Sobre la mesa

Las aperturas de sesiones suelen ser eso, un largo revisionismo automatizado y un esbozo de buenos deseos. De allí que un análisis “comparativo” de parte de los actores políticos sobre la verba de Macri en el Congreso es casi hasta ociosa. En definitiva la salida a la cancha de `los jugadores´ legislativos es lo que marcará el destino de todos para el resto del año. Lo más decisivo políticamente hablando pasa por el Congreso, donde los operadores de todas las fuerzas medirán los tiempos para que estalle el gran debate sobre la derogación de la ley cerrojo, que permitirá que avance alguna salida al entuerto Griesa.
Ayer, un dato sonó a `moneda de cambio´ para que apuren el tratamiento y porque no, el acompañamiento, y fue cuando Mauricio Macri pidió tratar “lo antes posible” modificaciones en las escalas de ganancias. La oposición no anduvo con vuelas: el FpV, el Frente Renovador y el bloque peronista ya tienen sus proyectos y quieren tratarlo en las próximas semanas.

Una urgencia para antes de ayer

Es que desde Manhattan ya dieron un ultimátum al país: los amparos no son eternos. Tres horas después que Macri abriera las sesiones en el Congreso, culminaba ayer la audiencia convocada por el juez Thomas Griesa para escuchar las posiciones de las partes respecto del levantamiento de los embargos que pesan sobre los activos argentinos en el mundo.
Y mientras los representantes del Gobierno nacional ratificaron el compromiso del país de derogar las leyes» Cerrojo» de «Pago Soberano» y de pago a los holdouts con preacuerdos cerrados hasta el lunes pasado, solicitando al juez que levante la medida cautelar que mantiene el embargo, los acreedores hicieron su parte.

Primera traba

Para ser concretos, Argentina necesita que las cautelares que pesan en su contra -conocidas como «injunctions»- sean levantadas para pagar a los bonistas que ya habían entrado en la reestructuración de la deuda de 2005 y 2010 y para poder emitir deuda en el mercado financiero internacional. Sin acceso al mercado, Argentina no cuenta con los recursos para hacer los pagos a los que se comprometió con los holdouts.
Ayer, en la misma audiencia multitudinaria, el abogado de NML, Ted Olson, solicitó que se postergue el plazo del levantamiento de las cautelares por 30 días más para que el 15% de los 9.000 millones de dólares en litigio que aun no llegaron a un acuerdo, tengan la oportunidad de hacerlo.
Finalmente, el juez Griesa no se pronunció sobre el bloqueo que impide los pagos de deuda de la Argentina, pero tampoco dio precisiones respecto de la fecha de su fallo sobre el levantamiento de los embargos. De todos modos, ya había anunciado que siempre y cuando el Congreso argentino ratificara el pago e hiciera las modificaciones legales correspondientes, facilitaría la medida para que Argentina pueda recaudar los fondos con los que saldar este litigio de larga data.

Nada fácil

Pero para que esa ley salga, hay que hablar finito con el peronismo, que siempre estuvo dispuesto a votarle la ley al gobierno anterior si se llagaba a algún acuerdo. Para esto hace falta muñeca política y mostrar poder de negociación, es decir control de las fuerzas y alguna promesa de que habrá beneficios para todos. Nadie niega, en el oficialismo y la oposición, que el crédito que puede liberar un acuerdo sobre la deuda es la única salida sólida que tiene la economía, que funciona hasta ahora con elementos decorativos y retoques que no tocan el hueso, porque siguen las restricciones por falta de dólares para las importaciones, para el giro de regalías, y los negocios que se prometían se demoran en todos los despachos.

El costo de Massa

Para esta pelea, que puede ser la gran batalla legislativa del año, se prepara la UTE multipartidaria que es Cambiemos, y también el peronismo, adonde las voces para frenarle esa derogación al gobierno no son mayoría, porque saben que habría derrame para todos lados. Pero nadie se sienta a hablar sin antes mostrar los dientes. La prueba para el oficialismo es la reunión de comisión que debe aprobar los DNU, adonde los delegados de Sergio Massa condicionan la aprobación del decreto que repuso el 15% de descuento de la coparticipación a las provincias que no tienen fallo de la Corte. Massa busca, según los macristas, convertirse en el representante de los gobernadores peronistas, corriendo a Macri por la colectora, con el argumento de que todo “tiene gusto a poco”.
Dicen que de hecho, durante el fin de semana pasado estuvo llamando por teléfono a legisladores del oficialismo que integran la comisión DNU, pero no logró que nadie lo atendiese. El lunes en algunos despachos evaluaban qué costo tiene ampliar el acuerdo con Massa, para que ponga el voto que apruebe el decreto, y si vale la pena ofrecer más sacrificios en favor de este socio obligado. En esa comisión, con el voto que controla Massa, los tantos están 8 a 8 y desempata el presidente, que es el radical Luis Naidenoff. Si no le aceptan el acuerdo al diputado renovador, el oficialismo se resigna a mandar el DNU al recinto, porque con el voto de cualquiera de las dos cámaras queda aprobado. Igual saben que es una lucha que no termina acá.
Todo esto debe ocurrir en tiempos precipitados, porque esa norma, si avanza, tiene que salir cuanto antes de las dos cámaras.

Sin plata no hay país que camine

En paralelo el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, publicó los informes reservados del Fondo Monetario Internacional (FMI) y dio un paso más para cumplir con las exigencias del organismo, en una jugada que tiene como objetivo final conseguir 10 mil millones de dólares.
e trata de trabajos de evaluación que el organismo hace a los países miembros que no facilitan datos sobre su sistema económico, algo que el kirchnerismo hizo en los últimos diez años.
En un comunicado, el Ministerio destacó que “solamente 6 de los 188 países miembros del FMI, incluyendo la Argentina, Venezuela, Somalia, Siria, Eritrea, y la República Centroafricana, incumplen los requerimientos informativos del Artículo IV” del Fondo, que entre otras cosas admite las revisiones a la economía.
“La iniciativa es un paso previo para la adhesión al Artículo IV del FMI”, indicó la cartera de Prat Gay, que se encargó de intentar aclarar que las revisiones representan “una evaluación independiente” del organismo, que no generan ningún “compromiso financiero” o “condicionamiento alguno sobre las políticas públicas nacionales”.
Más allá del discurso de la transparencia, el objetivo final de estas medidas de Prat Gay -a las que se suma el nuevo índice de precios- es conseguir que el FMI le preste al país unos 10 mil millones de dólares. Ese es el cálculo que se hace en el mercado del financiamiento automático al que podría acceder el país, de acuerdo a su cuota acumulada.
Con esto, el ministro busca cerrar el círculo de financiamiento externo que empezó con los 5.000 millones de dólares del préstamo repo de bancos extranjeros al Central, y que busca continuar con la emisión de tres bonos para conseguir unos 10 mil millones de dólares para pagarle a los holdouts. A esto se sumarían nuevas emisiones y los créditos de otros organismos internacionales, como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y la Corporación Andina de Fomento (CAF). Este es el verdadero desafío del Gobierno de Macri que definirá su gobernabilidad. El resto, es espuma. Habrá que ver…

Fuentes: LN, LPO, AF, ZST, propias