El Procurador General defendió al fiscal criticado por el caso Colihuinca

El pasado viernes 12 de febrero, familiares y amigos de Rodrigo Colihuinca se manifestaron frente a la casa particular del fiscal de Trelew, doctor Arnaldo Ramón Maza. La protesta tuvo lugar en el marco del reclamo por la presunta “paralización” de la causa, de la cual el padre del joven, asesinado hace cuatro años, responsabiliza al fiscal. Junto a un grupo de personas, Juan Colihuinca realizó un enérgico pedido frente a la fachada del domicilio de Maza, ubicado en el barrio San Benito de la ciudad de Trelew.

Aclarando el panorama

A través de un comunicado, Jorge Miquelarena sostuvo que “cuando se producen demoras en la investigación de una causa, de por sí compleja, es entendible que sobrevenga una merma en la confianza en las instituciones”, aunque argumentó que “es importante que las críticas y los reclamos se conduzcan por las vías institucionales previstas en la Constitución y en las Leyes”.
A su vez, el Procurador General del Chubut destacó que “desde la Procuración General se brindan directivas permanentes para que en las Oficinas Fiscales se informe a las víctimas sobre el avance de los casos y las alternativas que presentan” y que “muchas veces desearíamos manejar variables más alentadoras pero la realidad prevalece, por dura que pueda resultar”.

En defensa del fiscal

Miquelarena reconoció que “lo concreto es que en este caso en particular, en el que he puesto especial atención en reiteradas ocasiones, el Fiscal que dirige los procedimientos continúa haciendo los esfuerzos posibles para el esclarecimiento del hecho”, a la vez que “se está al aguardo de resultados de pericias que podrían arrojar nuevos indicios sobre los que trabajar”. Sobre la causa, anticipó que la misma “no está paralizada ni la investigación suspendida, circunstancia que ha sido puesta en conocimiento de las víctimas”.
En cuanto al papel del fiscal en la investigación por la muerte de Rodrigo Colihuinca, ocurrida en 2012, el Procurador General mencionó que “el doctor Maza no tiene responsabilidad funcional actual alguna en el caso” y aclaró que “sobre todo, la vía elegida por los reclamantes no sólo resulta ineficaz a los fines que pretende, sino que perturba e invade el hogar y la vida familiar del funcionario, involucrando a personas absolutamente ajenas a la cuestión”. Sobre esta línea, afirmó que “la Constitución del Chubut y legislación procesal penal brindan a las víctimas varias alternativas de cooperación y control sobre la actividad jurisdiccional” y que “es importante que profundicen esas variantes”, dado que “acudir con pancartas a los domicilios particulares de magistrados y funcionarios judiciales en nada ayudará a que el caso se resuelva”.

Brutal asesinato

Rodrigo Colihuinca tenía 17 años cuando fue asesinado. El joven había salido de su casa el 15 de marzo de 2012 y se dirigía a la escuela a la que asistía, con el objetivo de realizar un trabajo práctico. Sin embargo, su familia no pudo dar con su paradero hasta dos días después, cuando su padre se presentó en la Fiscalía de Trelew para constatar que las prendas de ropa halladas pertenecían, efectivamente, a su hijo. El cuerpo de Rodrigo fue hallado en un descampado cercano al barrio Malvinas Argentinas, con la particularidad de que la víctima había sido descuartizada. A partir de un allanamiento realizado en una finca de la zona, la Policía logró secuestrar el teléfono celular del joven asesinado, aunque los tres individuos sindicados como sospechosos jamás fueron imputados o siquiera indagados, situación que ha generado importantes reproches por parte de familiares de la víctima hacia la Justicia.