Territorios de nadie

La inseguridad sigue siendo la principal preocupación de los habitantes y por ende, quien no puede garantizar la vida en comunidad con el debido respeto a las normas, no puede decir que gobierne un territorio. En Buenos Aires, casi dos de cada tres porteños lo consideran el problema “más grave”. Sin embargo el gobierno nacional y también el de la Ciudad, desconocen la verdadera magnitud de la situación ya que no se cuenta con un sistema integrado de información y estadística criminal.
Lo mismo sucede en el Interior del país, donde Chubut no es una excepción. De hecho todos los días el `malvivir´ es noticia, con dimensiones diferentes según ciudad, barrio y ambiente, pero con una escalada empardada peligrosamente tanto de los delitos sobre la propiedad como sobre las personas.
Y aunque existe una lista de prontuariados, hay también un vacío y desconcierto generalizado cuando se dan hechos integrados por grupos que operan en varias provincias, con la complejidad extrema con la que viene avanzando la fechoría.
Esto significa que las distintas fuerzas de seguridad que intervienen en el país, el poder Judicial y los Ejecutivos de las diferentes jurisdicciones, no intercambian ni analizan la información que cada uno produce, y además, no comparten esquemas probabilísticos referidos al trabajo que les compete: cuidar a la ciudadanía.

Mapas y esquemas

La ausencia de este instrumento impide anticiparse al delito ya que se interviene recién después que sucedió, esta política de seguridad reactiva se consolidó durante años y puso la pelota del lado de la actividad represiva, en la que en general, el Estado llega tarde, cuando llega, y en la mayoría de los casos no identifica ni sanciona al responsable, por lo que la regla es la impunidad frente al daño ocasionado.
Operativos aislados, lentos, falta de equipamiento y personal, salarios magros en relación a los riesgos que se enfrentan y hasta infiltraciones concretas del delito organizado, bien subvencionado y con poder adquisitivo y convencimiento de sectores internos uniformados que despistan y posibilitan, son moneda corriente en las fuerzas provinciales.
Además, la casi nula llegada de “la Justicia” y los obstáculos de la burocracia, deterioran la confianza en la denuncia ante el descreimiento de su utilidad, recuperar su valor es también esencial para mejorar la confiabilidad de los datos.
Sin embargo, los especialistas afirman que la utilización de las nuevas tecnologías permitiría descentralizarlas con la posibilidad de utilizar la web o aplicaciones específicas, reduciendo la “cifra negra” del delito” y mejorando la sistematización y el análisis de la información, inclusive para intervenir en tiempo real.

Un inicio

Construir el mapa del delito permitiría, como bien observó el columnista Leandro Halperin desde lapoliticaonline, darle valor agregado a la información reunida y a los informes de victimización que ya se producen anualmente.
Además de facilitar el conocimiento de los tipos de delito, las zonas, los horarios, la modalidad; implican la posibilidad de analizar de manera inteligente la situación, para implementar estrategias que colaboren con la prevención y reduzcan el tardío arribo de la presencia estatal.
Parece mentira pero una de las últimas preguntas que le hicieron al ahora nuevo Jefe de Policía Juan Ale, era si Arroyo Verde, la puerta de entrada y salida a Chubut y por ende paso obligado hacia la Patagonia Sur, iba a contar con internet y mejor conectividad allá por 2009. Bueno, es probable que esta pregunta se vuelva a hacer porque parecería por ahora aun imposible trabajar en tiempo real con ese importante puesto policial.

Modus operandi

Durante los últimos años, los gobernantes se negaron a informar la situación del país en el que vivimos. Por lo menos abrir toda aquella estadística que pudiera ocasionar demasiada intranquilidad popular. El acceso a la información es un derecho y la ley 25266 y hace responsables a los funcionarios que violen su obligación de informar las estadísticas del delito. Pero que se nos hayan impedido de saber más, también ha significado la dificultad de analizar seriamente la realidad para proponer y poner en marcha, con responsabilidad, herramientas idóneas para abordar el flagelo de la inseguridad y saber, a ciencia cierta, el impacto de las políticas públicas que se implementan.
El compromiso de construir un mapa del delito con el que insiste “Cambiemos” no es ningún descubrimiento propio, pero en el caso de Buenos Aires, es una buena noticia para mejorar la seguridad pública. En Chubut, donde además se evidencia la politización de hechos, hay herramientas muy avanzadas y experiencia acumulada como para encarar en serio, será cuestión de intentarlo. Habrá que ver…

Fuentes: LPO, NA, propias