Cayó casi un 8% la actividad industrial de las PyMEs

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) aseguró que la producción de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) registró el último mes la mayor caída del año al retraerse 7,8 por ciento la actividad industrial en relación al mes de julio del 2015, acumulando de esta manera, en los primeros ocho meses del año un descenso del 4,9 por ciento interanual.
La CAME señaló que “el industrial pyme aún no vislumbra un escenario de recuperación y sólo el 30 por ciento cree que en los próximos seis meses la actividad repuntará”. Por sectores, las ramas más afectadas en la comparación interanual, en julio fueron: Material de Transporte (-12,5 por ciento); Productos de metal, maquinaria y equipo (-11,4 por ciento); Productos de Caucho y Plástico (-9,3 por ciento); Productos electro-mecánicos e informática (-8,9 por ciento); Papel, cartón, edición e impresión (-8,5 por ciento);Productos químicos (-8 por ciento), y Minerales no metálicos (-7,7 por ciento).
Por su parte, Manuel Pérez, Titular de la Cámara de Industria, Comercio y Producción de Puerto Madryn (CAMAD), se refirió al porcentaje dado a conocer por la CAME y aseguró que “a nivel país toda la producción está cayendo” y agregó: “en la provincia del Chubut no somos competitivos y tenemos sobrecostos fiscal laboral de arriba del 40 por ciento, causa que ya se la hicimos saber a la CAME, al Gobierno provincial y Nacional, esto sumado a la difícil situación del país, en la provincia se acentúa mucho”.
En cuanto a la parte de comercio, continuó, “está fuertemente ligado a lo que es deuda por individuo, donde la provincia ocupa el quinto lugar en el país con un promedio de 41 mil pesos, en la medida en que la gente pueda ir resolviendo esto, la gente lo irá volcando al consumo”.
Además, Pérez remarcó: “nos preocupa mucho la caída de los bienes durables, y que la gente siga comprando comida en cuotas, por lo que hay índices que son muy preocupantes”. En este sentido se refirió a la ciudad de Puerto Madryn y puntualizó la caída en la actividad pesquera “donde en los últimos cinco años se cayeron 5 mil puestos de trabajo y nadie dio respuesta a esta problemática”.
En este contexto, El Titular de la CAMAD dijo que “para poder trabajar sobre estos porcentajes puntuales, hay que ir tomando actividad por actividad, y diferencial lo nacional de lo local, relacionado a la economía local de los distintos pueblos de la provincia”.
Así, refirió en primer lugar “el endeudamiento de los individuos, luego lo relacionado a las obras públicas” y prosiguió: “una vez que la provincia termine de saldar las deudas de los años anteriores, ahí se podrán comenzar a generar obras públicas, para generar puestos de trabajo y dinero local”.
“Los últimos años se ha implementado la carga impositiva, yla presión impositiva, a nivel general no se ha invertido suficiente dinero como para actualizar las redes de gas, las redes de energía eléctrica, las vías de comunicaciones, por lo que hay que remontar y hay cosas que se pueden hacer en lo inmediato y otras que va a llevar un poco más de tiempo”, detalló Pérez.
En este sentido, destacó el trabajo de implementar en la provincia la “Casa de la Producción” para impulsar la actividad productiva local a través de la ayuda a productores, empresarios y emprendedores para profesionalizarse y acceder a financiación y afirmó que “se trata de una iniciativa para ayudar a las pymes por la situación actual que se está viviendo en el país”.
Es un programa de Nación que permitirá el acceso a líneas de financiamiento, capacitaciones y asistencia técnica para ayudar a las PyMEs y emprendedores de cada región a crecer. Además, se dará asesoramiento sobre créditos, estrategias para el desarrollo de nuevos productos, asesoramiento en desarrollo de mercados, entre otros.

La actividad en porcentajes

Según los últimos datos dados a conocer por la CAME a través de una encuesta realizada entre 250 industrias PyMEs del país, siete de cada diez empresas tuvieron caídas anuales en su producción en julio y cuatro de cada diez finalizaron con rentabilidad negativa, en un escenario que amenaza a las compañías y a cientos de miles de puestos de empleo.
Por la baja demanda del mercado interno, si bien el 65 por ciento de las compañías tuvo subas de costos, el 70 por ciento no las trasladó a precios e incluso algunos los bajaron para poder motivar ventas para sostener la actividad.
Los once rubros relevados tuvieron caídas anuales, mientras que en la apertura por empresas, sólo el 17,7 por ciento de las industrias finalizaron con crecimiento anual (aunque en junio esa proporción fue de 13,2 por ciento).
En cambio, el 69,6 por ciento finalizó en baja, con un incremento de 3,6 puntos porcentuales en la proporción de compañías con declives frente a junio. En promedio, las empresas declararon una suba mensual promedio de 5,9 por ciento en sus costos de producción pero de sólo 1,4 por ciento en los valores de venta.
Es que frente a la baja demanda, las industrias absorbieron las subas y no tuvieron margen para trasladar a precios. Así, si bien el 65 por ciento de las industrias tuvo subas de gastos, el 70 por ciento no las trasladó a importes, e incluso algunos empresarios los bajaron.
Como dato negativo del mes, creció fuerte la cantidad de empresas con problemas para pagar a sus proveedores: el 22,8 por ciento de los consultados reconoció que debió renegociar condiciones y plazos de pagos, y otro 13,9 por ciento que aunque no llegó a ese extremo, tuvo problemas para desembolsar.
De la misma manera, 40 por ciento de los industriales consultados reconoció haber tenido más dificultades para cobrar cheques de clientes, quienes le estiraron los plazos de pagos o entregaron valores sin fondos.

“Ley de Góndolas”

Frente a esta situación y los reclamos de las Pymes, el Gobierno trabaja para implementar la llamada “Ley de Góndolas”, iniciativa que se aplicó en Ecuador con el objetivo de desacelerar la suba de precios y fomentar las economías regionales.
La medida denominada “Ley de Góndolas” establece que los grandes supermercados deberán ofrecer, en al menos 20 por ciento del total de sus instalaciones, productos de pequeñas y medianas empresas (pymes) y del interior del país.
La medida refiere a la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, una herramienta que impulsó en 2011 el presidente Rafael Correa para evitar que las posiciones dominantes en el mercado de consumo masivo perjudiquen a los consumidores y distorsionen los precios.
La norma es conocida popularmente en Ecuador como “Ley de góndolas”, porque su aspecto más importante o más visible es la disposición de que ningún supermercado puede destinar una góndola completa a una sola marca.
Los principales lineamientos de la norma ecuatoriana son, por un lado que las cadenas comerciales que vendan hasta 10.000 productos deben invertir el 10 por ciento de su facturación anual en productos nacionales, porcentaje que sube a 14 por ciento si el comercio ofrece más de 10.000 productos.
Por otra parte, el 20 por ciento de las góndolas deben estar ocupadas con productos nacionales y ningún producto o empresa puede ocupar más del 15 por ciento de la góndola. Además, la fijación de precios es de común acuerdo entre las partes. Queda prohibido el establecimiento unilateral del precio por parte de los proveedores o de los supermercadistas.
Asimismo, las cadenas tienen plazos máximos de pago a proveedores y los más pequeños tienen prioridad. Por ejemplo, las deudas a las micro empresas deben ser canceladas en quince días, las de las pequeñas empresas en treinta, las medianas entre 31 y 15 y a las grandes empresas se les puede pagar dentro de los 46 a 60 días.
Esto generó una gran inquietud en los supermercados, ya que desde el sector consideran como una ofensiva oficial esta decisión contra las grandes cadenas. Los supermercados temen que detrás de este proyecto existan otras razones que van más allá de un fomento a la actividad pyme.
Algunos supermercados además no descartan que la amenaza de obligarlos a incluir más productos regionales se inscriba dentro de una nueva ofensiva contra las grandes cadenas, tras el intento frustrado de hace un mes para que suspendieran su política de promociones.
Desde la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), su director ejecutivo, Juan Vasco Martínez, señaló: «como sector, no estamos a favor ni en contra de medidas de este tipo y de hecho hoy ya estamos trabajando con una gran cantidad de pymes. Hoy una gran cadena opera con entre 1200 y 1500 proveedores, de los cuales la mayoría son pequeñas empresas. Lo único que pedimos es que los proveedores deben cumplir con todas las normas en materia tributaria y sanitaria, lo cual no siempre es tan común».
Esta iniciativa es impulsada por entidades como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) y el Centro Unión de Almaceneros.
Según precisaron desde la CAME, la iniciativa procurará recortar la estructura comercial de gigantes como Carrefour, Walmart, Jumbo, Coto y La Anónima. El objetivo declarado de la potencial normativa es «asegurar la supervivencia del pequeño y mediano comercio local».