El denominado “Consenso Fiscal” impuesto por el Gobierno de Cambiemos a la mayoría de los gobernadores esconde un capítulo pensado para la liquidación de bienes inmuebles (tierras productivas, edificios) en propiedad del Estado y cambios estructurales en el manejo de los catastros, hasta ahora una potestad de las provincias. Bajo los títulos “Determinación del valor fiscal de los bienes inmuebles” e “Impuesto Inmobiliario”, el Poder Ejecutivo planea crear una Agencia Federal de Cooperación para el Desarrollo del Sistema de Información Territorial, cuyo objetivo será centralizar la información de los catastros provinciales para definir desde una oficina en la Ciudad de Buenos Aires la valuación de activos estratégicos del país –como las tierras del Ejército puestas a remate– para cederlas a inversores privados. La creación de esta Agencia se está discutiendo en el Consejo Federal de Catastros, presidido por un funcionario de la provincia de Neuquén, Hugo Gatica.

Chubut en la mira

En febrero del año en curso, la senadora Nancy González, advertía la necesidad de saber cuáles eran las intenciones del Gobierno Nacional, respecto de las tierras en la provincia de Chubut, y presentó un pedido de informes para conocer con exactitud el patrimonio del Estado nacional en la Península.
La legisladora redobló la apuesta, y en noviembre pasado, presentó un proyecto de ley que busca transferir en forma gratuita a la Administración del Área Natural Protegida Península Valdés, la totalidad de los inmuebles propiedad del Estado Nacional-Estado Mayor General de la Armada Argentina ubicados en la zona. El objetivo es evitar que las tierras pasen a manos de privados, sin el consenso de la comunidad.
La ley contempla que la Armada Argentina continuará manteniendo las ayudas a la navegación constituidas por faros y balizas que se encuentran en esos lotes.

Pasos previos

Es un nuevo paso en la estrategia del macrismo para la venta de tierras a capitales privados, nacionales o extranjeros. El primero fue la modificación por decreto de la ley de protección del dominio territorial que le puso límites a la compraventa de tierras a extranjeros. El segundo paso fue la decisión de enajenar del Estado 49 inmuebles (entre edificios y campos productivos) a través del decreto 225/17, amparado en un decreto ley de la última dictadura cívico militar (22.423/1981).
“Se necesita crear una Agencia que resulte decisiva para contribuir, sin desmedro de las autonomías provinciales, de modo eficaz a la integración de los datos relativos a los diversos objetos territoriales e interoperabilidad de los sistemas que los gestionan. Que esta disparidad de criterio valuatorio por parte de las Provincias, puede generar una fuente adicional de injusticia si, en una futura reforma tributaria nacional, se decide incorporar normativamente la deducción de las deudas sobre los inmuebles y la consideración de los activos financieros”, puede leerse en el proyecto que está en discusión en el Consejo Federal de Catastro.

Plan y control

El nuevo Pacto Fiscal que firmaron las provincias incluye la imposición del Poder Ejecutivo para reducir las alícuotas del Impuesto Inmobiliario.
“El Impuesto Inmobiliario es un instrumento para evitar la concentración. Este Gobierno tiene una postura unitaria ya que el dominio sobre la tierra, según la reforma de la Constitución de 1994, recae sobre las provincias. El actual Estado ve que ahí puede manotear algo y va por esos recursos. Detrás de la tierra están los recursos minerales, los bosques, las plataformas submarinas”, sostuvo a Cash Eduardo Solazabal, referente de la Agrupación Grito de Alcorta, una de las organizaciones que se opuso al remate de tierras del Ejército. Sólo en Mendoza se pusieron en remate más de 10.000 hectáreas.
El objetivo de la Agencia –que podría crearse por decreto y que dependerá de la Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior– es concentrar la información de los catastros para homogeneizar la valuación de la tierra, cuando cada geografía le aporta valores diferenciales a este recurso. La homogeneización en los criterios de tasación posee el objetivo de bajar el Impuesto Inmobiliario.
“El catastro es una de las funciones propias de las provincias no delegadas a la Nación. Sólo se delega a través de la Constitución Nacional. De hecho, el catastro es el encargado de administrar los datos correspondientes a los objetos territoriales. La ley 26.209 (Catastro nacional), incorporada al Código Civil y Comercial, dice que es competencia de las provincias determinar las valuaciones parcelarias para la tasación de inmuebles”, explicó a este suplemento Florencia Gómez, Directora Ejecutiva del Grupo de Apoyo Jurídico para el Acceso a la Tierra y ex Directora del Registro Nacional de Tierras.

Pérdida de federalismo y rol legislativo

“Hay una invasión de las facultades de las provincias. Incluso los Gobernadores al convalidar este Pacto Fiscal se arrogan facultades de legislador. Los inmuebles son estratégicos, ya sea por el valor monetario o geopolítico. Este Gobierno está poniendo a remate tierras en zonas de seguridad de frontera, como en Mendoza. Es parte de un modelo económico de rapiña”, sostuvo la senadora María de los Ángeles Sacnun (Santa Fe-FpV).
La legisladora presentó un proyecto para declarar la nulidad de una serie de decretos que enajenaron del Estado una serie de inmuebles estratégicos, como así también la derogación del decreto ley de la dictadura cívico militar. “Ambos temas se relacionan, la modificación del Impuesto Inmobiliario, las modificaciones en el catastro y la enajenación de bienes del Estado. El decreto ley firmado en 1981, vigente en democracia, junto con decretos reglamentarios dictados desde 2016 han servido al Presidente Mauricio Macri para seguir desguazando al Estado Nacional, esta vez en la órbita de bienes inmuebles. La venta de las tierras que pretende realizar el Ejecutivo a través de estos decretos es inconstitucional porque se arroga funciones que solo le competen al Congreso de la Nación y no cumple con otras leyes nacionales, como la zona de seguridad, abastecimiento, parques y monumentos nacionales y la zona de frontera”, sostuvo la legisladora nacional.

Chubut aún no adhirió a la ley de tierras para pueblos originarios

La Cámara baja del Congreso de la Nación convirtió el 8 de noviembre en ley por unanimidad, con 215 votos, el proyecto que prorroga por cuatro años la denominada Ley de Tierras Indígenas con el fin de evitar los desalojos en las tierras que ocupan los pueblos originarios. Transcurrido más de un mes y pese a que los grandes conflictos con las comunidades que culminaron con la vida de Santiago Maldonado, se dieron en la Provincia, de noviembre a la fecha, Chubut aún no adhirió a la prórroga dispuesta en nación.
De hecho, la diputada provincial por el Frente para la Victoria, Estela Hernández, presentó en la pasada sesión un proyecto de ley que busca que Chubut adhiera a la prórroga de la Ley 26.160 de posesión de las tierras que ocupan las comunidades originarias. La norma declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que ocupan las comunidades indígenas,
y que sus objetivos se basan en crear condiciones para la implementación de los derechos constitucionalmente reconocidos con relación a las tierras y territorios, garantizar la participación indígena a través del Consejo de la Participación Indígena en la elaboración y la ejecución, seguimiento de los proyectos que deriven del programa; realizar el relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas.
Hernández también destacó que en Chubut quedó incompleto el trabajo del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), que es el organismo facultado para la implementación del relevamiento correspondiente. Además, la diputada por el FpV subrayó que “la legislación establece que el Poder Ejecutivo Nacional asignará las partidas necesarias para atender al Fondo Especial creado en el artículo 4 de la Ley 26.160”.

Fuentes: MI, Página/12, NA, propias