Buzzi relativizó la importancia de los barcos siniestrados de Alpesca

El ex gobernador Martín Buzzi prestó ayer declaración como testigo en la causa que investiga las responsabilidades en la rotura de los barcos de Alpesca. Defendió la expropiación indicando que la prioridad era la defensa de los puestos laborales de la pesquera y dijo que gracias a eso pudo “conseguirle novia”. Relativizó la importancia de los barcos siniestrados al señalar que el valor de la unidad productiva son los permisos y las cuotas de captura.

Argumentó que se vieron imposibilitados de mover los buques por impedimento de la Prefectura Naval y deslindó responsabilidades sobre la Jueza Maria Laura Eroles que interviene en el proceso de expropiación.
El fiscal Daniel Báez le preguntó sobre los alcances del Decreto 180 que dispuso la ocupación temporal de los bienes de Alpesca, donde en su articulado se dejó expresamente sentado que el Estado asumía la custodia de los barcos y la planta, y se autorizó al Comité de Administración para que hiciera las contrataciones o compras directas a fin de dar cumplimiento de ese objetivo.

Confusiones

En la expropiación de la empresa pesquera Alpesca el ex gobernador Martín Buzzi dijo que priorizó “la resolución de los conflictos sociales y el mantenimiento de las 20.500 toneladas de cuota de captura” por encima de los bienes de la firma como lo fueron los cinco barcos de la flota de esa empresa que quedaron con serios daños durante un temporal, a pesar de las advertencias de que esto podía ocurrir y a la ves previsto.
En rigor vale aclarar que Alpesca no dispone de ese volumen en la actualidad, sino que la Cuota Individual Transferible de Captura (CITC) asciende a 14 mil toneladas con la actual captura máxima permisible de merluza hubbsi.

Daños irreversibles

Buzzi atestiguó el marco del juicio oral y público contra tres integrantes del Comité de Administración creado por un decreto que llevó su firma en el mes de febrero del año 2014, donde además se ubicaba al Ministerio de Desarrollo Territorial como autoridad de aplicación. Así Gabriela Dufour, Omar Albornoz, Valentín Laborda y Santiago Novoa están imputados del delito de “administración fraudulenta” por no haber tomado medidas que evitaran lo que finalmente ocurrió cuando una tormenta el día 7 de abril de ese año, destruyó los cabos con los que estaban amarrados al muelle Storni produciendo daños en los barcos y en el muelle hasta quedar finalmente varados en la costa algunos de ellos con daños posteriores irreversibles en cuanto a la posibilidad de ponerlos en operación.

La novia

Buzzi también calificó duramente a tres particulares que estuvieron al frente de la empresa antes de que se hiciera cargo de la misma el Estado provincial. Sostuvo que Baldino, Omar Segundo y Federico Otero eran “impresentables”, por lo que decidió intervenir la pesquera. Dijo además que la intención de su gestión, fue el de la paz social en Puerto Madryn hasta encontrarle “una novia” a la empresa en alusión a inversores privados que la pusieran en marcha manteniendo las fuentes de trabajo, fundamentalmente. El ex mandatario interpreta que sin aquellas medidas, hoy la planta no estaría funcionando con Red Chamber al frente, y no se habría recuperado ningún empleo.

“Treinta segundos”

Los fiscales Daniel Baez y Alex Williams le señalaron aspectos del decreto 180/14 mediante el cual se expropió la firma y en donde expresamente en algunos de sus artículos se refiere a las obligaciones de la empresa respecto del mantenimiento de los barcos de la flota.
Dijo que “a los barcos nadie los quería asegurar, los incluí en el decreto en función de mantener los permisos de pesca”. Luego destacó que esos los permisos de pesca “se pueden asignar a cualquier barco. El valor simbólico no es el barco, sino en función de la existencia de los permisos y el cupo de pesca, que en realidad era lo que nos interesaba mantener. El valor de venta real de la planta está dado en los cupos de pesca, los tipos de capturas y el acceso a aguas nacionales. Tiene más valor el permiso de pesca que el valor de los barcos. Los permisos de pesca son muy ambicionados. Un permiso de pesca se vende en treinta segundos”, graficó durante la audiencia.
“Impresentables e insolventes”
También se refirió a tres particulares que se hicieron cargo de la empresa entre los años 2010 y la intervención de la provincia en febrero del 2014. Dijo que la crisis de Alpesca había comenzado años atrás. Estuvo al frente la firma Alpargatas, luego una empresa canadienses y luego, hasta el 2010 los capitales sudafricanos. Luego vino (Pedro) Baldino, después “El Cura (Omar) Segundo y luego (Federico) Otero y otros. No sabíamos quién era el dueño y Alpesca era un berenjenal. Este pasamanos era una cadena de insolventes e impresentables. Buscaban vender los permisos de pesca y logramos abortar tres intentos”, dijo ante preguntas concretas del fiscal Báez para que señale a quién se refería cuando dijo “insolventes e impresentables”.
El contexto social
También hizo un resumen del contexto social que vivía la ciudad de Puerto madryn. Dijo que “se venía agravando desde hacía unos años atrás y estaba caracterizado por cortes de ruta, la Municipalidad de Madryn rodeada por trabajadores, una mujer que se prendió fuego en el interior de la planta, cruceros que no querían entrar en la ciudad y las consecuencias sobre la actividad turística que ello acarrearía.

Idoneidad

Por otro lado, los fiscales le solicitaron al ex Gobernador que precisara qué condiciones tenían los designados en la intervención para estar al frente de una empresa pesquera. Respecto de Albornoz, Laborda y Novoa, Buzzi dijo que tenían la idoneidad “necesaria” aclarando que el trabajo de ellos era “en conjunto con la conducción de la propia empresa. Además la intervención era momentánea porque el objetivo principal era el de evitar la situación de conflicto en Madryn y buscarle “una novia a la empresa”, insistió.
En la audiencia de este viernes también declararon el Prefecto Mayor Víctor Duarte, el subprefecto Ricardo Segura, el ingeniero naval Miguel Angel De Gregorio y el ingeniero mecánico Oscar Saravia. El juicio oral y público continuará con más testigos el próximo martes a las 9.