Investigan más irregularidades en la Administración Portuaria
El pasado jueves, la Administración Portuaria Puerto Madryn (APPM) llevó a cabo la presentación de un desfribrilador, apuntado a brindar una mejor atención a trabajadores y pasajeros de cruceros y buques.
Según palabras del Interventor, Osvaldo Sala, la herramienta en cuestión se encuentra “ampliamente verificada sobre su funcionamiento en otros lugares” y decidieron incorporarla como parte del equipamiento de muelle Almirante Storni, a la vez que durante las próximas semanas capacitarán a los empleados de los muelles para que sepan utilizarlo.
“Para nosotros es un orgulloso que podamos tener esta tecnología que la tienen los mejores puertos del mundo. Somos los únicos del país en contar con este equipamiento”, expresó Sala, asegurando que el mismo podrá estar en funcionamiento en los primeros días de enero; por su parte, el socio y gerente del SEP, Juan Altamirano, sostuvo “no es el futuro sino el presente y es un aparato diseñado para legos en medicina, es decir, que lo puede usar cualquier persona de la comunidad”.
Sin embargo, empleados señalaron que dicha compra no solo no era necesaria, sino que, en principio, había trascendido la intención de la Administración Portuaria de adquirir no uno, sino tres desfibriladores, a un costo aproximado, según trascendió, de 36 mil pesos cada uno, compra que calificaron como “arbitraria”, a la vez que manifestaron que “no hay personal capacitado para operar esos dispositivos”.
La polémica se suma a las recientes denuncias realizadas por un empleado del Puerto, así como también de una delegada sindical, quien manifestó haber sido “corrida a un costado” por el actual Interventor, en el marco de un informe presentado en el que apuntaba a presuntas maniobras “poco claras” por parte de la administración anterior, a la vez que señaló preocupantes irregularidades en la contratación de empresas y el pago de adicionales por “horas extra”, algo no permitido en casos en los que se realiza un trabajo “ya presupuestado y pagado”.
“Semejanzas con actos de corrupción”
En estos días, se espera que desde la Administración Portuaria respondan a la exposición realizada por la delegada del personal de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos – Administración General de Puertos y Puertos Argentinos (APDFA), quien entre otras cuestiones había manifestado que, tras entregar un informe en el mes de febrero, que apuntaba a presuntas irregularidades en la anterior gestión del Puerto, previamente a la intervención, fue luego “ninguneada” y no se realizó la correspondiente investigación de cara a dichas objeciones, luego presentadas en la Oficina Anticorrupción de Rawson el pasado 23 de noviembre.
Entre los fundamentos de Hellriegel, la delegada se basó en “la necesidad de deslindar responsabilidades y ante la inacción puesta de manifiesto por el ingeniero Osvaldo Sala, que no solo no investigó, como lo establece el propio estatuto de la Administración Portuaria, las irregularidades planteadas que a prima facie son irregularidades que implican semejanzas con actos de corrupción, además de la responsabilidad que le cabe al Interventor por su calidad de Funcionario Público con fundamento en el artículo 20 del Decreto 480/04 de la provincia del Chubut y su correlato con el artículo 28, inciso f”, encuentra sustento dentro de las competencias propias de la Oficina Anticorrupción de la provincia del Chubut, la Ley de Ética Pública Ley I 231 (antes 4816); al funcionario público, ingeniero Osvaldo Sala, por su responsabilidad la posible adecuación de su conducta en las prescripciones del artículo 248 y 249 del Código Penal Argentino”.
Piden citar a declarar a integrantes de la APPM
En cuanto a las pruebas remitidas por Hellriegel a la Oficina Anticorrupción, se encuentra “en carpeta” la solicitud para que “se convoque al Tribunal de Cuentas a efectos de que realice un pormenorizado informe en relación a todas las obras controladas y ejecutadas con motivo de la asignación de la obra a las Empresas HMS, FIX y Bernal Alarmas, para la instalación del nuevo sistema con la mayor precisión técnica, para evidenciar el desmanejo que significó este trabajo, que verifique si las contrataciones son técnicas y administrativamente bien realizadas en atención al Reglamento de Contrataciones vigente a la fecha de la asignación de la Obra, para mayor ilustración si los montos contratados coinciden con contrataciones directas, concurso o licitación”.
A su vez, pidió que “se cite al personal de Registro de la Administración Portuaria, señora Stela Olsen y Teresa Sabelli, a efectos de que de esta manera se establezcan cuál es el funcionamiento del sistema de acceso”, solicitando también se cite “al Oficial de Protección de la Instalación Portuaria, señor Matías Mihalich”, y “al Jefe del Área de Administración y Finanzas, contador Walter Gómez, para que dé cuenta de la autenticidad de las órdenes de compra y facturas abonadas a los prestadores precedentemente enunciados, como así también indiquen los montos actualizados a la fecha originados de derivados de la obra de cambio del sistema de Control de Acceso”, además del “Controlador de Acceso, Eduardo Sandobal”.
Qué dice el informe
La presentación realizada por la delegada de la APDFA el pasado mes de febrero, apuntaba a que el sistema actual “carece de confiabilidad debido a la ineficaz e incompleta implementación, sumado al constante mal funcionamiento”, inconveniente del cual se desprenden hechos tales como el de “tarjetas que habilitan ingreso con faltante de requisitos”, “capacitación parcial de operadores”, “falta de respuesta del servicio de soporte técnico”, “incompleta migración de accedentes”, “falta de adaptabilidad a necesidades de funcionamiento”, “ineficaz control de excepciones”, “la barrera baja arriba de vehículos”, “no se puede reutilizar tarjetas” y “los visores de tarjetas no funcionan adecuadamente”.
Sobre esta línea, en su exposición, Hellriegel sostuvo que “es necesario aclarar que numerosos informes del área a mi cargo, dan cuenta de que el sistema de control de acceso ‘desplazado’ en octubre de 2015 presentaba serias deficiencias de funcionamiento que aún siguen encontrándose en el sistema instalado por la empresa HMS y FIX en reemplazo”, agregando que “el sistema mencionado fue instalado en octubre de 2015 en su versión 1.0 de acuerdo a requisitos establecidos por el Área de Sistemas, dichos requisitos difieren notablemente de los vertidos en pliego redactado para el Concurso N°04 de 2014, concurso que preveía el “reemplazo de sistema de control de acceso y adecuación del sistema de videovigilancia”.
En este orden, “el mencionado pliego reúne el relevamiento completo de necesidades, con una puesta en común de las Áreas de Técnica, PSMA y Sistemas”, a la vez que “tal lo expresado, el sistema de control de acceso instalado tiene similares deficiencias al sistema al cual reemplazó, difiriendo únicamente en que los desarrolladores son locales y la prestación del soporte técnico preveía ser más rápida”, mencionó en su escrito la delegada, quien señaló que “este sistema, que fue seleccionado por ser de un costo notablemente inferior al ganador de la licitación 04/14 ($3.685.613,77), le costó hasta el día de la fecha (por el 23 de noviembre de 2016) a la APPM alrededor de 2.500.000 pesos, considerando que aún no funciona adecuadamente y existiendo aún inconsistencias técnicas y administrativas notables en la contratación de los servicios de desarrollo”.
Instalaron un sistema y pagaron por adelantado uno mejor
Tales inconsistencias serían, entre otras, que “no se observa evidencia de que se hayan seguido los pasos establecidos por la APPM para la adjudicación de un trabajo; esto lo resalto ya que contrasta lo que se escribe con lo que se hace y lleva a confusiones, que además no permiten determinar las responsabilidades del contratista seleccionado”, a la vez que “la acción mediante la que se contratan (aparentemente compulsa de precios) los servicios de Mejoramiento del Sistema de Control de Acceso (#7347) fue aprobada por el Presidente por un monto de $442.298,50, pero antes de COMENZAR (sic) a instalar la primera versión del software contratado a HMS, se paga un adelanto por una versión 3.0 jamás solicitada, que se termina de pagar 4 días después de instalar el primer software, por un monto extra total de $108.900, valorándose finalmente el trabajo en $551.198,50; esto es, en principio, dudoso visto desde el punto de vista del reglamento de contratación, considerando además que no se encuentra ni instalada ni pedida ni aprobada la versión 3.0, ni siquiera la versión 2.0, inclusive aún no se terminó de acondicionar la versión 1.0; en definitiva, se ha pagado un extra por una versión de software que no está ni instalada ni pedida, ni sabemos qué incluye”.
Más inconsistencias
Otra de las cuestiones apuntadas por la delegada de la APDFA es que “los semáforos y sensores que se reutilizarían (según lo especificado en la Memoria N°6 de Sistemas), no se encuentran instalados, sino que están en un depósito de la APPM, se desconocen los motivos”, además de que “se pagó $9.400 por el acondicionamiento de uno de los molinetes existentes para ser instalado donde ya se encontraba presupuestada y contratada la colocación haz de luz por acción #7347” y que “se pagó un extra de $52.760 por cambiar las 12 lectoras de tarjetas a un modelo con visor, siendo que en la acción #7347 ya se preveía el visor en el presupuesto APROBADO Y PAGADO (sic); asimismo, dichos visores no funcionan adecuadamente”.
Por otra parte, “se han facturado horas extra por parte del desarrollador del orden de $54.595,20 (94 horas) en el mes de octubre (mes de instalación del software), que si lo dividimos por días laborables de 4,7 horas extra por día en un mes, lo cual es casi imposible; asimismo, se recuerda que es inaplicable cobrar horas extra por un trabajo de instalación ya presupuestado y aprobado oportunamente; en diciembre (de 2015) se han pagado también horas extra por un valor total de $8131.20, al mismo desarrollador”, indica la denuncia.
