le tocó además, tomar la posta de negociaciones que venía de dos años de gestión con diferentes protagonistas a cargo y con el extinto gobernador Das Neves muy ausente de la primera línea de las conversaciones grandes producto de su grave estado de salud. La primera encrucijada de Arcioni será enfrentar los sueldos del último mes del año además del aguinaldo con un fuerte déficit producto de obligaciones de pagos de endeudamientos anteriores, de anticipos recibidos y de una caída de las regalías petroleras en 2017 en torno a los 2.000 millones de pesos menos que el año anterior. Ya los sueldos de noviembre se atrasaron una semana por cuestiones operativas yd e pulseadas legislativas. Además de esto, la prueba de fuego vendrá hacia los primeros meses de verano donde Chubut deberá mostrar en número un achique del gasto, de la planta de empleados públicos y un proyecto tributario para encontrar esa aclamada sintonía con Nación que ya comenzó a sonar en las primeras filas políticas provinciales. Lo más inmediato parece ser la reconversión de algunos ministerios y los achiques de erogaciones por sectores vinculados a ausentismo notable, o gastos extras por trabajos especiales, donde la ecuación costo-resultados podría comenzar a tensar vínculos.

El peor de los escenarios

No muy distinta es la situación en provincias como Tierra del Fuego, donde el pacto fiscal suma obligaciones a una coyuntura de crisis. En esta provincia patagónica el personal administrativo ya no puede hacer horas extras y en el caso de los empleados operativos (un juez, un inspector) se las redujo a la mitad.
Tierra del Fuego integra el grupo de 13 distritos que no transfirieron sus cajas de jubilación, como Chubut, y que serán compensadas mientras avanza el proceso, aunque difícilmente al ritmo que pretende la Casa Rosada. El traspaso tiene para todas las provincias afectadas un alto costo político. El distrito fueguino sirve para graficar el peso del déficit y su impacto en la proyección de las finanzas locales a partir de la firma del acuerdo fiscal. Con un déficit de $ 2000 millones, si no lo reduce drásticamente como pactó con el Gobierno, no sólo sufriría el recorte de fondos nacionales para obras. Quedaría, además, en la mira de sus acreedores externos, que podrían declararla en default y ejecutar sus regalías petroleras. Este también es el escenario posible de Chubut.
A ese panorama se suma algo que el gobierno de Rosana Bertone ya admitió públicamente: el año que viene no habrá aumentos salariales para el sector público. Conflicto en puerta para una provincia en la que el 95 por ciento del presupuesto se destina al pago de salarios.

Más recortes

Aunque no tan acuciada, Río Negro también anunció recortes. El gobernador Alberto Weretilneck decidió congelar la planta de empleados públicos y ofrecer retiros voluntarios, para lo cual el Gobierno nacional comprometió financiamiento. Anticipó, además, que la discusión de aumentos salariales no arrancará hasta el año próximo y que no pagará bonos a fin de año.
En Tucumán esperan señales de la Casa Rosada respecto del impuesto a las bebidas con azúcar para terminar de hacer las cuentas. Desde que se firmó el pacto, no hubo reuniones por el tema. El gobernador Juan Manzur estuvo en Estados Unidos buena parte del tiempo. En la provincia confían en que el Gobierno dará marcha atrás, tal como hizo con el impuesto al vino. «La sangre no va a llegar al río», pronostican cerca del gobernador. Mientras tanto, no está previsto ningún recorte en el sector público, aunque se congelara la planta.

Buscándole la vuelta

Tampoco en Córdoba se estudian grandes cambios. La reducción en las alícuotas de ingresos brutos está contemplada en el presupuesto del año que viene. La relación de empleados públicos por habitante es de las más bajas del país.
En Chaco, Domingo Peppo congeló los ingresos a la administración pública, salvo en las áreas de seguridad y salud, y estudia ofrecer retiros voluntarios. Quiere reducir el ausentismo docente, que este año insumió $ 1400 millones, y no pagará bonos de fin de año. Además, revisará el gasto en viáticos y combustible, entre otros ítems. El presupuesto 2018 proyecta un déficit de $4000 millones que espera cubrir con endeudamiento.
Otras provincias que analizan achiques en la administración pública, aunque no difundieron los detalles de la implementación, son Santa Cruz, Misiones, Catamarca y Santiago del Estero. En todo el territorio nacional comenzaron a notar que el poder central no está dispuesto a ceder en sus exigencias, y que la palabra clave es “cumplir”.

Fuentes: LN, AF, MI, propias