Adultos mayores realizarán una nueva asamblea para evaluar la asistencia médica

Esta tardee, jubilados autoconvocados nuevamente participarán de un encuentro, en el que buscarán relevar una serie de reclamos referidos al ámbito de la salud pública, a la vez que analizarán las cuestiones que fueron oportunamente resueltas, entre ellas, el incremento en profesionales de distintas áreas en relación a quienes se atienden a través de Pami.
La reunión se realizará alrededor de las 16 horas en la sede del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA), ubicada en 9 de Julio 367 de la ciudad de Puerto Madryn, y concurrirán, a su vez, distintas organizaciones y centros de jubilados, entre ellos el Centro de Jubilados y Pensionados “Amuyén”, “La Paz”, “Madryn” y “Agustín Pujol”, los cuales se encuentran desde hace varios meses en contacto con autoridades provinciales en virtud de los reclamos realizados por los adultos mayores de Puerto Madryn.

Lista de pendientes

Al respecto, una de las organizadoras del encuentro, Delia, sostuvo que “esta será la cuarta asamblea que realizamos” y destacó que la misma será de carácter “muy importante, dado que vamos a conversar sobre las cosas que ya se han logrado y aquellas que aún resta concretar en materia de salud”.
Sobre aquellos reclamos que fueron solucionados, se refirió a un contrato que fue rubricado entre un reconocido oncólogo de la ciudad para poder atender a través de Pami, además de que también “se logró un contrato para realizar diagnóstico por imágenes en el centro ubicado sobre 25 de Mayo 125” y “por ahora, del Sanatorio de la Ciudad, está la prestación de traumatología y cirugía”, indicó.
En cuanto a las necesidades que aún piden sean cubiertas, manifestó que “aún no tenemos neumonólogo” y que “necesitamos más médicos de cabecera, porque somos 9500 jubilados y tal vez hasta un poquito más, y aún hay gente que no tiene un profesional asignado”.

Reuniones con el director del Hospital

Por otra parte, la integrante de la asamblea de adultos mayores adelantó que se encuentran “en reuniones” con el director del Hospital Subzonal “Andrés Ísola” de Puerto Madryn, doctor Raúl Franco, ante quien “presentaremos un escrito posterior a la charla que tuvimos, dirigido a él y al Consejo de Administración del hospital, y al ministro de Salud, porque queremos saber cuáles son las deudas pendientes de las obras sociales, ya que varias de ellas tienen deudas con el Hospital”, en referencia a Ados y Ospecon, principales deudoras del nosocomio, las cuales suman casi 3 millones de pesos entre ambas, del total adeudado por varias obras sociales, que asciende a la cifra de casi 11 millones de pesos.

Garantizar las prestaciones

El documento “Desayunos sobre políticas de cuidado en la Argentina”, desarrollado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), contempla el hecho de que la Argentina es uno de los países de América Latina que manifiesta un “envejecimiento poblacional avanzado” y que los cambios en la constitución de la familia, la disminución de las tasas de fecundidad y la inserción laboral de las mujeres “pone en jaque la provisión de servicios de cuidados de una población que cada vez tiene una esperanza de vida mayor”.
Sobre dicho postulado, establece que los adultos mayores “son un recurso valioso de la sociedad cuyos derechos deben ser garantizados, a través de intervenciones públicas integrales que tomen en cuenta los cuatro actores del diamante de cuidado”, que son la familia, la comunidad, el mercado y el Estado, al cual “le corresponde un rol regulador primordial para garantizar pisos de calidad de los distintos programas, así como para articular las diferentes acciones llevadas a cabo por los actores involucrados”.
Hasta 1980, “el cuidado de las personas mayores con dependencia era conceptualizado como una problemática a resolverse estrictamente en el ámbito privado” y “las familias eran consideradas las responsables de prestar apoyo”, por lo que “el internamiento en asilos, hogares o residencias geriátricas era la única prestación pública o privada
disponible en caso que las familias no pudieran garantizar la prestación suficiente”, explica el documento.

Abordaje regional

Sin embargo, agrega que “desde la declaración de los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad, en 1991, y la declaración política del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre Envejecimiento de 2002, el tratamiento de los derechos de las personas mayores desde el estado ha sufrido un cambio paradigmático”, a través del cual, en la actualidad, “el enfoque de derechos basado en estos instrumentos proporciona una perspectiva conceptual y metodológica, pero no operativa, dado que ambos documentos no son vinculantes”.
En este sentido, el informe hace referencia a un reciente “avance” en dicha área a partir de la aprobación, el 15 de junio de 2015, de la “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”, la primera de este tipo en ser aprobada en el mundo, por parte de la Organización de los Estados Americanos.
“Argentina, junto con Uruguay, Brasil, Chile y Costa Rica la ratificaron, mientras que Canadá y Estados Unidos se mostraron contrarios a la misma” y “la Convención, vinculante, obliga a los estados miembros a tomar acciones concretas para priorizar la atención a los adultos mayores en numerosas dimensiones de política”.
Dependencia “básica” e “instrumental”

La investigación del CIPPEC arroja que en Argentina, alrededor del 10 por ciento de los adultos presenta “dependencia básica”, cifra que se incrementa a medida que avanzan los años, a la vez que “las mujeres con este tipo de dependencia duplican a los varones en todos los grupos de edad”, según lo indicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Además, “la tarea de ayudar a las personas con alguna dependencia básica recae principalmente en el entorno familiar”, en el 77,4 por ciento de los casos, y “en menor medida, son llevadas adelante por empleados domésticos o cuidadores no especializados”, en el 12,2 por ciento de las situaciones, o bien por “un amigo o
vecino”, en el 5,5 por ciento, o “un cuidador especializado”, en el 3,5 por ciento.
En cuanto a la “dependencia instrumental”, el 22 por ciento de los adultos mayores “presenta, por lo menos, una de ese tipo de limitaciones” y “según cifras del Indec de 2012, el 13 por ciento necesita ayuda para hacer las compras, 12 por ciento para realizar las tareas de hogar y 11 por ciento para viajar en transporte público, taxi, remis o automóvil particular”, a la vez que “nuevamente, son principalmente los familiares quienes se hacen cargo de estas tareas en todos los grupos de edad, en casi un 80 por ciento de los casos, seguido de los cuidadores no especializados o servicio doméstico”.

Uruguay: servicios cercanos y enfoque de género

Por otro lado, el relevamiento subraya que uno de los sistemas mejor desarrollados, desde su planificación y diseño, es el uruguayo y que “la política se basó en una serie de principios orientadores; en primer lugar, un enfoque de derechos; en segundo lugar, la combinación de ampliación de la oferta de servicios con la posibilidad de transferencias monetarias; en tercer lugar, la incorporación del enfoque de género que se expresa en la promoción de una modificación de la actual división sexual del trabajo, integrando el concepto de corresponsabilidad en el cuidado; en cuarto lugar, la descentralización territorial para la generación de “servicios de cercanía” lo suficientemente flexibles para tener en cuenta las necesidades específicas de cada comunidad en el servicio otorgado; finalmente, la profesionalización del cuidado a través de la capacitación de los cuidadores tanto familiares como formales”.
Asimismo, “el sistema contiene propuestas para los tres grupos poblaciones destinatarios de cuidado y para trabajadores del cuidado”, y “a pesar de que está en una
etapa inicial de implementación y los resultados son apenas observables, el diseño y
los primeros pasos llevados a cabo por el gobierno de Uruguay contienen elementos muy interesantes”, destaca el documento.

Hay casi 6 millones de jubilados en Argentina

Según datos de 2015, “la presencia de más de 5,8 millones de adultos mayores en Argentina y la proyección de que llegarán a 13 millones para 2050, hacen que sea necesario tomar medidas concretas desde las políticas sociales en un contexto de creciente reducción del tiempo de las familias para prestar apoyo y cuidados a esta población”, lo cual “se explica en buena medida porque la incorporación de la mujer al
mercado laboral ha aumentado considerablemente, sin que se observe una distribución más equitativa de las tareas intrahogar”, explica el informe.
Sobre esta línea, “esta menor disponibilidad de tiempo impacta profunda y negativamente sobre la calidad del cuidado que reciben los adultos mayores” y “a pesar de que este envejecimiento poblacional acelerado puede ser concebido como un riesgo que pone en peligro la solvencia fiscal de los sistemas contributivo y no contributivo de la protección social, es preciso notar que, a través de una serie de políticas públicas adecuadas y articuladas entre sí, es fundamental que se garantice el goce de los derechos de los adultos mayores, que son un capital fundamental de la sociedad toda”, agrega.