En medio del debate por la reforma previsional que pretende sacar el Ejecutivo nacional y por el rol que jugaron (y no) los gobernadores a la hora de sumar votos en Diputados, se reflotó la discusión de las transferencias nacionales para sostener los sistemas previsionales provinciales no transferidos.
Los gobernadores consiguieron que en el pacto fiscal explícitamente diga que la Nación no penalizará a las provincias que no avances con la «armonización» con el sistema nacional; es decir que ajusten las distintas variables a las que rigen a nivel nacional. Mantienen las cajas bajo su órbita Chaco, Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Este año recibirán unos $14.000 millones.

Cubrirán los rojos

Antes de las elecciones, el presidente Mauricio Macri ordenó emplazar a esos distritos para que avanzaran en el proceso de ajuste con la amenaza de cortar el financiamiento. Un decreto del año pasado (894/16) que establece que la armonización se debía completar en no más de cuatro años, faculta a Anses a realizar quitas al monto de la asistencia comprometida por cada exigencia que no se cumpla.
Con el pacto fiscal ese «castigo» quedó en la nada; la Nación mantiene el compromiso de cubrir el rojo que el sistema tendría aun estando en sus manos; pasar los recursos que le costaría si se hubiera transferido.
Por ejemplo, si la gobernadora María Eugenia Vidal no lograra modificar la edad de los empleados del Bapro para acceder a la jubilación -57 año con 30 de aporte que pasaría a 65 con 35 de servicios-, la Nación no le girará más recursos. Será el Tesoro Provincial el que debe hacerse cargo.

Transferencias a provincias

Frente al rojo de entre $80.000 y $100.000 millones anuales que tiene Anses, los $14.000 millones que le cuestan los regímenes provinciales son un número «manejable», señalan algunos expertos. El presupuesto 2018 incluyó el mismo monto de transferencias, pero la Nación se comprometió ante los gobernadores a subirlo.
El decreto 894/16 también indica que en 2021 la asistencia financiera nacional se cortará si la armonización no se completó. Además de la edad (al menos el 80% de los aportes deben encuadrar), las provincias deben aplicar las mismas alícuotas para aportes y contribuciones que a nivel nacional, usar el mismo cálculo para el haber inicial y exigir los mismos años de servicios.

Reforma de fondo

En total son seis exigencias, Córdoba, Formosa y La Pampa avanzaron en cuatro. Buenos Aires y Santa Cruz son las más rezagadas, no cumplen con ninguna de las pautas exigidas. Un empleado provincial santacruceño, por caso, se jubila a los 50 años con el último salario recibido y el 82% móvil.
En Córdoba en 2002 se aumentó cinco años la edad de retiro; en 2008 se modificaron varios puntos del régimen, como la regla para calcular el haber inicial (se extendió a los últimos 48 meses, en lugar de tomar el último sueldo o el mejor cargo), el criterio de la Caja otorgante (el beneficio se concede a los afiliados que hayan aportado al sistema provincial la mayor parte de su vida activa) y la aplicación de índices sectoriales de movilidad. En 2015, se volvió a tocar la metodología para calcular haberes.
El objetivo del gobierno nacional es, en dos años, un único régimen previsional en todo el país; en 2019 -según consta en la ley de Reparación Histórica- se encarará una reforma a fondo. (La Nación)