Un gremialista sostuvo que “pretenden robarnos los fueros sindicales”

En el marco de la causa que tiene como detenido a Gustavo Hernández, titular del Sindicato de Peones y Taxis del Chubut (Sipetach) y acusado de “grooming” y “abuso sexual con acceso carnal” de una menor de 13 años, el titular del denominado “Sindicato Policial del Chubut” (Sipolch), Carlos Michia, criticó el reciente debate por la eliminación de los fueros para sindicalistas y políticos, aduciendo que “no podemos permitir no hacer uso y goce de garantías constitucionales” y criticando que “el Gobierno de la Provincia pretende robarnos los fueros sindicales”.
Cabe destacar que Michia se encuentra al frente de cual fuera el primer sindicato policial de la Provincia, cuya creación tuvo lugar hace algunos años pero aún no posee la debida personería gremial y jurídica, a la vez que durante los últimos años fue creado el Consejo de Bienestar Policial, un órgano encargado de responder a los pedidos y necesidades de los uniformados, en el marco de cuestiones relacionadas a la calidad laboral.
Los trascendidos por parte del gremialista se sumaron a la polémica desatada por el titular de la CGT del Valle, Luis Nuñez, quien empleaba al sindicalista imputado como chofer personal y manifestó, tras su detención, que “los fueros son una garantía constitucional” y que “muchas veces dejé a mis hijos a cargo de él y nunca tuve ningún problema”.

El Artículo 248, eje del debate

En un comunicado emitido dos días después de que la Cámara Penal ratificara la prisión preventiva a Hernández, no haciendo lugar al pedido de su defensa para ampararse en sus fueros, Michia sostuvo que “pretenden robarnos la garantía constitucional de los fueros gremiales, contemplados constitucionalmente en nuestra Carta Magna, precisamente en el Artículo 248” y remarcó que “no podemos permitir, como trabajadores, como integrantes del movimiento obrero organizado, estas acciones intencionadas que solo buscan debilitar las loables acciones que día a día los dirigentes realizan en pos de sus representados”.
El representante del Sipolch manifestó que “se viven momentos difíciles para los trabajadores, donde las actuales condiciones de vida hacen que lo que se perciba no alcance para el sustento diario de nuestras familias, la única forma de afrontar esta nefasta situación, que no fue generada por este sector, es la lucha para revertir situaciones graves que atentan contra la dignidad de los trabajadores; por tal motivo, no se les permite a los compañeros dirigentes sindicales gozar de estas prerrogativas que nos ofrece la legislación, como lo son los fueros gremiales, que fueron precisamente creadas para la lucha gremial y que solo hacen que los compañeros dirigentes luchadores no sean perseguidos o molestados en ejercicio de sus funciones”.

Sostienen que la representación se basa en los fueros

Michia precisó que “si sustraemos la posibilidad de lucha sin garantías, seremos solo una representación sin sentido y, de esta manera, mataremos la posibilidad de dar a nuestros compañeros trabajadores la dignidad que se merecen a través de nuestra batalla contra los abusos patronales, que se verán fortalecidos si nuestros dirigentes carecen de esta garantías reflejadas y contempladas en nuestra Constitución Provincial”, agregando que “la historia la debemos hacer los trabajadores, es el momento de poner todas las ganas y todas las fuerzas en que no nos hagan lo que se les antoje a este o cualquier Gobierno, por ello debemos ser firmes en nuestra postura de no aceptar bajo ningún concepto perder estas garantías que nos van a permitir luchar por nuestras familias por nuestros salarios por nuestra dignidad”.
Finalmente, el polémico fundador del sindicato policial planteó que “quitarle los fueros al obrero es como sacarle el escudo a un gladiador, y así, este será vulnerable a cualquier ataque contra su lucha, por este motivo si es preciso debemos salir a la calle a sostener un derecho que nos permitirá seguir defendiendo a los trabajadores y a sus familias, misión ineludible de todo luchador que quiere un clase obrera que sea digna y que viva en un país que respete todos los derechos de los ciudadanos”, concluyendo que “el fuero sindical es una herramienta de capital importancia para la dignidad del pueblo argentino en su conjunto, porque si la familia está bien, si los trabajadores somos respetados, así podremos tener una república que sea digna de su concepto”.

La “garantía de impunidad”, revocada

Las declaraciones del ex policía generaron más de una aspereza en el ámbito de la discusión por el alcance de los fueros y, más aún, de su real función, en el marco de diversos antecedentes que han tenido como protagonistas a sindicalistas que cometieron distintos delitos y que solicitaron ampararse en sus fueros.
Tales fueron los casos de Francisco Quevedo, gremialista del Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias, quien fue puesto inicialmente en libertad en una causa por “desobediencia” a una orden judicial, vinculada a violencia de género, por tener fueros; y el de Diego “Pocas Pilas” Huenelaf, un conocido delincuente de la ciudad de Trelew, ex delegado de UOCRA, quien finalmente pudo ser juzgado luego de que le removieran sus fueros.
Recientemente, la detención de Gustavo Javier “Gallo” Hernández, representante de los choferes de taxis del Chubut y a cargo de un gremio nucleado en la CGT Del Valle, volvió a poner en tela de discusión qué tipo de protección garantizan los fueros sindicales y cuál es su función a partir de la comisión de delitos contemplados dentro del Código Procesal Penal.
Acusado del delito de “grooming” en concurso real con “abuso sexual con acceso carnal” a una chica de 13 años, la defensa de Hernández, a cargo de Carlos del Mármol, había solicitado su “inmediata libertad”, basándose en la protección conferida por los fueros sindicales que el individuo posee.
El planteo fue avalado, incluso, por el propio gremio al que el sindicalista respondía, el Sindicato de Peones de Taxis del Chubut, pero rechazado en primera instancia por la jueza penal Marcela Pérez, y en segunda instancia, por la Cámara Penal de Puerto Madryn.
Esta última entendió que “intentar buscar protección personal en una garantía constitucional concebida para defender los derechos de los trabajadores, esto es, no hacer callar la voz de sus representantes (inmunidad de opinión) o para no apartarlo de la vida pública en defensa de los intereses de sus representados (inmunidad de arresto); en un hecho, como el que se investiga, alejado absolutamente de los casos que la Constitución protege, es bastardear la garantía constitucional reconocida, desvirtuando la esencia de la prestigiosa labor que deben cumplir”.

En la mira de la reforma constitucional

La intención de modificar la Constitución Provincial, por parte del gobernador Mario Das Neves, contempla varios ejes de debate, y uno de ellos es, precisamente, la eliminación de los fueros que otorgan “inmunidad de arresto” tanto a sindicalistas como a legisladores y quienes cumplen determinados roles de relevancia en la administración pública.
Distintos actores locales y provinciales se pronunciaron respecto de esta cuestión, entre ellos el intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre, quien expresó que “ni los gremialistas ni los políticos deberían tener fueros”, así como también la viceintendenta de la ciudad costera, Xenia Gabella, que entendió que “si uno hace las cosas bien, no necesita de los fueros”.
También, el diputado provincial por Chubut Somos Todos, Jerónimo García, quien analizó que “los dirigentes sindicales tienen fueros en función de lo que es su actividad específica, algo que debería ser absolutamente obvio” y recordó que “yo también tengo fueros como legislador, pero eso no quiere decir que pueda robar, matar, violar, acosar o abusar”.

Sipetach: “No encontramos motivos para el desafuero”

El artículo 248, eje de la discusión, determina que, en el ámbito de la detención de una persona con fueros, “se comunica con la información sumaria correspondiente dentro del término de dos horas” a la Legislatura, tratándose de un legislador o funcionario sometido a juicio político; al Tribunal de Enjuiciamiento, en los casos de jueces y otros magistrados; al cuerpo deliberativo respectivo, si se trata de miembros electivos de municipios; y a la entidad de su representación, si son dirigentes o representantes gremiales, como fuera el caso de Gustavo Hernández, quien buscó ampararse en sus fueros a partir de un escrito del espacio que representa (Sipetach), el cual con la firma del secretario de Finanzas, Guido Vega, pidió por su liberación, entendiendo que a su vez tiene mandato hasta el día 14 de julio de 2017, y basándose además en que “no encontramos motivo alguno para el desafuero”.