“Los fueros no son un escudo para la impunidad”, afirmó el fiscal Bugueño

El fiscal se pronunció respecto del caso que involucra al Secretario General del Sindicato de Peones de Taxis del Chubut (Sipetach) y una menor de 13 años, la cual denunció haber sido abusada por Gustavo “Gallo” Hernández, quien permanece detenido en prisión preventiva e imputado por los delitos de “grooming en concurso real con abuso sexual con acceso carnal”.
Durante la última audiencia, la defensa del acusado, a cargo del abogado Carlos Del Mármol, pidió la “inmediata libertad” de Hernández, amparándose en la supuesta protección brindada por los fueros sindicales, pero la jueza de turno Marcela Pérez dispuso la continuidad de la prisión preventiva del gremialista, la cual fue apelada
En caso de corroborarse la autoría del hecho, la pena prevista para el delito que se le endilga a Hernández va desde los seis hasta los diecinueve años de prisión.
Este viernes a las 18 horas, la familia de la víctima convocó a una marcha bajo la consigna “Ni Una Menos”, la cual se realizará en las inmediaciones de la Plaza San Martín y contará con la presencia de varias agrupaciones, entre ellas, la Asociación Víctimas de la Delincuencia.

Contra los fueros

El fiscal relató que “el día viernes, hemos pedido la detención de una persona que se vio involucrada en un presunto delito de abuso sexual; esta persona fue detenida en horas de la tarde de ese día, y el sábado, junto a su abogado defensor, presentó una acción de habeas corpus, en virtud de que, según su entendimiento, se encontraba con la inmunidad de los fueros gremiales”.
Entonces, “la jueza dispuso que para el día domingo se celebrara una audiencia, a la cual concurrimos en representación de la Fiscalía, y el imputado junto a su defensor, nuevamente esgrimieron esta defensa, solicitando se decrete la inmediata libertad de Gustavo Hernández; esta Fiscalía se opuso, entendemos que a pesar de los fueros gremiales, sin perjuicio de desconocer su cargo como Secretario General, el delito que se está investigando es uno del tipo común, podemos denominarlo así porque está en el Código Penal, y nada tiene que ver con la representación sindical ni con su tarea o actos propios que tengan que ver con la representación de los trabajadores”.
Sobre esta línea, Bugueño remarcó que “es así que pedimos la continuidad de la prisión preventiva y que, lógicamente, se decrete la legalidad de la detención; así lo entendió la señora jueza en turno, doctora Marcela Pérez, y dispuso la continuidad en la calidad de detención preventiva (del gremialista)”.

“La única medida es la prisión preventiva”

Los cargos que se le imputan a Hernández incluyen al “delito denominado ‘grooming’, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal”, detalló Bugueño, aunque omitió dar mayores detalles respecto de cómo se sucedieron los hechos luego denunciados ante la Justicia.
“La investigación surge a partir de la denuncia, instada por la propia menor acompañada de un adulto responsable, por supuesto, pero mayores detalles no puedo brindar, porque justamente está en juego la integridad psicológica y la propia integridad de la menor, por lo que no voy a brindar detalles de cómo ocurrieron los hechos, más allá de lo que puede haber surgido en los medios periodísticos”, sostuvo, en relación a la versión de la tía y el padre de la víctima, quienes brindaron una entrevista a la cadena radial local Lu17 y precisaron algunos detalles sobre el momento en que la menor fue abusada, además de cuestiones relativas al contexto en el que la joven presuntamente subió al auto conducido por el imputado.
“Se trata de un hecho sumamente aberrante, así fue como lo calificamos en la audiencia, y por eso entendemos que la única medida de coerción posible y necesaria, en esta etapa del proceso, es la prisión preventiva”, analizó el fiscal.

Qué es el “grooming”

Consultado sobre la existencia de mensajes entre la víctima y el presunto victimario, presentes en el celular de ambos, Bugueño explicó que “justamente, el delito de ‘grooming’ tiene que ver con el acercamiento, a través de medios tecnológicos como celulares, computadoras, redes sociales y distintas aplicaciones, que tienen como finalidad el acceso a violar la integridad sexual de una persona; por eso, los primeros medios probatorios tienen que ver con los mensajes de texto que hemos podido recabar”.
En cuanto a la posibilidad de que el imputado se hubiera contactado de la misma manera con otras personas menores de edad, aclaró que “en principio, la única investigación que tenemos es esta, pero ello puede llegar a surgir, por supuesto, de las distintas medidas probatorias que vayamos recabando” y comentó que la relación entre la joven y el imputado, según lo investigado, no era de una larga trayectoria, sino “muy reciente”.

Secreto de sumario

Uno de los testimonios brindados ante un medio radial por parte de la tía de la víctima apuntó a la hermana de esta, también menor de edad, y a la posibilidad de que hubiera habido una cuestión de dinero en el marco del abuso cometido; sin embargo, el fiscal Bugueño remarcó que “son detalles propios de la investigación, que no puedo revelar, más allá de las cuestiones periodísticas que se puedan recabar, pero por mi función y responsabilidad, no puedo revelarlos” y, consultado sobre si se podría avanzar sobre otras figuras, delitos y contextos alrededor de la denuncia, entendió que “por supuesto que, si se determina, se puede ampliar la imputación y hablar de otro tipo de delitos”.

Entre conceptos y definiciones

En relación al imputado y si el mismo era conocido de la menor o bien de su familia, Bugueño sostuvo que “hoy no podemos determinarlo, sí es posible que haya conocido a algún familiar con anterioridad, simplemente por el hecho de que ha conseguido un número telefónico, esa es la sensación que nos deja” y se refirió a la decisión que luego se conocería, por parte de la Cámara Penal, sobre el recurso de habeas corpus presentado por la defensa de Hernández.
En este sentido, sobre la posibilidad de que el sindicalista fuera puesto en libertad, planteó que “esta es una cuestión interpretativa, nosotros entendemos que son los jueces quienes deben aplicar la Ley y, en este caso, una jueza ha determinado que la correcta aplicación de un artículo de la Constitución Provincial no es lisa y llana como dice la letra de la ley, sino que hay que darle algún tipo de interpretación; esto es materia judicial y no todos los jueces están obligados a respetar la opinión de otros jueces”.
Sobre los riesgos procesales, el fiscal mencionó que “el peligro de entorpecimiento es el que está vigente y el que ha tenido por acreditado la jueza, y entendemos que en función de tratarse de una menor de edad y de las características de esta persona de 13 años, además del estado de vulnerabilidad en que se encuentra, sería sumamente perjudicial (la libertad del imputado) para los elementos de prueba que se necesita recabar”.

“Los fueros no son un escudo para la impunidad”

En referencia a casos similares en los cuales un imputado solicitó ampararse en sus fueros sindicales tras haber cometido un delito, Jorge Bugueño manifestó que “no existen demasiados antecedentes, aunque nosotros llevamos a colación a la jueza un antecedente de la ciudad de Puerto Madryn, de una persona que también tenía fueros pero del ámbito portuario, y también trajimos a colación un caso de la ciudad de Trelew, donde se investigaba un homicidio y claramente se estableció lo mismo, que los fueros no son un escudo para la impunidad, sino que tienen que ver con actos propios de la función y no de la persona”, aunque remarcó que “el Derecho no es una ciencia exacta, y obviamente un abogado que intenta llevar los intereses de su cliente a lo que mejor le convenga, obviamente va a poner todos los recursos que tenga a su alcance”.

De 6 a 19 años de prisión

“Desde un primer momento se estuvo en contacto con la familia de la víctima, se le dio intervención tanto al Servicio de Asistencia a la Víctima (SAV) como a la Asesoría de Familia, que interviene en representación promiscua de la menor”, anticipó el fiscal, agregando que la discusión por el tema de los fueros “se resolvió en primera instancia, por decirlo de alguna manera, pero también fuimos un poco más allá y realizamos la apertura de la investigación, por lo que el plazo para investigar y recolectar la prueba ya está en curso, además de que, lógicamente, en cuanto la tengamos lista, avanzaremos en cómo se vaya desarrollando”.
Bugueño aseguró que la Fiscalía cuenta con pruebas suficientes para endilgar el delito del que se lo acusa a Gustavo Hernández, dado que “sino, no estaría detenido”, y explicó que “la pena que establece el delito que le imputamos, tiene una pena mínima de seis años con un máximo de 19, y lógicamente, primero hay que acreditar con la certeza necesaria de que esta persona es el autor y que el hecho ocurrió como nosotros lo notificamos en la apertura; luego de ello, habrá que evaluar las agravantes o atenuantes, en su caso”.
Consultado sobre cuándo se conocerían las primeras pericias, el fiscal concluyó que “es muy pronto para brindar datos de tiempos, pero se hará a la máxima brevedad posible por la envergadura del hecho”.